Una propuesta interesante
La idea planteada por el Procurador General de la Nación, José Antonio Sossa, de que someta las causas por calumnia e injuria que involucren a periodistas, comunicadores y medios de comunicación a una instancia intermedia ante un organismo de los propios medios tipo tribunal de ética, o mecanismo de mediación o conciliación, es interesante.
La instancia intermedia estaría constituida por el Consejo Nacional de Periodismo, asociación que agrupa a los dueños de medios de comunicación escritos, radiales y televisados, las asociaciones empresariales y gremiales del sector y las escuelas de periodismo o comunicación social de las universidades legalmente reconocidas. El Consejo tiene, entre sus objetivos, el funcionamiento de un comité de ética donde se ventilen casos de ejercicio impropio de la libertad de expresión a través de los medios y el conocimiento de quejas ciudadanas por dicho concepto.
Una vez superada la instancia del Consejo, quedaría abierta la vía legal del Ministerio Público y los tribunales penales y civiles. La idea sería procurar que mediante la citada instancia privada se solucione gran parte de las quejas. Es, en otras palabras, trasladar las modernas técnicas de conciliación, mediación y hasta de arbitraje privado a casos que, en grado mayúsculo deberían ser desjudicializados y despenalizados. Así vista, la alternativa podría ser considerada como una etapa previa a la despenalización, la cual continuará siendo un objetivo indeclinable de los medios y los comunicadores.
Dentro del Consejo, el comité escucharía a las partes y daría un pronunciamiento a favor o contra la publicación y su responsable, con base a argumentos técnicos propios de la profesión y los legales que fueren pertinentes. La decisión, como en Alemania con un organismo que agrupa a los medios, debía ser publicada por todos los asociados, salvo acuerdo en sentido contrario de las partes.
De ese modo, se procuraría evitar lo que hoy ocurre, que la penalización de la calumnia y la injuria sea un instrumento de represión contra la libertad de prensa, al servicio de la corrupción tanto del gobierno como fuera de él; y que el mal periodismo se escude tras el manto de valores nobles y supremos de la libertad de expresión.
Una sanción moral como la que esbozamos puede incluso ser más propia y efectiva para la naturaleza inmaterial o moral de los bienes en disputa que son la honra y la libertad de expresión. Y definitivamente, si de la estima y aprecio personal se trata, es preferible que un mal periodista sea calificado de torpe y negligente, que sublimado o victimizado como héroe de la libertad de prensa por un juicio penal.
La instancia intermedia estaría constituida por el Consejo Nacional de Periodismo, asociación que agrupa a los dueños de medios de comunicación escritos, radiales y televisados, las asociaciones empresariales y gremiales del sector y las escuelas de periodismo o comunicación social de las universidades legalmente reconocidas. El Consejo tiene, entre sus objetivos, el funcionamiento de un comité de ética donde se ventilen casos de ejercicio impropio de la libertad de expresión a través de los medios y el conocimiento de quejas ciudadanas por dicho concepto.
Una vez superada la instancia del Consejo, quedaría abierta la vía legal del Ministerio Público y los tribunales penales y civiles. La idea sería procurar que mediante la citada instancia privada se solucione gran parte de las quejas. Es, en otras palabras, trasladar las modernas técnicas de conciliación, mediación y hasta de arbitraje privado a casos que, en grado mayúsculo deberían ser desjudicializados y despenalizados. Así vista, la alternativa podría ser considerada como una etapa previa a la despenalización, la cual continuará siendo un objetivo indeclinable de los medios y los comunicadores.
Dentro del Consejo, el comité escucharía a las partes y daría un pronunciamiento a favor o contra la publicación y su responsable, con base a argumentos técnicos propios de la profesión y los legales que fueren pertinentes. La decisión, como en Alemania con un organismo que agrupa a los medios, debía ser publicada por todos los asociados, salvo acuerdo en sentido contrario de las partes.
De ese modo, se procuraría evitar lo que hoy ocurre, que la penalización de la calumnia y la injuria sea un instrumento de represión contra la libertad de prensa, al servicio de la corrupción tanto del gobierno como fuera de él; y que el mal periodismo se escude tras el manto de valores nobles y supremos de la libertad de expresión.
Una sanción moral como la que esbozamos puede incluso ser más propia y efectiva para la naturaleza inmaterial o moral de los bienes en disputa que son la honra y la libertad de expresión. Y definitivamente, si de la estima y aprecio personal se trata, es preferible que un mal periodista sea calificado de torpe y negligente, que sublimado o victimizado como héroe de la libertad de prensa por un juicio penal.
