Urgente reforma estructural de la seguridad social panameña
La reforma estructural de corte neoliberal impulsada por los economistas premio Nobel de las universidades de Harvard y Chicago ha tenido como base la sustitución de Estado por Mercado a través de la privatización de los bienes públicos. Ha sido impulsada en el mundo entero teniendo siempre como base el principal hito de la teoría económica liberal, la competencia perfecta. Hace pocos años, un también premio Nobel de Economía, antiguo alto directivo del Banco Mundial, se encargó de decirle al mundo entero que el modelo de competencia perfecta y los resultados de estas reformas estructurales (incluyendo la de la seguridad social) sólo habían logrado empobrecernos a los muchos y enriquecer a los pocos.
Ante la ineficiencia y corrupción de las instituciones públicas de seguridad social, se recomendó una urgente reforma estructural. Como solución el mercado perfecto, altamente competitivo, se encargaría de prestar los servicios de forma eficiente. Había entonces que impulsar la reforma por el “bien” de los pueblos. Sin embargo, este mapa mental era inaplicable en la práctica, y no surgían en el mundo las condiciones para aplicar las reformas estructurales. Se requería un gobierno duro que, alejado del diálogo social romántico, tomara decisiones valientes por el “bien” de todos. Surge así la reforma previsional chilena de Pinochet, discutida con nadie e implementada por Decreto Ley No.3,500 de 1980. Con esta reforma, los economistas premio Nobel tenían ahora la prueba que el mercado era el camino y que los objetivos de la seguridad social podían circunscribirse efectivamente a un ámbito puramente financiero. Sin embargo, en la práctica los resultados del modelo neoliberal no se dieron según lo previsto, y hubo necesidad de incurrir en altos costos económicos y sociales con el fin de no permitir el quiebre de la teoría hecha práctica. Así, la privatización de la seguridad social implicó elevadísimos costos fiscales que fueron cubiertos con la reducción del gasto social (principalmente en salud y educación), la caída progresiva de los niveles de cobertura, y muy costosas comisiones (un cuarto o más de los ahorros destinados a la vejez) que debían ser pagadas por los trabajadores, ya que el mercado previsional, sobre todo por la privatización de la afiliación, en vez de ser altamente competitivo, degeneró por cuestiones de escala y otros incentivos perversos en uno altamente concentrado y oligopólico.
Ante lo amargo de la reforma, no fue posible exportarla a otras regiones. Hubo que esperar que otros gobiernos latinoamericanos, igual de “democráticos” y fuertes, fueran capaces de seguir la obra. Fue así como Fujimori encontró la oportunidad propicia durante el cierre del congreso peruano. En México, tras la crisis del peso, las IFI’s establecieron como condición del apoyo internacional la privatización de las pensiones. En Colombia, Argentina, Uruguay, Bolivia, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana se implementaron variantes de la reforma, ya sea por presión internacional de las IFI’s o por mayoría legislativa de los sectores financieros locales.
La desintegración de la Unión Soviética permite que Europa del Este sea el nuevo objetivo reformista. Pero, con el paso del tiempo se sopesan los elevados costos económicos y sociales de la privatización y muy pocos países finalmente la adoptan. Es, entonces, aplazada en Estonia, Letonia y Ucrania, rechazada en Eslovenia y dejada sin decisión en Rumania. En el resto de Europa, la mayoría de los países la rechaza y donde se dan cambios significativos como Italia y Suecia, se adoptan sistemas “nocionales” que mantienen como esencia el sistema colectivo de reparto.
En España, a mediados de los años ‘90, la grave crisis produce desequilibrios financieros en la seguridad social. Esto es aprovechado por los sectores financieros, quienes encabezados por el presidente del Banco Santander Central Hispano, no por casualidad “Botín” de apellido y socio principal de las AFP’s latinoamericanas, inician una campaña de alarmismo profetizando el colapso del sistema (quizás al lector esta historia le parezca conocida). No obstante esta campaña fatalista, la visión del gobierno de la época y el apoyo de los sectores sindicales y sociales (mas no así de los empresariales) permite la firma del Pacto de Toledo, el cual reafirmó la voluntad de la sociedad española de mantener un sistema de seguridad social público y de reparto. En el 2001 se abre un nuevo debate sobre la seguridad social. Para estas fechas se comprueba que la fuerte reducción del desempleo generada por la recuperación económica revierte las proyecciones actuariales y que la problemática de envejecimiento poblacional es suavizada por la inmigración. Es así como el nuevo Pacto de Toledo que consagra: (i) el principio de solidaridad; (ii) la universalización de la salud y la seguridad social, y (iii) una estricta normativa legal que persigue la evasión y la morosidad, es firmado inclusive por la cúpula empresarial de ese país.
