Una respuesta fuera de lugar
Desafortunada ha sido la respuesta de Edwin E. Cabrera U., dirigente del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y subsecretario general de la Asamblea, a los cuestionamientos de Maribel Cuervo de Paredes (El Panamá América 27 de noviembre de 1999).
La periodista, en un artículo titulado "Botellas recicladas", expresó su preocupación por una serie de nombramientos efectuados en la Asamblea bajo la presidencia de Enrique Garrido que dan lugar a sospechar que continúa la práctica del PRD de acomodar a copartidarios hasta el último minuto del quinquenio pasado. Cuervo de Paredes cuestionaba los siguientes nombramientos: Lucas Zarak, asesor de asuntos internacionales con un salario de B/.3,000 mensual; Edwin Cabrera, subsecretario general de la Asamblea con un sueldo de B/.7,000 mensual; Juan B. Chevalier, Carlos Abadía, Alfredo Oranges, Eben Chi, Maritza Royo, Fernando Arias, Daniel Arias, Mario Quiel y José Domingo Torres, con sueldos de B/.3,000 mensuales (El Panamá América 23 de noviembre de 1999).
La mayoría de tales nombramientos evoca indignación porque demuestran que los políticos panameños, no importa de cual partido sean, son una clase parasitaria que vive a expensas del pueblo panameño. Nadie ha olvidado que en las planillas de la Asamblea del quinquenio pasado publicadas por El Siglo entre el 12 y el 20 de octubre aparecen nombres de copartidarios y afines del PRD como asesores y consultores con altísimos salarios. Según mis cálculos, se gastaron en ese renglón por lo menos B/. 56,000 mensuales, o sea B/. 672,000 anualmente, suma que en los cinco años fatales del gobierno PRD ascendió a más de B/. 3 millones.
Fue un derroche escandaloso de dinero perteneciente al pueblo panameño en un quinquenio durante el cual, se recortó el presupuesto del Hospital Santo Tomás, obligando la suspensión de muchos servicios de vital importancia para la clase popular. No debemos olvidar que más de un millón de panameños son pobres y más de medio millón viven en la miseria. Para sobrevivir necesitan los servicios gratuitos que sólo el Gobierno puede ofrecerles. Cuando no hay dinero, estos se recortan o se eliminan. Por lo tanto, todo gasto innecesario del erario público es a expensas de la clase más necesitada.
A Maribel Cuervo de Paredes, cuyas denuncias tratan de evitar que se repita en este Gobierno el mismo atraco al erario que ocurrió en el anterior, hay que felicitarla por su compromiso patriótico y su valor. No podemos permitir que la corrupción de los socios del Club La Asamblea siga en desmedro de la clase humilde. Debemos exigir la publicación inmediata de toda la planilla de la Asamblea Legislativa.
Edwin Cabrera tiene una excelente reputación y es de esperar que, como subsecretario general de la Asamblea, esté desempeñando una ardua labor desenredado la madeja de corrupción que tejió el PRD. El problema es que, en su respuesta a las inquietudes expresadas por la periodista, perdió los estribos, acusándola de incurrir en prácticas morbosas o enfermizas. Extraña que un profesor y miembro destacado del PDC desconozca un principio básico de la democracia representativa: el derecho de los ciudadanos a cuestionar a los funcionarios del Gobierno y a obtener de estos respuestas prontas, respetuosas y verídicas. En ninguna democracia se elige a un "Yo, el Supremo" para que ocupe una posición de olímpica arrogancia, superior e inmune a los requerimientos de los gobernados. En una democracia representativa los funcionarios del Gobierno tienen el deber de responder a los electores porque son responsables ante estos por su actuación en el desempeño de sus funciones.
La reacción de Cabrera, de denigrar a Maribel Cuervo de Paredes por cuestionar prácticas que decepcionan, es típica de quienes no aceptan que los ciudadanos cuestionen a quienes detentan el poder. Es una actitud dictatorial que encubre la corrupción.
Recordemos el sainete que se dio en 1996 cuando la revista inglesa, The Economist, se refirió a los posibles nexos del PRD con el narcotráfico.
