Urbanismo y áreas verdes
El desarrollo urbano se ha producido sin que las instituciones panameñas estuviesen preparadas para atender, a la misma velocidad, las innumerables demandas de infraestructura que debieron anticipar las autoridades para evitar lo que ya resulta obvio para cualquier observador: la capital crece a una escala sin precedente, pero sin espacios para entrar o salir de ella; se están transformando barrios y comunidades, pero hacinados en medio del caos vehicular y, peor aún, sin áreas verdes, parques y garantías ambientales.
Las heroicas y solitarias voces que se alzan esporádicamente para pedir un alto a lo que está ocurriendo suenan más bien a grito de ahogado, pues nadie las escucha. En el corregimiento de San Francisco están cayendo las primeras víctimas de "la guerra del concreto": los árboles y la áreas verdes que antaño la distinguieron.
Con estas denuncias no estamos pidiendo el freno al crecimiento económico del sector, sino exigiendo que las instituciones encargadas garanticen el crecimiento urbanístico y la calidad ambiental al mismo tiempo. Las áreas verdes de uso público son el valor agregado que las autoridades, particularmente la Ministra de Vivienda, Balbina Herrera, y el alcalde de la ciudad capital, Juan Carlos Navarro, tienen que proteger ante el desenfreno urbanístico que está dominando el escenario. Y deben hacerlo antes que los desarrolladores hayan "sembrado torres" y no árboles en sitios supuestamente destinados para parques de uso público o zonas verdes.
Por lo que el celo del Ejecutivo demostrado para aplicar la ley tiempo después de haberse iniciado el proyecto de Pacific Point, en medio de las brumas legales que rodean este caso, debería servir como motor de arranque para reconstruir la ciudad mediante un reordenamiento planificado. ¿Es posible aún?
Mientras los expertos lo deciden, insistiremos desde aquí en la denuncia para tener algún día una ciudad más humanizada y armónica entre la economía y la naturaleza. Se trata de un derecho irrenunciable para la vida misma.
Las heroicas y solitarias voces que se alzan esporádicamente para pedir un alto a lo que está ocurriendo suenan más bien a grito de ahogado, pues nadie las escucha. En el corregimiento de San Francisco están cayendo las primeras víctimas de "la guerra del concreto": los árboles y la áreas verdes que antaño la distinguieron.
Con estas denuncias no estamos pidiendo el freno al crecimiento económico del sector, sino exigiendo que las instituciones encargadas garanticen el crecimiento urbanístico y la calidad ambiental al mismo tiempo. Las áreas verdes de uso público son el valor agregado que las autoridades, particularmente la Ministra de Vivienda, Balbina Herrera, y el alcalde de la ciudad capital, Juan Carlos Navarro, tienen que proteger ante el desenfreno urbanístico que está dominando el escenario. Y deben hacerlo antes que los desarrolladores hayan "sembrado torres" y no árboles en sitios supuestamente destinados para parques de uso público o zonas verdes.
Por lo que el celo del Ejecutivo demostrado para aplicar la ley tiempo después de haberse iniciado el proyecto de Pacific Point, en medio de las brumas legales que rodean este caso, debería servir como motor de arranque para reconstruir la ciudad mediante un reordenamiento planificado. ¿Es posible aún?
Mientras los expertos lo deciden, insistiremos desde aquí en la denuncia para tener algún día una ciudad más humanizada y armónica entre la economía y la naturaleza. Se trata de un derecho irrenunciable para la vida misma.
