Unámonos para salvar a la Caja
Yo no soy economista, ni financista, ni actuario, pero hay aspectos relativos a la crisis en ciernes del Seguro Social que no requieren que seamos expertos para comprender que hay muchos factores que ofrecen soluciones para sortear el peligro vaticinado.
Quiero señalar, en forma sintética, diversos vicios, evasiones, y acciones fraudulentas, ilegales o injustas que afectan al Seguro Social (SS), los cuales se deben corregir para despejar el peligro anunciado. Algunos o muchos de ellos son conocidos por ustedes, amigos lectores, pero vale la pena enunciarlos:
El Banco Nacional de Panamá paga sumas irrisorias en intereses por los millones de balboas de los cotizantes, depositados en sus arcas, los cuales utiliza en sus operaciones. Esto es una competencia desleal con el resto de entidades bancarias del país y un atraco a los fondos de los asegurados.
La creciente modalidad de utilizar servicios de empleados y obreros por contrato, para no pagarles Seguro Social, entre otros costos. Este es un acto inhumano para con los que luego, en el otoño de sus vidas, no podrán jubilarse; a la vez que se le niegan fondos a la Caja, modalidad que practican, insensiblemente, tanto las entidades gubernamentales como la empresa privada,
Otra práctica que riñe con el concepto de solidaridad social por la que se fundó y opera la Caja de Seguro Social (CSS), y que le resta economía a la entidad, es la división del ingreso de altos funcionarios, tanto gubernamentales como empresariales (ministros, legisladores, gerentes, directores, asesores, etc.) en salario y gastos de representación, para no cotizar sobre lo último. Se requieren cambios en la ley que hagan punible, con fuertes penas, todo tipo de intento de escape al pago de las cuotas sobre el total devengado como ingresos económicos por servicios prestados, en el modo en que ello se quiera presentar o disfrazar.
La práctica criminal de algunos o muchos patrones, de descontar las cuotas del SS y quedarse con ellas. Esto es un vulgar robo o atraco que merece hasta cárcel. La Caja tiene que ser más agresiva en la detección y procesamiento y castigo de estos casos. Pero, algo parecido ocurre con el Estado. El gobierno se mantiene moroso permanentemente, por muchos millones de balboas sobre sus compromisos con la Caja y ni siquiera, hasta donde sé, reconoce intereses sobre los pagos atrasados. Esta costumbre debe ser descontinuada.
La sustracción de equipo, medicamentos y otros bienes de la Caja por empleados y particulares debe ser minuciosamente investigada (aún aquellos ocurridos en gobiernos anteriores) y castigada con cárcel, sin contemplaciones ni perdones (Ejemplo, la sustracción probable de terrenos del Hospital de Aguadulce).
La empleomanía exagerada de la institución -en muchos casos con salarios exorbitantes-, en la que se observa cantidad de empleados innecesarios o sin realizar trabajos de algún valor, constituyendo poco menos que "botellas".
Empresas que simplemente no afilian a sus empleados, incluyendo en este renglón a muchas micro-empresas. Licitaciones amañadas que gravan seriamente los fondos del Seguro, además de peculados nunca bien investigados y menos castigados.
Necesidad de una mayor eficiencia administrativa y de mejor acción fiscalizadora de parte de la dirección de la entidad. Perjuicios económicos a la Caja por la atención en salud a personas no afiliadas ni cotizantes, cuyos costos deberían ser cubiertos totalmente por los beneficiados o por el Ministerio de Salud.
Exagerado número de beneficiarios, lo cual nunca se previó cuando se establecieron las cuotas a pagar por los cotizantes, realidad que lesiona injustamente la economía de la Caja.
Por lo anterior, y porque el nivel de cuotas actuales es muy inferior al vigente en todos o en la mayoría de los países que cuentan con este servicio social, es justo que se aumenten las cuotas, moderadamente, para fortalecer la institución.
Cuando se estableció la edad de jubilación, la esperanza de vida del panameño no pasaba de los 65 años. Hoy llega casi a los 75, mejoramiento que, en parte, se debe a la influencia de los programas de la Caja. Por ello, porque la vida útil del panameño ha aumentado sensiblemente y porque en la mayoría, si no en todos los países con Seguridad Social, la edad de jubilación es más alta que la nuestra, resulta justo y correcto que ésta se aumente. Con ello se aliviaría notablemente la economía de la Caja
Todos los enunciados anteriores constituyen apoyos sobre los cuales se puede apuntalar la situación financiera de la CSS. Desprendámonos de la codicia, egoísmo y el sectarismo y tomemos, armónicamente, las medidas perentorias para corregir todo lo indicado pues, si se hunde el Seguro Social, todos los que vivimos en este país, ricos y pobres (toda la Nación), sufriremos las consecuencias.
