Una vez más, desde el principio, con sentimiento
Me ha llamado poderosamente la atención la exposición pública, y de allí la necesaria iniciación de un debate, de la conveniencia y la posibilidad de aumentarles a los jubilados 40 balboas mensuales. También resalta prontamente la respuesta del Director de la Caja de Seguro Social de la imposibilidad de tal aumento, debido a lo "oneroso y nocivo" que sería el mismo a las arcas del Seguro Social, contribuyendo éste directa y pronto a la descapitalización de las reservas. Esta traería, por consecuencia, la imposibilidad actuarial de poder cumplir con los futuros jubilados y pensionados. Por supuesto, a todos aquellos que nos vemos en la posibilidad de entrar en las filas de jubilados y pensionados y los que ya se encuentran en las mismas, nos atañe directamente una decisión final sobre el tema.
La cuestión de que el aumento debe ser de B/.40.00, incide en una promesa electoral. Bien es sabido que la mayoría de los políticos de patio, construyen puentes donde no existen ríos, y de llamarles alguien la atención a tal descuido, construyen el río (siempre y cuando puedan utilizar el agua para su beneficio posterior.) Lo que sí es cierto es que los jubilados y pensionados necesitan aumentar -sin mayor demora- sus escuálidos ingresos para hacerle frente a sus obligaciones y el disfrute de un estilo de vida también bastante por debajo del mínimo de la calidad de vida que merecen los seres humanos.
Yo recuerdo vívidamente -por mencionar un caso- la jubilación de una maestra de educación primaria, que al terminar 35 años de labor, empezó a "disfrutar" de una jubilación de 400 balboas. De decirles que cuando esa maestra empezó a trabajar el salario que percibía era de aproximadamente de B/.40.00. Así que desde la perspectiva de esa maestra, después de haberle dedicado al Estado toda una vida, ésta era una jubilación decorosa. Pero, entran entonces los factores a los que estamos expuestos todos los asalariados en esta era de la globalización y los efectos inmediatos de la vida moderna: el aumento de la gasolina, del pasaje, del teléfono, de la electricidad, de la tasa de basura, de los estacionómetros, de la canasta básica; la anunciada reforma tributaria, en fin todos los aumentos.
Los indicadores económicos de los gastos del Gobierno Central nos muestran algunas cifras que no pueden ser pasadas por alto cuando se debate el tema del aumento a los pensionados y jubilados, pero sobre todo cuando se esgrime todo tipo de excusas para negar el aumento que fue prometido y que responde a un compromiso. Así tenemos que durante el año 2000, el Gobierno Central gastó en sobresueldo 51 millones de balboas. En alquileres, el gobierno gastó 15.6 millones de balboas (mientras la maleza se comen las instalaciones de las áreas revertidas). Además se gastó 16 millones de balboas en viáticos y 15.6 millones de balboas en alimentos y bebidas.
El aumento de, ya sea 10 balboas (cosa que muchos encuentran irrisoria, pero que lleva el imprimátur de la jerarquía de seguridad social) o de 40 balboas (que fue lo inicialmente pactado en discursos de trinchera) no es el asunto de fondo. El asunto de fondo es cómo resolver este problema que aparece cíclicamente y afecta la supervivencia de los que no ganan miles de balboas mensualmente y que desprecian el efecto empobrecedor de la inflación. Ya hay demasiada pobreza en este país para querer que todos aquellos que piensan que tienen su futuro asegurado despierten de su sueño y descubran que están entre los más pobres. Tampoco tenemos que estar supeditados a los partidos políticos y sus cúpulas que tratan de manejarnos como si fuéramos marionetas dóciles pendientes de un tirón de los hilos.
