Universidad, sociedad y arbitrariedad
Mientras se agrava la desigual distribución de riqueza y se cercena la participación ciudadana, que le permite a algunos pretender marearnos con los grados que dan las “calificadoras” o las “encuestadoras”, vemos cómo las recientes acciones de sus autoridades respectivas, vienen a confirmar que la Universidad y la sociedad panameña están siendo llevadas al terreno de la arbitrariedad política, como modalidad de gobierno y de desviación de poder.
La arbitrariedad, que se caracteriza porque la autoridad o funcionario, aparentan obrar de acuerdo a la Constitución, la Ley o la norma superior a la cual deben obediencia, pero en realidad obran con móviles de carácter personal o de partido, La arbitrariedad consiste pues, en actos de fuerza, “sin previo criterio regulador de índole general, obedeciendo exclusivamente al capricho de quien ejerce el poder”.
Así vemos cómo, al tiempo que se nos habla de “Estado de Derecho” y de “igualdad jurídica”, en la práctica se desconocen los derechos de los administrados, en la Universidad, por ejemplo, imponiendo un “referéndum ponderado” y en la sociedad, aprobando con flagrante violación del debido proceso, disposiciones absolutamente contrarias a los principios fundamentales del Derecho, como el proyecto 177, de contenido antidemocrático, antipopular y antinacional.
Una de las premisas básicas de todo Estado de Derecho es que el poder político solamente se debe ejercer de conformidad con los principios constitucionales y las leyes. Lo que ocurre con las aspiraciones reeleccionistas en la Universidad (rechazadas contundentemente por el No estudiantil), y con la aprobación por el Legislativo, a solicitud del Ejecutivo, de leyes absolutamente inconsultas, lleva a querer que se borre del conocimiento de todos que: “El poder jurídico está ligado necesariamente por las normas vigentes y solo pueden obrar conforme a ellas y dentro de la amplitud de competencia que las mismas confieren. En cambio, el poder arbitrario se caracteriza por situarse encima de toda norma, incluso de aquellas que él mismo hubiese dictado, y por actuar en cada caso particular al impulso de su personal antojo”.
En la Universidad, asistimos una vez más, a flagrantes violaciones de la Ley de parte de las autoridades universitarias. En vez de tener la Ley como fundamento de todos sus actos, el Rector y sus acólitos, actúan a la inversa. Por otra parte, lo que ocurre con la sociedad gracias a las arbitrariedades gubernamentales, no es más que la transformación de todo acto de gobierno en Ley, lo cual expone a los ciudadanos a graves riesgos como la inseguridad jurídica y la flagrante violación de la igualdad ante la Ley.
Ante los acontecimientos que vivimos a nivel mundial, la Universidad y la sociedad necesitan cambios para poder desempeñar las tareas que le corresponden para y por la sociedad misma. Y al igual que la Universidad no debe aceptar que se le mantenga aislada del resto de la sociedad en la que se desenvuelve, no debe tampoco la sociedad contemplar la arbitrariedad que también persiguen los gobernantes, en un intento de prolongar un dogmatismo y un autoritarismo intelectual que nos aleja de la democratización.