Al analizar esta experiencia internacional, pensamos que surge la certidumbre de que cometeríamos un grave error como país si adoptamos cualquier modelo de seguridad social que se aleje de los principios de solidaridad, universalidad y equidad y, asimismo, que se aleje del carácter público y solidario de la institución que lo debe gestionar. Ante esto, urgen importantes reformas estructurales a la seguridad social panameña. Entre las principales: (1) endurecer la legislación en materia de control contributivo, elevado la evasión a delito fiscal y endureciendo las sanciones a los patronos morosos, incluido el propio gobierno (2) eliminar el subsidio que recibe el Banco Nacional de la Caja producto del bajo interés que le paga por sus depósitos; (3) ampliar la base de contribución con el fin de que los que más ganan no evadan cuotas disfrazándose el salario a través de los gastos de representación y los servicios profesionales; (4) incrementar los programas de banca de segundo con el fin de reducir riesgos e incentivar la inversión productiva y el empleo; y (5) entre todos los panameños, demostrarle al Estado que el aporte ofrecido hasta ahora no es suficiente para cubrir la enorme deuda social que se origina en los abusos que ha cometido con el sistema.
Es necesario, finalmente, revertir las políticas económicas neoliberales. Sólo han producido la pérdida de 21,000 puestos de trabajo en los últimos dos años, el desmantelamiento de la capacidad productiva del país y el incremento de la desigualdad y la exclusión social. Es necesario, entonces, que apoyemos esta verdadera reforma estructural y que rechacemos la impuesta por el Banco Mundial.
Es necesario, asimismo, que todos y todas levantemos nuestras voces y manifestemos alto y claro que estamos con el modelo público y solidario de seguridad social, ese que se sostiene en la profunda convicción social, solidaria y humana que comparte la mayoría de los panameños.
*Equipo técnico de la Dirección de Planificación de la CSS.
Ante la ineficiencia y corrupción de las instituciones públicas de seguridad social, se recomendó una urgente reforma estructural. Como solución el mercado perfecto, altamente competitivo, se encargaría de prestar los servicios de forma eficiente. Había entonces que impulsar la reforma por el “bien” de los pueblos. Sin embargo, este mapa mental era inaplicable en la práctica, y no surgían en el mundo las condiciones para aplicar las reformas estructurales. Se requería un gobierno duro que, alejado del diálogo social romántico, tomara decisiones valientes por el “bien” de todos. Surge así la reforma previsional chilena de Pinochet, discutida con nadie e implementada por Decreto Ley No.3,500 de 1980. Con esta reforma, los economistas premio Nobel tenían ahora la prueba que el mercado era el camino y que los objetivos de la seguridad social podían circunscribirse efectivamente a un ámbito puramente financiero. Sin embargo, en la práctica los resultados del modelo neoliberal no se dieron según lo previsto, y hubo necesidad de incurrir en altos costos económicos y sociales con el fin de no permitir el quiebre de la teoría hecha práctica. Así, la privatización de la seguridad social implicó elevadísimos costos fiscales que fueron cubiertos con la reducción del gasto social (principalmente en salud y educación), la caída progresiva de los niveles de cobertura, y muy costosas comisiones (un cuarto o más de los ahorros destinados a la vejez) que debían ser pagadas por los trabajadores, ya que el mercado previsional, sobre todo por la privatización de la afiliación, en vez de ser altamente competitivo, degeneró por cuestiones de escala y otros incentivos perversos en uno altamente concentrado y oligopólico.
