Ungidos y ungidas
Cuando el señor Martinelli, después de haber declarado que la dirección de la Caja del Seguro Social debía ocuparla alguien con amplios conocimientos de computación, escogió a uno de los aspirantes para que le acompañara a Costa Rica, a observar, “in situ”, como funcionaba el sistema de citas para los usuarios de la seguridad social en ese país, quedó confirmado lo que era un secreto a voces: Saéz Llorens, sería el director, porque así lo había decidido quien tenía la facultad de nombrarlo. Conclusión: Convocar a un proceso de selección, al que incautamente concurrieron muchos aspirantes, fue una pantomima.
Seguidamente vino el escogimiento de la persona que ocupará la Contraloría General. Y, siguiendo con el modelo utilizado para escoger al director del Seguro Social, se convocó a quienes pudieran estar interesados en el puesto para que sometieran sus candidaturas. Y hubo muchas. Pero antes de que siquiera se conocieran los aspirantes, el país entero sabía que la escogida, supuestamente “con absoluta libertad e independencia” por los diputados, sería la contralora de las empresas de propiedad del presidente Martinelli.
Por mandato constitucional, el Contralor es uno de los tres cargos cuyo nombramiento es de la exclusiva competencia de la Asamblea, es decir, en los que no debe intervenir ninguno de los otros órganos del Estado; los otros dos son: uno de los magistrados del Tribunal Electoral y el Defensor del Pueblo. Sin embargo, antes de que se produjera la votación en la Asamblea, la bancada oficialista, con su mayoría absoluta de 44 miembros, anunció que postularían una sola candidata y, cuando seguidamente, el presidente Martinelli ponderó las virtudes de la señora Torres de Bianchini, si alguna duda había, esta se desvaneció. El asunto venía cocinado y sazonado desde el despacho presidencial.
No discuto los méritos personales y profesionales de ninguna de las dos personas escogidas para dirigir la Caja del Seguro Social o la Contraloría. Ojalá, para el bien del país, tengan un buen desempeño; pero, aparte de que el método abre el espacio para muchas interrogantes, cabe preguntar: ¿Para qué se convocan supuestos concursos para cargos cuyos futuros titulares han sido escogidos, “in pectore”, y de antemano, por quien en, última instancia, tendrá la facultad de nombrarlos?
En un futuro próximo se llenarán tres cargos del más alto nivel: dos magistraturas de la Corte Suprema y, por los vientos que soplan, la Procuraduría General de la Nación. Para cubrir las vacantes en la Corte, nuevamente está en marcha “otro concurso público” y cosa igual ocurrirá si la señora Gómez deja el cargo. Para la Corte, ya suenan con mucha insistencia los nombres de “los futuros ungidos y ungidas”, o sea, aquellos que están bien vistos en palacio.
Si finalmente se cumplen, como en los casos del Seguro Social y la Contraloría, las crónicas de un nombramiento anunciado, nuevamente habrá que preguntar: ¿Para qué entonces la pantomima de los famosos concursos para esos cargos?
La facultad de nombrar los magistrados es del presidente de la República. Sería preferible que la ejerciera, lisa y llanamente, y que asuma la responsabilidad por su escogimiento, bueno o malo. ¿Para qué recurrir a subterfugios que han probado ser absolutamente inconducentes?