Quiero señalar, en forma sintética, diversos vicios, evasiones, y acciones fraudulentas, ilegales o injustas que afectan al Seguro Social (SS), los cuales se deben corregir para despejar el peligro anunciado. Algunos o muchos de ellos son conocidos por ustedes, amigos lectores, pero vale la pena enunciarlos:
El Banco Nacional de Panamá paga sumas irrisorias en intereses por los millones de balboas de los cotizantes, depositados en sus arcas, los cuales utiliza en sus operaciones. Esto es una competencia desleal con el resto de entidades bancarias del país y un atraco a los fondos de los asegurados.
La creciente modalidad de utilizar servicios de empleados y obreros por contrato, para no pagarles Seguro Social, entre otros costos. Este es un acto inhumano para con los que luego, en el otoño de sus vidas, no podrán jubilarse; a la vez que se le niegan fondos a la Caja, modalidad que practican, insensiblemente, tanto las entidades gubernamentales como la empresa privada,
Otra práctica que riñe con el concepto de solidaridad social por la que se fundó y opera la Caja de Seguro Social (CSS), y que le resta economía a la entidad, es la división del ingreso de altos funcionarios, tanto gubernamentales como empresariales (ministros, legisladores, gerentes, directores, asesores, etc.) en salario y gastos de representación, para no cotizar sobre lo último. Se requieren cambios en la ley que hagan punible, con fuertes penas, todo tipo de intento de escape al pago de las cuotas sobre el total devengado como ingresos económicos por servicios prestados, en el modo en que ello se quiera presentar o disfrazar.
La práctica criminal de algunos o muchos patrones, de descontar las cuotas del SS y quedarse con ellas. Esto es un vulgar robo o atraco que merece hasta cárcel. La Caja tiene que ser más agresiva en la detección y procesamiento y castigo de estos casos. Pero, algo parecido ocurre con el Estado. El gobierno se mantiene moroso permanentemente, por muchos millones de balboas sobre sus compromisos con la Caja y ni siquiera, hasta donde sé, reconoce intereses sobre los pagos atrasados. Esta costumbre debe ser descontinuada.
La sustracción de equipo, medicamentos y otros bienes de la Caja por empleados y particulares debe ser minuciosamente investigada (aún aquellos ocurridos en gobiernos anteriores) y castigada con cárcel, sin contemplaciones ni perdones (Ejemplo, la sustracción probable de terrenos del Hospital de Aguadulce).
La empleomanía exagerada de la institución -en muchos casos con salarios exorbitantes-, en la que se observa cantidad de empleados innecesarios o sin realizar trabajos de algún valor, constituyendo poco menos que "botellas".
Empresas que simplemente no afilian a sus empleados, incluyendo en este renglón a muchas micro-empresas. Licitaciones amañadas que gravan seriamente los fondos del Seguro, además de peculados nunca bien investigados y menos castigados.
Necesidad de una mayor eficiencia administrativa y de mejor acción fiscalizadora de parte de la dirección de la entidad. Perjuicios económicos a la Caja por la atención en salud a personas no afiliadas ni cotizantes, cuyos costos deberían ser cubiertos totalmente por los beneficiados o por el Ministerio de Salud.
Exagerado número de beneficiarios, lo cual nunca se previó cuando se establecieron las cuotas a pagar por los cotizantes, realidad que lesiona injustamente la economía de la Caja.
Por lo anterior, y porque el nivel de cuotas actuales es muy inferior al vigente en todos o en la mayoría de los países que cuentan con este servicio social, es justo que se aumenten las cuotas, moderadamente, para fortalecer la institución.
Cuando se estableció la edad de jubilación, la esperanza de vida del panameño no pasaba de los 65 años. Hoy llega casi a los 75, mejoramiento que, en parte, se debe a la influencia de los programas de la Caja. Por ello, porque la vida útil del panameño ha aumentado sensiblemente y porque en la mayoría, si no en todos los países con Seguridad Social, la edad de jubilación es más alta que la nuestra, resulta justo y correcto que ésta se aumente. Con ello se aliviaría notablemente la economía de la Caja
Todos los enunciados anteriores constituyen apoyos sobre los cuales se puede apuntalar la situación financiera de la CSS. Desprendámonos de la codicia, egoísmo y el sectarismo y tomemos, armónicamente, las medidas perentorias para corregir todo lo indicado pues, si se hunde el Seguro Social, todos los que vivimos en este país, ricos y pobres (toda la Nación), sufriremos las consecuencias.
