Una visión integral del país
Permanentemente ha sido prioridad para la gestión del gobierno el manejo responsable de las finanzas públicas. Las reformas estructurales que propuso el gobierno en la mesa del Diálogo Nacional para la Reactivación Económica concebían un enfoque integral de las políticas de financiamiento, gasto e ingresos, entendiéndose como tales las medidas a implementarse con respecto al uso del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), el endeudamiento, la ejecución del presupuesto y el reordenamiento del sistema tributario, temas que se logran institucionalizar en las Leyes de Responsabilidad Fiscal y de Reforma Tributaria.
En algunas ocasiones se han hecho señalamientos sobre la irresponsabilidad en la gestión fiscal, la falta de transparencia en el manejo de las cifras y que el déficit sobrepasa lo establecido en la ley. Sin embargo, si analizamos algunos hechos veremos que las críticas son infundadas y no tienen otro interés que confundir a la ciudadanía.
Al finalizar el año 2002 el déficit del Gobierno Central de acuerdo a las cifras que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que deben ser consolidadas por la Contraloría General de la República, llegó a -2%. Los resultados sobre el déficit del Gobierno Central fueron presentados a los representantes de la sociedad civil facultados por Decreto Ejecutivo a dar seguimiento a esta gestión, que es de conocimiento público. Este déficit no incluye B/.175 millones que establecía la Ley No.22 de 2000 para ser ejecutados en el período presupuestario del año 2002, los cuales no fueron usados por el Gobierno en consideración a que no era conveniente debido a que se discutía en el Diálogo Nacional el contenido de la Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley No.20 de 2002), que entre otras medidas modificaba el uso de los recursos del FFD. Esta medida redujo la posibilidad de financiamiento del presupuesto y significó la disminución en B/.55 millones de los ingresos proyectados para el año 2002 (que se refleja en un déficit de 0.47%). Es interesante recordar que para el cierre del año 1998 el déficit del Gobierno Central, en el cual no tiene relevancia la inclusión o no de las cifras operacionales del Canal de Panamá, fue de -4.5%, pese a que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 4.4% y las privatizaciones estaban en pleno auge. Estas cifras contrastan con los déficit registrados en los años 1999 (-2.2%), 2000 (-1.2%), 2001 (-1.8%) y 2002 (-2%), periodos en los que se ha registrado una desaceleración de la actividad económica del país y del mundo. Dejo a consideración del lector la evaluación de estos datos.
La Ley No.20 de 2002 establece un límite del déficit fiscal anual de 2%. Para la fecha de entrada en vigencia de dicha ley había transcurrido un cuatrimestre y el déficit al cierre del mes de junio ascendía a -2.7% (aunque para el cierre del año se sitúa en -2%, conforme establece la ley). Es importante aclarar que para el período de junio a diciembre, cuando empezó a regir la Ley, el déficit era cercano al 0%, en estricto cumplimiento con las metas fiscales establecidas. Esto es relevante ya que para lograr que al cierre del año el déficit no fuera mayor a 2% se debía revertir el -2.7% de déficit que se había registrado hasta el mes de junio y para esto, de julio a diciembre no debía existir déficit sino un leve superávit.
Así, las cifras demuestran que el Gobierno está cumpliendo con la Ley y con sus metas fiscales. En septiembre del 2002 la Contraloría General de la República, autoridad competente para refrendar los resultados del manejo fiscal, presentó un informe completo sobre este tema. Este documento ha sido ampliamente difundido y analizado por toda la comunidad que se interesa en estas materias. Por lo tanto, es falso que el Gobierno Nacional esconda las cifras fiscales.
El MEF no ha entregado el informe sobre el desenvolvimiento económico debido a que era necesario precisar el monto del PIB para la elaboración de sus conclusiones coyunturales. Esta tarea consiste en la actualización de las series que generan la medición del PIB y se realiza en conjunto con la Contraloría General de la República. La actualización de las cifras del PIB es fundamental para determinar con precisión los niveles del déficit al cierre del año 2002.
Por otro lado, sin profundizar en la materia se han emitido opiniones sobre la posibilidad de que la inclusión de las operaciones netas de la vía interoceánica en el Sector Público No Financiero (SPNF) afectaría la calificación crediticia de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), y que esta acción "deterioraría la autonomía constitucional de la ACP". Sobre el particular es necesario ser claros y terminantes: el Estado tiene que registrar las operaciones del Canal de Panamá en sus cuentas fiscales, en función de que las mismas constituyen parte integral de éste. Como norma internacional indiscutida y genérica, ninguna empresa propiedad de un Estado puede ser excluida de las cuentas fiscales nacionales. En el caso del Canal de Panamá esto es así desde la transferencia de la vía como consecuencia de la vigencia de los Tratados de 1977. Por lo tanto, más que una necesidad, hacerlo es una obligación. El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera correcta la inclusión de la ACP en las cuentas fiscales nacionales. Aún más, en sus últimas declaraciones afirma que no incluirlas distorsiona la real situación del Estado panameño.