Aludiendo al aumento del narcotráfico y el lavado de dólares en Panamá desde la salida de Noriega, y a las actividades de José Castrillón Henao, un narcotraficante colombiano radicado en este país desde 1990, la revista dijo que cargamentos de drogas llegaban en yates lujosos cerca de la Embajada de Estados Unidos. BANAICO funcionaba casi como un emporio del blanqueo de dólares, dijo la revista mencionando el nombre del Mayor Alfredo Alemán, vicepresidente y secretario del banco, amigo de Pérez Balladares y figura destacada en el PRD. Al concluir, la revista preguntó si el dinero proveniente del narcotráfico había ayudado a financiar la campaña electoral del PRD en 1994 (The Economist 25 de mayo de 1996).
¿Cómo respondieron Pérez Balladares y el PRD a estos cuestionamientos? Aunque después tuvo que tragarse sus palabras, la primera reacción del presidente Pérez Balladares fue de amenazar con entablar una demanda contra The Economist a título personal y en nombre del Estado panameño, una respuesta típica de un "Yo, el Supremo". La claque del PRD no se quedó atrás. Gabriel Castro rechazó la "ola de publicaciones canallezcas" que dijo ser plantadas por razones políticas. El Mayor Alfredo Alemán copió la táctica de Noriega de decir que los ataques contra su persona eran ataques contra Panamá. Mitchell Doens amenazó con encarcelar al legislador Rubén Arosemena cuando éste afirmó que la oposición estaba dispuesta a solicitar la apertura de un proceso contra el mandatario si hubiera evidencias claras de que estaba ligado al narcotráfico (La Prensa 11, 17 y 18 de junio 1996).
Aunque posteriormente se demostró que el dinero proveniente del narcotráfico sí había ayudado a financiar la campaña electoral del PRD en 1994, aquellas tácticas surtieron el efecto deseado. La oposición cogió miedo. Dijo el reportero Glenn Garvin del legislador Rubén Arosemena, "ya no declara a los reporteros, y otros legisladores de la oposición ya no quieren ser citados por nombre ni siquiera sobre los temas más inocuos". A pesar de que el Procurador José Antonio Sossa, amigo desde la infancia de Pérez Balladares, anunció una investigación exhaustiva de los narcocheques y de 57 empresas presuntamente vinculadas con el lavado de dólares, el expediente fue entregado al fiscal de drogas Rosendo Miranda, quien recomendó, a menos de dos meses de iniciadas las investigaciones, el sobreseimiento definitivo de todas las personas involucradas (La Prensa 12 y 18 de junio y 5 de septiembre de 1996)
Más tarde, cuando por otros motivos fueron cuestionados el Procurador General de la Nación, José Antonio Sossa, la Procuradora Alma Montenegro de Fletcher y la Policía Nacional, estas autoridades y el entonces director de la Policía Nacional, José Luis Sosa, también recurrieron a la intimidación. En vez de responder con humildad y veracidad a los cuestionamientos, con la arrogancia de un "Yo, el Supremo" entablaron demandas penales por calumnia.
Aquí viene al caso informar al pueblo panameño de algo que me dijo el Dr. Arnulfo Arias Madrid en una entrevista que me concedió el 10 de enero de 1981. Cuando le pregunté cuál sería el efecto más negativo que tendría la dictadura sobre nuestra cultura, sin vacilar me respondió: "la corrupción".
El tiempo le ha dado al doctor Arias la razón. El control del Gobierno por los militares es historia, pero la corrupción en todas sus formas que promovió la dictadura se ha regado como un cáncer en el cuerpo social de esta nación. Por lo tanto, la lucha por adecentar al Gobierno tiene que ser no sólo contra las prácticas corrompidas del PRD, sino contra cualquier partido o dirigente político que encubra o apadrine la corrupción.
La Asamblea Legislativa ha aprobado la derogación de las leyes mordaza, que en el transcurso de tres décadas, protegieron el abuso del poder y la corrupción. Ahora hace falta acabar con el complejo de "Yo, el Supremo" en los funcionarios públicos y los dirigentes partidistas. De una vez y por todas deben entender que cuestionar no es una práctica "morbosa". Al contrario, los ciudadanos que, defendiendo los intereses del pueblo panameño, emplazan a funcionarios públicos, a instituciones del Gobierno y a los partidos políticos, desempeñan un deber patriótico esencial en la lucha contra la corrupción.
