Una preocupación legítima
LA expansión del Canal de Panamá es un proyecto que preocupa a todos. Muchos lo ven como un compromiso que Panamá no está en condiciones de asumir. A pesar de que las razones, objetivos y ventajas de la expansión han sido presentados en todo tipo de foros por la Autoridad del Canal de Panamá, parte importante de la ciudadanía aún mantiene un silencioso excepticismo y observa desde afuera la discusión. Hay quienes han asumido posiciones contrarias al proyecto y así lo expresan. Muchos de sus argumentos son válidos. Muchos son también infundados y por tanto rebatibles. Sin embargo, la discusión es positiva y sirve para ilustrar a todos.
Definitivamente que el costo del proyecto y su financiación es una preocupación legítima. El argumento central es que Panamá, país chico y pobre, no está en condiciones de comprometer su economía en la financiación de un proyecto tan costoso. Mientras que la ACP ha hablado del orden de los cinco mil millones de dólares, hay quienes insisten en que, una vez terminado, su costo puede aumentar hasta 25 mil millones. Aunque esta cifra es un tiro al aire, acepto que normalmente cualquier proyecto de esta envergadura cuesta al final más de lo estimado inicialmente. Imprevistos e inflación son riesgos inherentes a todo mega-proyecto. Sin embargo, con estudios preliminares serios y profundos, estimados de costos reales y sin manipulaciones, programación detallada, riguroso control durante la ejecución y mucha transparencia, este riesgo se reduce a un mínimo. Ese es uno de los objetivos más importantes que persigue la Autoridad del Canal al realizar estudios tan detallados.
Anticipándose a los problemas, la ACP no improvisa. Por haber vivido el tema por años tiene información fidedigna sobre el comportamiento del comercio marítimo y futura demanda de tránsito. Y en ella basa sus planteamientos. El trabajo realizado no es un estudio de gabinete. Se recoge información de primera mano de todos los afectados, discutiendo el proyecto y sus implicaciones con armadores, autoridades de puertos y gobiernos de países que son origen o destino de la carga que transita. El proceso ha sido presentado en múltiples foros ante el pueblo panameño, indicando que la información recogida anticipa el apoyo de los usuarios y que habrá ingreso suficiente para financiar la expansión. Sin embargo, el detalle de las conclusiones está pendiente de hacerse público.
Un punto que se tiende a ignorar es que todos los proyectos de mejoras al Canal han sido financiados con los peajes. Los usuarios siempre han aceptado esta forma de financiar proyectos críticos porque están seguros de que el dinero se invierte de forma transparente. Para ellos esto implica calidad de servicio, mayor seguridad y menor tiempo de espera, con impacto positivo en su propio negocio. La adaptación constante del Canal a los cambios del comercio marítimo, les da seguridad pues permite planificación a largo plazo. Todos han ganado con esta práctica y la expansión no tiene por qué ser diferente.
Teniendo en cuenta la práctica seguida por el Canal durante toda su historia, anticipo -y esto es una opinión muy personal- un proceso de construcción que permitiría la ejecución del proyecto con relativamente poco financiamiento externo. Siendo una obra larga y compleja, lo más probable es que se ejecute en etapas, buscando distribuir sus costos en un período prolongado. El proceso posibilitaría la puesta en servicio de cada fase completada, permitiéndole al usuario beneficiarse tempranamente de aquello que ayuda a financiar. La eliminación progresiva de las restricciones que hoy amenazan con saturar el Canal daría flexibilidad a la programación, lo que a su vez permitiría aumentar el número de tránsitos y con ello los ingresos. Ingresos que a su vez se reinvertirían en la continuación de los trabajos. Un círculo virtuoso que, bien manejado, reduciría al mínimo los riesgos para el país.
Por lo que se comenta, parece que el resultado de los estudios está por hacerse público. Esto dará la oportunidad de constatar la complejidad de un trabajo que se ha manejado, por razones obvias, de forma discreta. Será entonces cuando todos los que opinamos a favor o en contra, tendremos todo el material para confrontar nuestros argumentos. Lo que el país espera es que se analice con cuidado y sin prejuicios. Al ciudadano deberá informársele honestamente.
Anticipando que el proyecto será aprobado, pienso que el país debe comenzar a prepararse para participar activamente de la obra y obtener la mayor ventaja posible desde su inicio. Esta es una clara responsabilidad del Gobierno Nacional. La legión de profesionales y trabajadores especializados que se necesitará es grande. Un inventario de su disponibilidad es tema urgente. Llenar el vacío que indudablemente tenemos, aún más urgente. Debemos enfrentar esta obra sin complejos. Nuestra capacidad de manejar exitosamente un emprendimiento de esta magnitud se demuestra todos los días en el Canal, hoy administrado y operado 100% por panameños.