La opinión pública debe tener conocimiento que la definición de incluir a la ACP en las operaciones del SPNF ya se contemplaba en la Carta de Intención (párrafo sexto) suscrita en noviembre de 1997, definiéndose esta política. En junio de 2000, dándole continuidad a lo acordado, la Carta de Intención con el FMI negociada por el gobierno actual incluyó a la ACP en el listado del SPNF. En conclusión, con la firma de dicha carta en 1997 se definió la inclusión de la ACP en las cuentas fiscales del SPNF. No obstante, para evitar mal interpretaciones e imprecisiones sobre el tema se hace necesario reiterar que la ACP mantiene autonomía en el manejo de sus finanzas, con absoluta independencia en su gestión operacional. Y además, que el Gobierno Nacional no ha considerado cambio alguno a este tratamiento, ya definido por la Constitución y la Ley. En consecuencia, plantear que el registro de la operación del Canal en las cuentas fiscales nacionales afecta su estatus constitucional es un acto de mala fe.
Por otro lado, los organismos internacionales de crédito y las calificadoras han señalado taxativamente que la calificación de riesgo que pudiera necesitar la ACP para futuras inversiones no se verá afectada por registrar su operación en las cuentas fiscales nacionales. El criterio de las calificadoras y bancos de inversión se basa en el estatus operacional de la entidad, el éxito que ha tenido su gestión, que debe mantener, e inevitablemente, en la calificación del país, dueño soberano de la ACP. Al contrario de lo que piensan quienes cuestionan la conveniencia o no de este tratamiento, para los expertos internacionales en estas materias, la incorporación en las cuentas fiscales de la operación del Canal de Panamá no sólo completa la visión real de país, sino que la mejora y por ende mejora también el nivel de riesgo país. Desde el punto de vista de la soberanía, que debe imperar en todos los actos del Estado, o de los resultados económicos y financieros para el país y la entidad, no es comprensible que alguien objete este registro, que por su naturaleza es obvio. Es por esto que entiendo que sólo se sustenta en el afán de hacer política partidista.
Quienes califican permanentemente con insultos, quienes se creen dueños de la verdad y quienes para emitir opiniones no profundizan en los temas, sino que miden los efectos de sus declaraciones en el entorno político partidista, no se deben sentir ofendidos y alegar irrespeto personal cuando se les señala, cuando en múltiples ocasiones han irrespetado a panameños tan dignos como ellos de diferir en sus opiniones.
Nuestros esfuerzos deben destinarse a que el Estado, como cada uno de sus entes autónomos, mejore su desenvolvimiento. Esto no se hace destruyendo. Por el contrario, nuestro fundamento debe ser la unidad en torno a la visión de nuestro país, dando prioridad al interés nacional mediante un diálogo constructivo, que posibilite la realización de nuestro potencial.
En algunas ocasiones se han hecho señalamientos sobre la irresponsabilidad en la gestión fiscal, la falta de transparencia en el manejo de las cifras y que el déficit sobrepasa lo establecido en la ley. Sin embargo, si analizamos algunos hechos veremos que las críticas son infundadas y no tienen otro interés que confundir a la ciudadanía.
Al finalizar el año 2002 el déficit del Gobierno Central de acuerdo a las cifras que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que deben ser consolidadas por la Contraloría General de la República, llegó a -2%. Los resultados sobre el déficit del Gobierno Central fueron presentados a los representantes de la sociedad civil facultados por Decreto Ejecutivo a dar seguimiento a esta gestión, que es de conocimiento público. Este déficit no incluye B/.175 millones que establecía la Ley No.22 de 2000 para ser ejecutados en el período presupuestario del año 2002, los cuales no fueron usados por el Gobierno en consideración a que no era conveniente debido a que se discutía en el Diálogo Nacional el contenido de la Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley No.20 de 2002), que entre otras medidas modificaba el uso de los recursos del FFD. Esta medida redujo la posibilidad de financiamiento del presupuesto y significó la disminución en B/.55 millones de los ingresos proyectados para el año 2002 (que se refleja en un déficit de 0.47%). Es interesante recordar que para el cierre del año 1998 el déficit del Gobierno Central, en el cual no tiene relevancia la inclusión o no de las cifras operacionales del Canal de Panamá, fue de -4.5%, pese a que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 4.4% y las privatizaciones estaban en pleno auge. Estas cifras contrastan con los déficit registrados en los años 1999 (-2.2%), 2000 (-1.2%), 2001 (-1.8%) y 2002 (-2%), periodos en los que se ha registrado una desaceleración de la actividad económica del país y del mundo. Dejo a consideración del lector la evaluación de estos datos.
La Ley No.20 de 2002 establece un límite del déficit fiscal anual de 2%. Para la fecha de entrada en vigencia de dicha ley había transcurrido un cuatrimestre y el déficit al cierre del mes de junio ascendía a -2.7% (aunque para el cierre del año se sitúa en -2%, conforme establece la ley). Es importante aclarar que para el período de junio a diciembre, cuando empezó a regir la Ley, el déficit era cercano al 0%, en estricto cumplimiento con las metas fiscales establecidas. Esto es relevante ya que para lograr que al cierre del año el déficit no fuera mayor a 2% se debía revertir el -2.7% de déficit que se había registrado hasta el mes de junio y para esto, de julio a diciembre no debía existir déficit sino un leve superávit.
