Una ruinosa ley de vivienda
Aún vigente la Ley de vivienda 93 que sobreprotege los cánones inferiores a $150 que clasifican de interés social, puesto que los superiores fueron exceptuados gracias a las palancas de banqueros y constructores.
En sus 4 décadas la Ley paralizó el negocio de los bajos alquileres que suplían la demanda de los de menor ingreso, precipitando incontrolables aumentos para escaparse de la gravosa Ley. La Comisión de Vivienda atiende las demandas por mora de interés social, de ahí que de 4 existentes, sólo queda una.
Los inmuebles de interés social de particulares no reciben subsidio, para ellos no existe la libre oferta y demanda de los supermercados. Se les impone contrato de 3 años en formato del MIVI. El contrato es prorrogable sólo por el inquilino pero, de mudarse, puede subrogarlo en heredad a pariente hasta el 4º grado consanguíneo (abuelo, bisabuelo, hermano, tío, sobrino, primo, etc.). Los arrendadores no reciben consideración, pagan las mismas tarifas de agua y tasa de aseo que los arriendos de 2 mil o 5 mil dólares.
El canon congelado por siempre sin importar los aumentos, ni que la familia tenga altos ingresos u otra vivienda. Estén en mora, el dueño obligado a pagar el agua y, de no hacerlo sujeto a recargo y jurisdicción coactiva, tampoco podrá interponer demanda por mora si no cuenta con Paz y Salvo del IDAAN y Hacienda, certificación del Registro Público y abogado.
El inquilino puede atrasarse por meses y años, ya que realiza arreglos de pago y consigue que el Representante interponga sus oficios para que el Corregidor no los desaloje. El arrendador queda bajo el chantaje de no pago por el moroso, que se excusa en una irrisoria reparación. El propietario simplemente no tarda en sentirse que no es dueño y presa del inquilino irresponsable.
La paralización dio lugar a la inversión estatal tras empréstitos multimillonarios. Soluciones insuficientes ni redituables. Las edificaciones y barracas construidas por el Estado, se caracterizan por altísima morosidad, devastación e insalubridad, no pago del agua y aseo, fraude eléctrico, inseguridad y sin controles que procuren la sana convivencia. Por el contrario, los pocos administrados por arrendadores privados sobrevivientes a la ruinosa Ley, se mantienen en mejores condiciones.
La banca y constructores, levantaron rentables barriadas con viviendas de “relativo” bajo precio y pobre calidad sobre diminutos lotes, con financiamiento aún fuera del alcance de grandes sectores. Tales no lidian la Ley 93, pues los morosos hipotecarios son raudamente desalojados por los bancos.
La escasez de viviendas a los de menor ingreso generó incontrolable precarismo que produjo vastas y densas barriadas sin orden urbanístico, conflictos legales y sociales, daños ecológicos y cuantiosas erogaciones estatales en infraestructuras. Las múltiples veredas de San Miguelito se han convertido en tierra de nadie, ya que los policías no las rondan para no arriesgar sus vidas.
El actuar de los nuevos funcionarios, prevé que se mantendrán los criterios de la nefasta Ley. Planean miles de viviendas y preparan a trabajadores sociales para concienciar a los beneficiados; pero el gran esfuerzo se verá frustrado si no ordenan la administración de esos inmuebles, para evitar las nefastas experiencias de las mismas iniciativas del pasado.