La periodista, en un artículo titulado "Botellas recicladas", expresó su preocupación por una serie de nombramientos efectuados en la Asamblea bajo la presidencia de Enrique Garrido que dan lugar a sospechar que continúa la práctica del PRD de acomodar a copartidarios hasta el último minuto del quinquenio pasado. Cuervo de Paredes cuestionaba los siguientes nombramientos: Lucas Zarak, asesor de asuntos internacionales con un salario de B/.3,000 mensual; Edwin Cabrera, subsecretario general de la Asamblea con un sueldo de B/.7,000 mensual; Juan B. Chevalier, Carlos Abadía, Alfredo Oranges, Eben Chi, Maritza Royo, Fernando Arias, Daniel Arias, Mario Quiel y José Domingo Torres, con sueldos de B/.3,000 mensuales (El Panamá América 23 de noviembre de 1999).
La mayoría de tales nombramientos evoca indignación porque demuestran que los políticos panameños, no importa de cual partido sean, son una clase parasitaria que vive a expensas del pueblo panameño. Nadie ha olvidado que en las planillas de la Asamblea del quinquenio pasado publicadas por El Siglo entre el 12 y el 20 de octubre aparecen nombres de copartidarios y afines del PRD como asesores y consultores con altísimos salarios. Según mis cálculos, se gastaron en ese renglón por lo menos B/. 56,000 mensuales, o sea B/. 672,000 anualmente, suma que en los cinco años fatales del gobierno PRD ascendió a más de B/. 3 millones.
Fue un derroche escandaloso de dinero perteneciente al pueblo panameño en un quinquenio durante el cual, se recortó el presupuesto del Hospital Santo Tomás, obligando la suspensión de muchos servicios de vital importancia para la clase popular. No debemos olvidar que más de un millón de panameños son pobres y más de medio millón viven en la miseria. Para sobrevivir necesitan los servicios gratuitos que sólo el Gobierno puede ofrecerles. Cuando no hay dinero, estos se recortan o se eliminan. Por lo tanto, todo gasto innecesario del erario público es a expensas de la clase más necesitada.
A Maribel Cuervo de Paredes, cuyas denuncias tratan de evitar que se repita en este Gobierno el mismo atraco al erario que ocurrió en el anterior, hay que felicitarla por su compromiso patriótico y su valor. No podemos permitir que la corrupción de los socios del Club La Asamblea siga en desmedro de la clase humilde. Debemos exigir la publicación inmediata de toda la planilla de la Asamblea Legislativa.
Edwin Cabrera tiene una excelente reputación y es de esperar que, como subsecretario general de la Asamblea, esté desempeñando una ardua labor desenredado la madeja de corrupción que tejió el PRD. El problema es que, en su respuesta a las inquietudes expresadas por la periodista, perdió los estribos, acusándola de incurrir en prácticas morbosas o enfermizas. Extraña que un profesor y miembro destacado del PDC desconozca un principio básico de la democracia representativa: el derecho de los ciudadanos a cuestionar a los funcionarios del Gobierno y a obtener de estos respuestas prontas, respetuosas y verídicas. En ninguna democracia se elige a un "Yo, el Supremo" para que ocupe una posición de olímpica arrogancia, superior e inmune a los requerimientos de los gobernados. En una democracia representativa los funcionarios del Gobierno tienen el deber de responder a los electores porque son responsables ante estos por su actuación en el desempeño de sus funciones.
La reacción de Cabrera, de denigrar a Maribel Cuervo de Paredes por cuestionar prácticas que decepcionan, es típica de quienes no aceptan que los ciudadanos cuestionen a quienes detentan el poder. Es una actitud dictatorial que encubre la corrupción.
Recordemos el sainete que se dio en 1996 cuando la revista inglesa, The Economist, se refirió a los posibles nexos del PRD con el narcotráfico.