Así, las cifras demuestran que el Gobierno está cumpliendo con la Ley y con sus metas fiscales. En septiembre del 2002 la Contraloría General de la República, autoridad competente para refrendar los resultados del manejo fiscal, presentó un informe completo sobre este tema. Este documento ha sido ampliamente difundido y analizado por toda la comunidad que se interesa en estas materias. Por lo tanto, es falso que el Gobierno Nacional esconda las cifras fiscales.
El MEF no ha entregado el informe sobre el desenvolvimiento económico debido a que era necesario precisar el monto del PIB para la elaboración de sus conclusiones coyunturales. Esta tarea consiste en la actualización de las series que generan la medición del PIB y se realiza en conjunto con la Contraloría General de la República. La actualización de las cifras del PIB es fundamental para determinar con precisión los niveles del déficit al cierre del año 2002.
Por otro lado, sin profundizar en la materia se han emitido opiniones sobre la posibilidad de que la inclusión de las operaciones netas de la vía interoceánica en el Sector Público No Financiero (SPNF) afectaría la calificación crediticia de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), y que esta acción "deterioraría la autonomía constitucional de la ACP". Sobre el particular es necesario ser claros y terminantes: el Estado tiene que registrar las operaciones del Canal de Panamá en sus cuentas fiscales, en función de que las mismas constituyen parte integral de éste. Como norma internacional indiscutida y genérica, ninguna empresa propiedad de un Estado puede ser excluida de las cuentas fiscales nacionales. En el caso del Canal de Panamá esto es así desde la transferencia de la vía como consecuencia de la vigencia de los Tratados de 1977. Por lo tanto, más que una necesidad, hacerlo es una obligación. El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera correcta la inclusión de la ACP en las cuentas fiscales nacionales. Aún más, en sus últimas declaraciones afirma que no incluirlas distorsiona la real situación del Estado panameño.
La opinión pública debe tener conocimiento que la definición de incluir a la ACP en las operaciones del SPNF ya se contemplaba en la Carta de Intención (párrafo sexto) suscrita en noviembre de 1997, definiéndose esta política. En junio de 2000, dándole continuidad a lo acordado, la Carta de Intención con el FMI negociada por el gobierno actual incluyó a la ACP en el listado del SPNF. En conclusión, con la firma de dicha carta en 1997 se definió la inclusión de la ACP en las cuentas fiscales del SPNF. No obstante, para evitar mal interpretaciones e imprecisiones sobre el tema se hace necesario reiterar que la ACP mantiene autonomía en el manejo de sus finanzas, con absoluta independencia en su gestión operacional. Y además, que el Gobierno Nacional no ha considerado cambio alguno a este tratamiento, ya definido por la Constitución y la Ley. En consecuencia, plantear que el registro de la operación del Canal en las cuentas fiscales nacionales afecta su estatus constitucional es un acto de mala fe.
Por otro lado, los organismos internacionales de crédito y las calificadoras han señalado taxativamente que la calificación de riesgo que pudiera necesitar la ACP para futuras inversiones no se verá afectada por registrar su operación en las cuentas fiscales nacionales. El criterio de las calificadoras y bancos de inversión se basa en el estatus operacional de la entidad, el éxito que ha tenido su gestión, que debe mantener, e inevitablemente, en la calificación del país, dueño soberano de la ACP. Al contrario de lo que piensan quienes cuestionan la conveniencia o no de este tratamiento, para los expertos internacionales en estas materias, la incorporación en las cuentas fiscales de la operación del Canal de Panamá no sólo completa la visión real de país, sino que la mejora y por ende mejora también el nivel de riesgo país. Desde el punto de vista de la soberanía, que debe imperar en todos los actos del Estado, o de los resultados económicos y financieros para el país y la entidad, no es comprensible que alguien objete este registro, que por su naturaleza es obvio. Es por esto que entiendo que sólo se sustenta en el afán de hacer política partidista.
Quienes califican permanentemente con insultos, quienes se creen dueños de la verdad y quienes para emitir opiniones no profundizan en los temas, sino que miden los efectos de sus declaraciones en el entorno político partidista, no se deben sentir ofendidos y alegar irrespeto personal cuando se les señala, cuando en múltiples ocasiones han irrespetado a panameños tan dignos como ellos de diferir en sus opiniones.
Nuestros esfuerzos deben destinarse a que el Estado, como cada uno de sus entes autónomos, mejore su desenvolvimiento. Esto no se hace destruyendo. Por el contrario, nuestro fundamento debe ser la unidad en torno a la visión de nuestro país, dando prioridad al interés nacional mediante un diálogo constructivo, que posibilite la realización de nuestro potencial.