Indicó que no sólo los niños pueden estudiar esta profesión, aquí lo importante es el interés que desempeñe la persona. Por esto, en México tenemos a personas de hasta 60 años de edad, que no sólo tocan violín, sino viola y contrabajo.
Definitivamente que el costo del proyecto y su financiación es una preocupación legítima. El argumento central es que Panamá, país chico y pobre, no está en condiciones de comprometer su economía en la financiación de un proyecto tan costoso. Mientras que la ACP ha hablado del orden de los cinco mil millones de dólares, hay quienes insisten en que, una vez terminado, su costo puede aumentar hasta 25 mil millones. Aunque esta cifra es un tiro al aire, acepto que normalmente cualquier proyecto de esta envergadura cuesta al final más de lo estimado inicialmente. Imprevistos e inflación son riesgos inherentes a todo mega-proyecto. Sin embargo, con estudios preliminares serios y profundos, estimados de costos reales y sin manipulaciones, programación detallada, riguroso control durante la ejecución y mucha transparencia, este riesgo se reduce a un mínimo. Ese es uno de los objetivos más importantes que persigue la Autoridad del Canal al realizar estudios tan detallados.
Anticipándose a los problemas, la ACP no improvisa. Por haber vivido el tema por años tiene información fidedigna sobre el comportamiento del comercio marítimo y futura demanda de tránsito. Y en ella basa sus planteamientos. El trabajo realizado no es un estudio de gabinete. Se recoge información de primera mano de todos los afectados, discutiendo el proyecto y sus implicaciones con armadores, autoridades de puertos y gobiernos de países que son origen o destino de la carga que transita. El proceso ha sido presentado en múltiples foros ante el pueblo panameño, indicando que la información recogida anticipa el apoyo de los usuarios y que habrá ingreso suficiente para financiar la expansión. Sin embargo, el detalle de las conclusiones está pendiente de hacerse público.
Un punto que se tiende a ignorar es que todos los proyectos de mejoras al Canal han sido financiados con los peajes. Los usuarios siempre han aceptado esta forma de financiar proyectos críticos porque están seguros de que el dinero se invierte de forma transparente. Para ellos esto implica calidad de servicio, mayor seguridad y menor tiempo de espera, con impacto positivo en su propio negocio. La adaptación constante del Canal a los cambios del comercio marítimo, les da seguridad pues permite planificación a largo plazo. Todos han ganado con esta práctica y la expansión no tiene por qué ser diferente.
Teniendo en cuenta la práctica seguida por el Canal durante toda su historia, anticipo -y esto es una opinión muy personal- un proceso de construcción que permitiría la ejecución del proyecto con relativamente poco financiamiento externo. Siendo una obra larga y compleja, lo más probable es que se ejecute en etapas, buscando distribuir sus costos en un período prolongado. El proceso posibilitaría la puesta en servicio de cada fase completada, permitiéndole al usuario beneficiarse tempranamente de aquello que ayuda a financiar. La eliminación progresiva de las restricciones que hoy amenazan con saturar el Canal daría flexibilidad a la programación, lo que a su vez permitiría aumentar el número de tránsitos y con ello los ingresos. Ingresos que a su vez se reinvertirían en la continuación de los trabajos. Un círculo virtuoso que, bien manejado, reduciría al mínimo los riesgos para el país.
Por lo que se comenta, parece que el resultado de los estudios está por hacerse público. Esto dará la oportunidad de constatar la complejidad de un trabajo que se ha manejado, por razones obvias, de forma discreta. Será entonces cuando todos los que opinamos a favor o en contra, tendremos todo el material para confrontar nuestros argumentos. Lo que el país espera es que se analice con cuidado y sin prejuicios. Al ciudadano deberá informársele honestamente.
Anticipando que el proyecto será aprobado, pienso que el país debe comenzar a prepararse para participar activamente de la obra y obtener la mayor ventaja posible desde su inicio. Esta es una clara responsabilidad del Gobierno Nacional. La legión de profesionales y trabajadores especializados que se necesitará es grande. Un inventario de su disponibilidad es tema urgente. Llenar el vacío que indudablemente tenemos, aún más urgente. Debemos enfrentar esta obra sin complejos. Nuestra capacidad de manejar exitosamente un emprendimiento de esta magnitud se demuestra todos los días en el Canal, hoy administrado y operado 100% por panameños.
Indicó que no sólo los niños pueden estudiar esta profesión, aquí lo importante es el interés que desempeñe la persona. Por esto, en México tenemos a personas de hasta 60 años de edad, que no sólo tocan violín, sino viola y contrabajo.
