Usurpando identidades

Como ex servidor público siempre he considerado que mis opiniones o la de otros que guarden la misma calidad, deben ser cónsonas de las propias actuaciones, es decir hacer lo que se dice, tomando como premisa lo establecido en el marco de la ley en cuanto a eficiencia, honestidad y transparencia en el deber de funcionario. La ley de Carrera Administrativa que fue abolida por esta administración no justifica razón, pero en cierta forma fue producto de su propia inefectividad. Por ejemplo en vez de transferir las partidas presupuestarias de capacitación al INADEH porque se perdían o trasladaban al no ser utilizadas en instituciones y ministerios, se debió corregir exigiendo a los jefes de recursos humanos y personal que cumplieran con los programas de capacitación y actualización, seminarios y charlas de relaciones humanas, atención al cliente, usuario o contribuyente, paralelamente con las respectivas y periódicas evaluaciones en desempeño y productividad. La equivocada decisión, salvo raras excepciones se mantiene, a falta de una iniciativa integral, que dinamice y perfeccione el manejo y desarrollo de la cosa pública. En el mismo sentido es imprescindible revisar y ordenar el solapado tema de las licencias laborales con o sin salarios, ya que por vicios o provecho individuales congelan y afectan innecesariamente, posiciones en la administración pública.

Otro hecho similar y de gravedad es el que ocurre en la Autoridad del Tránsito (ATTT) específicamente en Registro Único de Propiedad Vehicular, quien como autoridad competente a nivel nacional, determina la autenticidad y origen del dueño de un auto. Pero por omisión permiten que las alcaldías, que son Autoridades Distritales, realicen traspasos en contraposición con el procedimiento de registro de circulación o matrícula que le atribuye la Ley. Esta incoherencia y falla administrativa, ha provocado y sigue, problemas de todas las dimensiones a personas que al vender su vehículo y traspasarlo en los municipios culminan su trámite confiadamente. Sorpresa, luego de pasado el tiempo al regresar a otra diligencia, se encuentran con deudas o problemas legales, ya que según norma siguen siendo los propietarios y lo actuado por el comprador recae tácitamente en ellos. Es cierto que “el desconocimiento de la Ley, no exime responsabilidades”, pero son los funcionarios públicos quienes tienen que regirse por las mismas. Por favor actúen en tal sentido. En la misma institución, en la emisión de las licencias de conducir, la concesión otorgada a SERTRACEN, recae en la responsabilidad de impresión del documento; sin embargo la función de fiscalización, revisión y comprobación de los requisitos que es competencia de la Autoridad, es realizada por personal de la empresa. Son paradojas o inexactitudes que deben ser corregidas cuanto antes no solo por ilegítimo, si no porque “La autoridad que se delega, se pierde”.

*Director Nacional del PRD.