¿Una voz en el desierto?
El llamado hecho por el señor Federico Humbert, para que enfrentemos el alarmante problema de la pobreza en forma solidaria, cobra mayor importancia por su condición de presidente del primer banco privado panameño.
Comparado con otros países latinoamericanos, Panamá es, en términos relativos, uno de los más ricos. Pero, a la vez, también tenemos el singular y nada constructivo honor de encabezar la lista de los que tienen la peor distribución de la riqueza.
En el momento histórico que vive nuestro país, al haber consolidado su soberanía territorial y asumido el control de la vía interoceánica, estamos en la encrucijada de decidir si construimos un país diferente, y para todos, o si nos empantanamos en el subdesarrollo y la inequidad, que terminará por desencadenar las confrontaciones internas a las que conduce la desesperación de los que pierden toda esperanza.
El principal problema de Panamá no es administrar el Canal; para hacerlo bien basta con que se respete la autonomía, constitucionalmente consagrada, de la entidad encargada de su manejo.
El principal problema del Panamá que incursiona en el año 2000 es la pobreza, que no disminuye sino que aumenta, y la brecha, cada vez más abismal, que separa al 20% de los que más reciben, del casi 50% que vive entre la miseria y la pobreza. A lo que hay que agregar la situación de una clase media aprisionada entre esos dos extremos, que no avanza sino que retrocede, en término de oportunidades y calidad de vida.
Al grave y urgente problema que representa el incremento de la masa de los pobres nos hemos referido casi todos, pero del sector que representa el señor Humbert muy poco se ha escuchado sobre el aporte que estarían dispuestos a hacer para contribuir a su solución.
Los sectores que controlan el poder económico nacional, tradicionalmente han puesto en primer lugar la defensa de las condiciones que les aseguran la conservación de sus sitiales de privilegio. Muy poco o nada han sacrificado para ayudar a detener el empobrecimiento de la mayoría del país.
Nadie propone que los que muchos tienen se dediquen a repartir sus haberes entre los que nada tienen. Pero los que más ingresos reciben si debieran, por ejemplo, asumir una mayor carga tributaria y pagar más impuestos, de manera que el Estado pueda contar con los recursos que le permitan prestar y mejorar los servicios públicos de educación, salud y vivienda, de los que depende la población de menores ingresos.
En Panamá, es un hecho irrebatible que las principales empresas, con la banca a la cabeza, proporcionalmente, pagan menos impuestos que los asalariados. Sin embargo, a ningún gran empresario, que recordemos, se le había ocurrido proponer que los sectores más pudientes sacrifiquen parte de su ingreso para crear los recursos que se destinarían a rescatar a los pobres.
Y así como no ha existido conciencia, de parte de la gran empresa, de su obligación social y solidaria de tributar más, tampoco ha existido de parte de la mayoría de esos sectores autocontención para no exceder los límites de la ganancia razonable y equitativa, sino todo lo contrario.
Ejemplo de lo que decimos, lo vivimos todos los días cuando comparamos como suben los precios de los consumos básicos o cuando nos vemos forzados a recurrir a las compras financiadas por sistemas de crédito. El ánimo de lucro ha desplazado todo sentido de equidad.
Por eso, es importante destacar el aldabonazo que ha dado el señor Humbert. La pobreza y su alarmante extensión es un problema cuya solución no sólo compete al Estado. Le compete por igual a los sectores que han acumulado más riqueza, pues de su solución depende el equilibrio social que necesitará el capital para sentirse seguro y poder continuar creciendo. En buena hora, alguien representativo de ese sector lo ha reconocido públicamente. Lo importante, ahora, es que ese llamado encuentre oídos receptivos y no quede como una voz que clama en el desierto.
Comparado con otros países latinoamericanos, Panamá es, en términos relativos, uno de los más ricos. Pero, a la vez, también tenemos el singular y nada constructivo honor de encabezar la lista de los que tienen la peor distribución de la riqueza.
En el momento histórico que vive nuestro país, al haber consolidado su soberanía territorial y asumido el control de la vía interoceánica, estamos en la encrucijada de decidir si construimos un país diferente, y para todos, o si nos empantanamos en el subdesarrollo y la inequidad, que terminará por desencadenar las confrontaciones internas a las que conduce la desesperación de los que pierden toda esperanza.
El principal problema de Panamá no es administrar el Canal; para hacerlo bien basta con que se respete la autonomía, constitucionalmente consagrada, de la entidad encargada de su manejo.
El principal problema del Panamá que incursiona en el año 2000 es la pobreza, que no disminuye sino que aumenta, y la brecha, cada vez más abismal, que separa al 20% de los que más reciben, del casi 50% que vive entre la miseria y la pobreza. A lo que hay que agregar la situación de una clase media aprisionada entre esos dos extremos, que no avanza sino que retrocede, en término de oportunidades y calidad de vida.
Al grave y urgente problema que representa el incremento de la masa de los pobres nos hemos referido casi todos, pero del sector que representa el señor Humbert muy poco se ha escuchado sobre el aporte que estarían dispuestos a hacer para contribuir a su solución.
Los sectores que controlan el poder económico nacional, tradicionalmente han puesto en primer lugar la defensa de las condiciones que les aseguran la conservación de sus sitiales de privilegio. Muy poco o nada han sacrificado para ayudar a detener el empobrecimiento de la mayoría del país.
Nadie propone que los que muchos tienen se dediquen a repartir sus haberes entre los que nada tienen. Pero los que más ingresos reciben si debieran, por ejemplo, asumir una mayor carga tributaria y pagar más impuestos, de manera que el Estado pueda contar con los recursos que le permitan prestar y mejorar los servicios públicos de educación, salud y vivienda, de los que depende la población de menores ingresos.
En Panamá, es un hecho irrebatible que las principales empresas, con la banca a la cabeza, proporcionalmente, pagan menos impuestos que los asalariados. Sin embargo, a ningún gran empresario, que recordemos, se le había ocurrido proponer que los sectores más pudientes sacrifiquen parte de su ingreso para crear los recursos que se destinarían a rescatar a los pobres.
Y así como no ha existido conciencia, de parte de la gran empresa, de su obligación social y solidaria de tributar más, tampoco ha existido de parte de la mayoría de esos sectores autocontención para no exceder los límites de la ganancia razonable y equitativa, sino todo lo contrario.
Ejemplo de lo que decimos, lo vivimos todos los días cuando comparamos como suben los precios de los consumos básicos o cuando nos vemos forzados a recurrir a las compras financiadas por sistemas de crédito. El ánimo de lucro ha desplazado todo sentido de equidad.
Por eso, es importante destacar el aldabonazo que ha dado el señor Humbert. La pobreza y su alarmante extensión es un problema cuya solución no sólo compete al Estado. Le compete por igual a los sectores que han acumulado más riqueza, pues de su solución depende el equilibrio social que necesitará el capital para sentirse seguro y poder continuar creciendo. En buena hora, alguien representativo de ese sector lo ha reconocido públicamente. Lo importante, ahora, es que ese llamado encuentre oídos receptivos y no quede como una voz que clama en el desierto.
