Urge una nueva ley para los municipios
El país y las Instituciones Locales demandan un régimen de administración municipal más cónsono con las necesidades y retos sociales que procuran los cambios volátiles de los próximos años. La actual legislación (ley 6 del 8 de octubre de 1973), luce desfasada y anticuada para ensamblarla al nuevo patrón de gestión administrativa mundial el cual se enmarca en la descentralización y la autonomía plena en toda su estructura organizacional y programática.
Con el apoyo económico del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D.), y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Panamá), el gobierno a través del Decreto Ejecutivo No. 77 del 2 de febrero de 1996, creó la Comisión de alto nivel, para que revisara los regímenes provincial, distrital y de corregimiento. El diagnóstico y las consultas pertinentes se llevaron a cabo, no así la distribución del poder equitativo a las diferentes instancias que conforman una institución que su única razón de ser es la prestación del servicio comunitario.
Se impuso el criterio político-partidista a tal punto que pretendió centrar demasiados poderes al régimen de provincia en la figura del gobernador, a pesar de que éste no es escogido por el voto popular, el cual convierte a esta institución en un espejo decorativo que sólo responde a los dictámenes del Ejecutivo. De ahí la controversia con las instituciones y regímenes distrital (alcaldía) y de corregimientos (concejales) que sí cuentan y responden a un poder popular.
Quienes lo hicieron- en su mayoría de pensamiento mezquino centralista- olvidaron que el objetivo era modernizar una legislación, que descentralizara y transfiriera hacia el gobierno local, lo que por naturaleza social le compete. Ignoraron que el Municipio es la instancia de gobierno más ligado a los problemas de la comuna y la posible solución de los mismos. Se cegaron por el clientelismo político-partidista.
El municipalismo moderno requiere de una legislación que lo proyecte como actor principal del desarrollo comunitario y que defina las funciones ejecutivas-administrativas (Alcaldía), de las político-legislativas propia del Consejo Municipal, sin afectar la flexibilidad y la armonía que debe reinar en todas las instituciones del gobierno local. En materia legislativa local somos los más atrasados de la región y por ello el Municipio sigue siendo un vulgar cobrador de impuestos y trampolín hacia posiciones político-partidistas.
En este afán surge la necesidad de fortalecer al gremio municipal que aglutina a los setenta y cuatro alcaldes y 588 representantes de corregimiento, con el propósito de convertir a la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) - hoy casi por desaparecer- en un organismo de participación y de mayor beligerancia, que le permita la autoridad de exigir la creación de una nueva Ley Municipal que devuelva la autonomía requerida para un mejor desenvolvimiento de la gestión local.
El nuevo gobierno por su parte, tiene la responsabilidad de rescatar ese proyecto de reformas, para dar al Municipio un perfil de promotor social, toda vez que la política dentro de la agenda de Estado conlleva desarrollar un programa con miras a una mejor distribución de la riqueza nacional. Esta acción contribuirá a desburocratizar las acciones gubernamentales, a favor de los sectores de mayor asistencia social; así como también al fortalecimiento del proceso democrático. Las condiciones están dadas y todo depende de la voluntad de las autoridades que hoy nos dirigen.
De no consolidarse las acciones y decisiones continuaremos con un municipio mediocre y falto de herramientas para hacer frente a la realización de programas, cuyos proyectos, den respuestas a esa gran demanda, que tributa a través de impuestos, tasas y contribuciones; pero que a cambio exige un servicio más eficiente.
Con el apoyo económico del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D.), y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Panamá), el gobierno a través del Decreto Ejecutivo No. 77 del 2 de febrero de 1996, creó la Comisión de alto nivel, para que revisara los regímenes provincial, distrital y de corregimiento. El diagnóstico y las consultas pertinentes se llevaron a cabo, no así la distribución del poder equitativo a las diferentes instancias que conforman una institución que su única razón de ser es la prestación del servicio comunitario.
Se impuso el criterio político-partidista a tal punto que pretendió centrar demasiados poderes al régimen de provincia en la figura del gobernador, a pesar de que éste no es escogido por el voto popular, el cual convierte a esta institución en un espejo decorativo que sólo responde a los dictámenes del Ejecutivo. De ahí la controversia con las instituciones y regímenes distrital (alcaldía) y de corregimientos (concejales) que sí cuentan y responden a un poder popular.
Quienes lo hicieron- en su mayoría de pensamiento mezquino centralista- olvidaron que el objetivo era modernizar una legislación, que descentralizara y transfiriera hacia el gobierno local, lo que por naturaleza social le compete. Ignoraron que el Municipio es la instancia de gobierno más ligado a los problemas de la comuna y la posible solución de los mismos. Se cegaron por el clientelismo político-partidista.
El municipalismo moderno requiere de una legislación que lo proyecte como actor principal del desarrollo comunitario y que defina las funciones ejecutivas-administrativas (Alcaldía), de las político-legislativas propia del Consejo Municipal, sin afectar la flexibilidad y la armonía que debe reinar en todas las instituciones del gobierno local. En materia legislativa local somos los más atrasados de la región y por ello el Municipio sigue siendo un vulgar cobrador de impuestos y trampolín hacia posiciones político-partidistas.
En este afán surge la necesidad de fortalecer al gremio municipal que aglutina a los setenta y cuatro alcaldes y 588 representantes de corregimiento, con el propósito de convertir a la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) - hoy casi por desaparecer- en un organismo de participación y de mayor beligerancia, que le permita la autoridad de exigir la creación de una nueva Ley Municipal que devuelva la autonomía requerida para un mejor desenvolvimiento de la gestión local.
El nuevo gobierno por su parte, tiene la responsabilidad de rescatar ese proyecto de reformas, para dar al Municipio un perfil de promotor social, toda vez que la política dentro de la agenda de Estado conlleva desarrollar un programa con miras a una mejor distribución de la riqueza nacional. Esta acción contribuirá a desburocratizar las acciones gubernamentales, a favor de los sectores de mayor asistencia social; así como también al fortalecimiento del proceso democrático. Las condiciones están dadas y todo depende de la voluntad de las autoridades que hoy nos dirigen.
De no consolidarse las acciones y decisiones continuaremos con un municipio mediocre y falto de herramientas para hacer frente a la realización de programas, cuyos proyectos, den respuestas a esa gran demanda, que tributa a través de impuestos, tasas y contribuciones; pero que a cambio exige un servicio más eficiente.