Aludiendo al aumento del narcotráfico y el lavado de dólares en Panamá desde la salida de Noriega, y a las actividades de José Castrillón Henao, un narcotraficante colombiano radicado en este país desde 1990, la revista dijo que cargamentos de drogas llegaban en yates lujosos cerca de la Embajada de Estados Unidos. BANAICO funcionaba casi como un emporio del blanqueo de dólares, dijo la revista mencionando el nombre del Mayor Alfredo Alemán, vicepresidente y secretario del banco, amigo de Pérez Balladares y figura destacada en el PRD. Al concluir, la revista preguntó si el dinero proveniente del narcotráfico había ayudado a financiar la campaña electoral del PRD en 1994 (The Economist 25 de mayo de 1996).
¿Cómo respondieron Pérez Balladares y el PRD a estos cuestionamientos? Aunque después tuvo que tragarse sus palabras, la primera reacción del presidente Pérez Balladares fue de amenazar con entablar una demanda contra The Economist a título personal y en nombre del Estado panameño, una respuesta típica de un "Yo, el Supremo". La claque del PRD no se quedó atrás. Gabriel Castro rechazó la "ola de publicaciones canallezcas" que dijo ser plantadas por razones políticas. El Mayor Alfredo Alemán copió la táctica de Noriega de decir que los ataques contra su persona eran ataques contra Panamá. Mitchell Doens amenazó con encarcelar al legislador Rubén Arosemena cuando éste afirmó que la oposición estaba dispuesta a solicitar la apertura de un proceso contra el mandatario si hubiera evidencias claras de que estaba ligado al narcotráfico (La Prensa 11, 17 y 18 de junio 1996).
Aunque posteriormente se demostró que el dinero proveniente del narcotráfico sí había ayudado a financiar la campaña electoral del PRD en 1994, aquellas tácticas surtieron el efecto deseado. La oposición cogió miedo. Dijo el reportero Glenn Garvin del legislador Rubén Arosemena, "ya no declara a los reporteros, y otros legisladores de la oposición ya no quieren ser citados por nombre ni siquiera sobre los temas más inocuos". A pesar de que el Procurador José Antonio Sossa, amigo desde la infancia de Pérez Balladares, anunció una investigación exhaustiva de los narcocheques y de 57 empresas presuntamente vinculadas con el lavado de dólares, el expediente fue entregado al fiscal de drogas Rosendo Miranda, quien recomendó, a menos de dos meses de iniciadas las investigaciones, el sobreseimiento definitivo de todas las personas involucradas (La Prensa 12 y 18 de junio y 5 de septiembre de 1996)
Más tarde, cuando por otros motivos fueron cuestionados el Procurador General de la Nación, José Antonio Sossa, la Procuradora Alma Montenegro de Fletcher y la Policía Nacional, estas autoridades y el entonces director de la Policía Nacional, José Luis Sosa, también recurrieron a la intimidación. En vez de responder con humildad y veracidad a los cuestionamientos, con la arrogancia de un "Yo, el Supremo" entablaron demandas penales por calumnia.
Aquí viene al caso informar al pueblo panameño de algo que me dijo el Dr. Arnulfo Arias Madrid en una entrevista que me concedió el 10 de enero de 1981. Cuando le pregunté cuál sería el efecto más negativo que tendría la dictadura sobre nuestra cultura, sin vacilar me respondió: "la corrupción".
El tiempo le ha dado al doctor Arias la razón. El control del Gobierno por los militares es historia, pero la corrupción en todas sus formas que promovió la dictadura se ha regado como un cáncer en el cuerpo social de esta nación. Por lo tanto, la lucha por adecentar al Gobierno tiene que ser no sólo contra las prácticas corrompidas del PRD, sino contra cualquier partido o dirigente político que encubra o apadrine la corrupción.
La Asamblea Legislativa ha aprobado la derogación de las leyes mordaza, que en el transcurso de tres décadas, protegieron el abuso del poder y la corrupción. Ahora hace falta acabar con el complejo de "Yo, el Supremo" en los funcionarios públicos y los dirigentes partidistas. De una vez y por todas deben entender que cuestionar no es una práctica "morbosa". Al contrario, los ciudadanos que, defendiendo los intereses del pueblo panameño, emplazan a funcionarios públicos, a instituciones del Gobierno y a los partidos políticos, desempeñan un deber patriótico esencial en la lucha contra la corrupción.
