Una propuesta para el Fondo Fiduciario
El Organo Ejecutivo insiste en modificar el régimen legal del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, cuyos activos superan los B/.1,300 millones, producto de las privatizaciones del gobierno anterior, para usarlo en el pago y reducción de la deuda externa, que permita mejorar la estrechez presupuestaria y obtener una mejor calificación de las evaluadoras de riesgo de inversión, de suerte que se pueda refinanciar el resto de la deuda a mejores tasas de interés.
Dicha propuesta ha sido obviamente bien recibida por los acreedores de la República que cambian papel por efectivo y por algunos expertos financieros nacionales. Ellos coinciden que la proporción del presupuesto estatal que se utiliza para pagar intereses y amortizar la deuda estatal es extremadamente alta y terminará consumiendo el mísero presupuesto dedicado a inversiones sociales del Estado.
Muchos otros, en cambio, dudan sobre la viabilidad de lo planteado en la forma propuesta. ¿Podrá el Estado adquirir la deuda en el mercado secundario a precios que resulten beneficiosos para la República? Una vez el Fondo adquiera esta deuda, ¿se cancelará o permanecerá en el Fondo, por lo cual habrá que continuar pagándola, pero a un acreedor relacionado (un bolsillo le paga al otro)? ¿Qué garantías hay de que las calificadoras de riesgos le concedan a Panamá grado de inversión después de gastado el Fondo en la recompra de deuda y disminuido así parte sustancial de sus activos líquidos? Y si nos conceden esa mejor calificación, ¿existirán las condiciones en los mercados internacionales de capital que nos permitan refinanciar la deuda existente en mejores términos? ¿Aprovecharán este o futuros gobiernos juiciosamente la renovada capacidad de endeudamiento adquirida para endeudar nuevamente al país?
Con la información disponible en este momento, hemos favorecido hasta el momento a los escépticos y nos oponemos a las reformas al régimen legal vigente en la forma en que han sido planteadas, es decir, darle al gobierno un cheque en blanco para que haga descontroladamente lo que le plazca con los dineros ahorrados en el Fondo y con el producto de la posible venta del resto de las acciones de la telefónica y las empresas eléctricas privatizadas parcialmente por el gobierno anterior.
Coincidimos que hay que mejorar el rendimiento del Fondo. Por eso, estamos de acuerdo en que hay que ampliar los posibles usos de los dineros en el Fondo, para incluir no sólo depósitos bancarios y valores con grado de inversión, sino también inversiones directas (como proyectos nacionales que generen actividad económica local) e inversiones indirectas, que podría incluir en parte la recompra de deuda. Chile lo hizo exitosamente invirtiendo inicialmente en su economía las colosales sumas acumuladas en sus fondos de pensiones; lo que le sirvió para catapultar su desarrollo, en vez de dedicarlas al ocioso pago de deuda. La decisión de cuál inversión es más conveniente, sin embargo, no puede quedar en manos del gobierno de turno ni del Banco Nacional. Debe haber un fiduciario o un protector (o protectores) que avalen la inversión que propone realizar el fiduciario.
Los fiduciarios o personas que tengan la facultad para decidir si una inversión se debe realizar o no, tienen que ser realmente independientes, técnicos y apolíticos. Es más ni siquiera tienen que ser panameños en su totalidad, con tal de que sean excelentes y probos, para así asegurar la independencia que ya ha quedado demostrado que no existe en instituciones supuestamente autónomas, como la Autoridad de la Región Interoceánica y el Ente Regulador.
Entendemos que la preocupación egoísta y miope de los políticos es que pierden control del Fondo al conceder a terceros profesionales su administración. Pero mucho peor es dejar tanta responsabilidad en control de aquellos que históricamente han demostrado ser pésimos administradores de haberes públicos y cuando no, mal intencionados peculadores.
Dicha propuesta ha sido obviamente bien recibida por los acreedores de la República que cambian papel por efectivo y por algunos expertos financieros nacionales. Ellos coinciden que la proporción del presupuesto estatal que se utiliza para pagar intereses y amortizar la deuda estatal es extremadamente alta y terminará consumiendo el mísero presupuesto dedicado a inversiones sociales del Estado.
Muchos otros, en cambio, dudan sobre la viabilidad de lo planteado en la forma propuesta. ¿Podrá el Estado adquirir la deuda en el mercado secundario a precios que resulten beneficiosos para la República? Una vez el Fondo adquiera esta deuda, ¿se cancelará o permanecerá en el Fondo, por lo cual habrá que continuar pagándola, pero a un acreedor relacionado (un bolsillo le paga al otro)? ¿Qué garantías hay de que las calificadoras de riesgos le concedan a Panamá grado de inversión después de gastado el Fondo en la recompra de deuda y disminuido así parte sustancial de sus activos líquidos? Y si nos conceden esa mejor calificación, ¿existirán las condiciones en los mercados internacionales de capital que nos permitan refinanciar la deuda existente en mejores términos? ¿Aprovecharán este o futuros gobiernos juiciosamente la renovada capacidad de endeudamiento adquirida para endeudar nuevamente al país?
Con la información disponible en este momento, hemos favorecido hasta el momento a los escépticos y nos oponemos a las reformas al régimen legal vigente en la forma en que han sido planteadas, es decir, darle al gobierno un cheque en blanco para que haga descontroladamente lo que le plazca con los dineros ahorrados en el Fondo y con el producto de la posible venta del resto de las acciones de la telefónica y las empresas eléctricas privatizadas parcialmente por el gobierno anterior.
Coincidimos que hay que mejorar el rendimiento del Fondo. Por eso, estamos de acuerdo en que hay que ampliar los posibles usos de los dineros en el Fondo, para incluir no sólo depósitos bancarios y valores con grado de inversión, sino también inversiones directas (como proyectos nacionales que generen actividad económica local) e inversiones indirectas, que podría incluir en parte la recompra de deuda. Chile lo hizo exitosamente invirtiendo inicialmente en su economía las colosales sumas acumuladas en sus fondos de pensiones; lo que le sirvió para catapultar su desarrollo, en vez de dedicarlas al ocioso pago de deuda. La decisión de cuál inversión es más conveniente, sin embargo, no puede quedar en manos del gobierno de turno ni del Banco Nacional. Debe haber un fiduciario o un protector (o protectores) que avalen la inversión que propone realizar el fiduciario.
Los fiduciarios o personas que tengan la facultad para decidir si una inversión se debe realizar o no, tienen que ser realmente independientes, técnicos y apolíticos. Es más ni siquiera tienen que ser panameños en su totalidad, con tal de que sean excelentes y probos, para así asegurar la independencia que ya ha quedado demostrado que no existe en instituciones supuestamente autónomas, como la Autoridad de la Región Interoceánica y el Ente Regulador.
Entendemos que la preocupación egoísta y miope de los políticos es que pierden control del Fondo al conceder a terceros profesionales su administración. Pero mucho peor es dejar tanta responsabilidad en control de aquellos que históricamente han demostrado ser pésimos administradores de haberes públicos y cuando no, mal intencionados peculadores.