Ante lo amargo de la reforma, no fue posible exportarla a otras regiones. Hubo que esperar que otros gobiernos latinoamericanos, igual de “democráticos” y fuertes, fueran capaces de seguir la obra. Fue así como Fujimori encontró la oportunidad propicia durante el cierre del congreso peruano. En México, tras la crisis del peso, las IFI’s establecieron como condición del apoyo internacional la privatización de las pensiones. En Colombia, Argentina, Uruguay, Bolivia, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana se implementaron variantes de la reforma, ya sea por presión internacional de las IFI’s o por mayoría legislativa de los sectores financieros locales.
La desintegración de la Unión Soviética permite que Europa del Este sea el nuevo objetivo reformista. Pero, con el paso del tiempo se sopesan los elevados costos económicos y sociales de la privatización y muy pocos países finalmente la adoptan. Es, entonces, aplazada en Estonia, Letonia y Ucrania, rechazada en Eslovenia y dejada sin decisión en Rumania. En el resto de Europa, la mayoría de los países la rechaza y donde se dan cambios significativos como Italia y Suecia, se adoptan sistemas “nocionales” que mantienen como esencia el sistema colectivo de reparto.
En España, a mediados de los años ‘90, la grave crisis produce desequilibrios financieros en la seguridad social. Esto es aprovechado por los sectores financieros, quienes encabezados por el presidente del Banco Santander Central Hispano, no por casualidad “Botín” de apellido y socio principal de las AFP’s latinoamericanas, inician una campaña de alarmismo profetizando el colapso del sistema (quizás al lector esta historia le parezca conocida). No obstante esta campaña fatalista, la visión del gobierno de la época y el apoyo de los sectores sindicales y sociales (mas no así de los empresariales) permite la firma del Pacto de Toledo, el cual reafirmó la voluntad de la sociedad española de mantener un sistema de seguridad social público y de reparto. En el 2001 se abre un nuevo debate sobre la seguridad social. Para estas fechas se comprueba que la fuerte reducción del desempleo generada por la recuperación económica revierte las proyecciones actuariales y que la problemática de envejecimiento poblacional es suavizada por la inmigración. Es así como el nuevo Pacto de Toledo que consagra: (i) el principio de solidaridad; (ii) la universalización de la salud y la seguridad social, y (iii) una estricta normativa legal que persigue la evasión y la morosidad, es firmado inclusive por la cúpula empresarial de ese país.
Al analizar esta experiencia internacional, pensamos que surge la certidumbre de que cometeríamos un grave error como país si adoptamos cualquier modelo de seguridad social que se aleje de los principios de solidaridad, universalidad y equidad y, asimismo, que se aleje del carácter público y solidario de la institución que lo debe gestionar. Ante esto, urgen importantes reformas estructurales a la seguridad social panameña. Entre las principales: (1) endurecer la legislación en materia de control contributivo, elevado la evasión a delito fiscal y endureciendo las sanciones a los patronos morosos, incluido el propio gobierno (2) eliminar el subsidio que recibe el Banco Nacional de la Caja producto del bajo interés que le paga por sus depósitos; (3) ampliar la base de contribución con el fin de que los que más ganan no evadan cuotas disfrazándose el salario a través de los gastos de representación y los servicios profesionales; (4) incrementar los programas de banca de segundo con el fin de reducir riesgos e incentivar la inversión productiva y el empleo; y (5) entre todos los panameños, demostrarle al Estado que el aporte ofrecido hasta ahora no es suficiente para cubrir la enorme deuda social que se origina en los abusos que ha cometido con el sistema.
Es necesario, finalmente, revertir las políticas económicas neoliberales. Sólo han producido la pérdida de 21,000 puestos de trabajo en los últimos dos años, el desmantelamiento de la capacidad productiva del país y el incremento de la desigualdad y la exclusión social. Es necesario, entonces, que apoyemos esta verdadera reforma estructural y que rechacemos la impuesta por el Banco Mundial.
Es necesario, asimismo, que todos y todas levantemos nuestras voces y manifestemos alto y claro que estamos con el modelo público y solidario de seguridad social, ese que se sostiene en la profunda convicción social, solidaria y humana que comparte la mayoría de los panameños.
*Equipo técnico de la Dirección de Planificación de la CSS.