El aumento para los jubilados y pensionados debe ser institucionalizado. Los gobiernos deben ser más de leyes que de hombres. No debemos estar dependientes de la voluntad del gobernante y de los legisladores y magistrados de turno. Este aumento debe ser para mantener el estilo y calidad de vida con el cual pactó el jubilado o pensionado al firmar su separación de las filas de los trabajadores activos. El aumento debe ser para continuar percibiendo ingresos reales en términos del que la persona tenía cuando se jubiló o pensionó. Esto requiere una ley que complemente la de la Seguridad Social y que claramente ate aumentos anuales a un índice inflacionario. En otras palabras, si la inflación anual puede ser determinada, también puede ser determinado el aumento que los jubilados y pensionados deben recibir. Eso es Seguridad Social.
La cuestión de que el aumento debe ser de B/.40.00, incide en una promesa electoral. Bien es sabido que la mayoría de los políticos de patio, construyen puentes donde no existen ríos, y de llamarles alguien la atención a tal descuido, construyen el río (siempre y cuando puedan utilizar el agua para su beneficio posterior.) Lo que sí es cierto es que los jubilados y pensionados necesitan aumentar -sin mayor demora- sus escuálidos ingresos para hacerle frente a sus obligaciones y el disfrute de un estilo de vida también bastante por debajo del mínimo de la calidad de vida que merecen los seres humanos.
Yo recuerdo vívidamente -por mencionar un caso- la jubilación de una maestra de educación primaria, que al terminar 35 años de labor, empezó a "disfrutar" de una jubilación de 400 balboas. De decirles que cuando esa maestra empezó a trabajar el salario que percibía era de aproximadamente de B/.40.00. Así que desde la perspectiva de esa maestra, después de haberle dedicado al Estado toda una vida, ésta era una jubilación decorosa. Pero, entran entonces los factores a los que estamos expuestos todos los asalariados en esta era de la globalización y los efectos inmediatos de la vida moderna: el aumento de la gasolina, del pasaje, del teléfono, de la electricidad, de la tasa de basura, de los estacionómetros, de la canasta básica; la anunciada reforma tributaria, en fin todos los aumentos.
Los indicadores económicos de los gastos del Gobierno Central nos muestran algunas cifras que no pueden ser pasadas por alto cuando se debate el tema del aumento a los pensionados y jubilados, pero sobre todo cuando se esgrime todo tipo de excusas para negar el aumento que fue prometido y que responde a un compromiso. Así tenemos que durante el año 2000, el Gobierno Central gastó en sobresueldo 51 millones de balboas. En alquileres, el gobierno gastó 15.6 millones de balboas (mientras la maleza se comen las instalaciones de las áreas revertidas). Además se gastó 16 millones de balboas en viáticos y 15.6 millones de balboas en alimentos y bebidas.
El aumento de, ya sea 10 balboas (cosa que muchos encuentran irrisoria, pero que lleva el imprimátur de la jerarquía de seguridad social) o de 40 balboas (que fue lo inicialmente pactado en discursos de trinchera) no es el asunto de fondo. El asunto de fondo es cómo resolver este problema que aparece cíclicamente y afecta la supervivencia de los que no ganan miles de balboas mensualmente y que desprecian el efecto empobrecedor de la inflación. Ya hay demasiada pobreza en este país para querer que todos aquellos que piensan que tienen su futuro asegurado despierten de su sueño y descubran que están entre los más pobres. Tampoco tenemos que estar supeditados a los partidos políticos y sus cúpulas que tratan de manejarnos como si fuéramos marionetas dóciles pendientes de un tirón de los hilos.
El aumento para los jubilados y pensionados debe ser institucionalizado. Los gobiernos deben ser más de leyes que de hombres. No debemos estar dependientes de la voluntad del gobernante y de los legisladores y magistrados de turno. Este aumento debe ser para mantener el estilo y calidad de vida con el cual pactó el jubilado o pensionado al firmar su separación de las filas de los trabajadores activos. El aumento debe ser para continuar percibiendo ingresos reales en términos del que la persona tenía cuando se jubiló o pensionó. Esto requiere una ley que complemente la de la Seguridad Social y que claramente ate aumentos anuales a un índice inflacionario. En otras palabras, si la inflación anual puede ser determinada, también puede ser determinado el aumento que los jubilados y pensionados deben recibir. Eso es Seguridad Social.
