Utilidad de las tesis
Las tesis constituyen disertaciones escritas que presentan los aspirantes al título de un grado académico en una facultad. Son requisitos formales que exige la Universidad de Panamá (UP). Cada trabajo de grado tiene un valor particular, útil muchas veces como advertencia a las autoridades. ¿Cuál es el fin último de las tesis? ¿Archivarlas o que incidan en el devenir de la nación? Definitivamente, lo segundo. Podrían considerarse informes técnicos, pues siguen una metodología científica y sus autores cuentan con sus respectivos asesores, que son catedráticos con basta experiencia.
Las conclusiones y recomendaciones de las tesis o trabajos de grado son un llamado de atención a las autoridades o a la sociedad para que realicen los correctivos sobre un tema en particular. No deben caer en oídos sordos. Qué valor tendrían si jamás son acatadas y censuradas por las personas o autoridades que son afectadas Su importancia va más allá del simple requisito para graduarse, por ello me causa extrañeza que funcionarios gubernamentales no muestren un informe actualizado que contradiga las conclusiones a la que llegó la tesis "Calidad microbiológica del agua de las piscinas Patria, Adán Gordón y Curundú. Ciudad de Panamá", elaborada por las licenciadas Dayamara I. Batista y Janell J. Mahue. Es lo único que necesitan para que la sociedad panameña pueda respirar con tranquilidad. Si tienen el documento técnico que descarta la contaminación fecal y la presencia de agentes patógenos, todo se aclarará. Lo que no deseamos como nación es que se eleve una cortina de humo en torno al problema, que se oculte su trasfondo y aquí no ha pasado nada.
Como ésa, hay otras tesis en la UP que denuncian desde contaminación ambiental al aporte de nuevos métodos para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.
Panamá no escapa de esta realidad, ya que estudios e investigaciones señalan que entre las peores formas de trabajo infantil están en el sector agrícola, en la recolección de café, en los cañaverales, en labores domésticas (más de 9,300) y en la explotación sexual comercial.
Esa situación es intolerable porque el trabajo infantil violenta derechos humanos fundamentales de la niñez, como son su derecho a la vida, a ser considerados como niños o niñas, su derecho a crecer y desarrollarse en familia, su derecho a ser protegidos contra la explotación económica y sexual, a ser protegidos contra los malos tratos y las drogas, su derecho a la educación y a la formación.
Panamá ha firmado y ratificado los diversos convenios, tratados y protocolos relacionados con la protección de la niñez y la adolescencia, entre ellos, la Convención de los derechos de la niñez, los convenios 138, 182 y 190 de la OIT, lo que lo obliga a honrar los compromisos en la lucha por eliminar el trabajo infantil. Para ello debe contar con una política nacional homogénea para erradicar el trabajo infantil, lo que implica establecer medidas estructurales de largo plazo, entre ellas, aumentar de manera sostenida la inversión en educación pública de calidad; ampliar la cobertura de la protección social y mejorar las políticas que aseguren el trabajo decente para las personas adultas.
A corto y mediano plazo el gobierno panameño debe establecer un programa de duración determinada, que se traduzcan en acciones concretas al menos en áreas estratégicas, a través de una Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, con una política nacional que incluya la estadística, la legislación, la creación de sistemas de monitoreo e inspección, el fortalecimiento de agentes sociales, la focalización de programas de acción directa y creación de observatorios nacionales para medir la reducción del trabajo infantil y los avances de las políticas nacionales.
Para lograr la erradicación del trabajo infantil, el Gobierno debe pasar de las palabras a los hechos; para ello cuenta con el apoyo técnico permanente de OIT/IPEC. En esta tarea deben sumarse las organizaciones no gubernamentales, empleadores y trabajadores/as. Es cuestión de voluntad política.
Porque los niños y las niñas son el futuro de Panamá, luchemos por dignificar su presente, y como dice la OIT/IPEC: "No dejemos que barran sus sueños. Detengamos la explotación de niñas, niños y adolescentes en trabajo doméstico fuera de sus hogares".
Las conclusiones y recomendaciones de las tesis o trabajos de grado son un llamado de atención a las autoridades o a la sociedad para que realicen los correctivos sobre un tema en particular. No deben caer en oídos sordos. Qué valor tendrían si jamás son acatadas y censuradas por las personas o autoridades que son afectadas Su importancia va más allá del simple requisito para graduarse, por ello me causa extrañeza que funcionarios gubernamentales no muestren un informe actualizado que contradiga las conclusiones a la que llegó la tesis "Calidad microbiológica del agua de las piscinas Patria, Adán Gordón y Curundú. Ciudad de Panamá", elaborada por las licenciadas Dayamara I. Batista y Janell J. Mahue. Es lo único que necesitan para que la sociedad panameña pueda respirar con tranquilidad. Si tienen el documento técnico que descarta la contaminación fecal y la presencia de agentes patógenos, todo se aclarará. Lo que no deseamos como nación es que se eleve una cortina de humo en torno al problema, que se oculte su trasfondo y aquí no ha pasado nada.
Como ésa, hay otras tesis en la UP que denuncian desde contaminación ambiental al aporte de nuevos métodos para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.
Panamá no escapa de esta realidad, ya que estudios e investigaciones señalan que entre las peores formas de trabajo infantil están en el sector agrícola, en la recolección de café, en los cañaverales, en labores domésticas (más de 9,300) y en la explotación sexual comercial.
Esa situación es intolerable porque el trabajo infantil violenta derechos humanos fundamentales de la niñez, como son su derecho a la vida, a ser considerados como niños o niñas, su derecho a crecer y desarrollarse en familia, su derecho a ser protegidos contra la explotación económica y sexual, a ser protegidos contra los malos tratos y las drogas, su derecho a la educación y a la formación.
Panamá ha firmado y ratificado los diversos convenios, tratados y protocolos relacionados con la protección de la niñez y la adolescencia, entre ellos, la Convención de los derechos de la niñez, los convenios 138, 182 y 190 de la OIT, lo que lo obliga a honrar los compromisos en la lucha por eliminar el trabajo infantil. Para ello debe contar con una política nacional homogénea para erradicar el trabajo infantil, lo que implica establecer medidas estructurales de largo plazo, entre ellas, aumentar de manera sostenida la inversión en educación pública de calidad; ampliar la cobertura de la protección social y mejorar las políticas que aseguren el trabajo decente para las personas adultas.
A corto y mediano plazo el gobierno panameño debe establecer un programa de duración determinada, que se traduzcan en acciones concretas al menos en áreas estratégicas, a través de una Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, con una política nacional que incluya la estadística, la legislación, la creación de sistemas de monitoreo e inspección, el fortalecimiento de agentes sociales, la focalización de programas de acción directa y creación de observatorios nacionales para medir la reducción del trabajo infantil y los avances de las políticas nacionales.
Para lograr la erradicación del trabajo infantil, el Gobierno debe pasar de las palabras a los hechos; para ello cuenta con el apoyo técnico permanente de OIT/IPEC. En esta tarea deben sumarse las organizaciones no gubernamentales, empleadores y trabajadores/as. Es cuestión de voluntad política.
Porque los niños y las niñas son el futuro de Panamá, luchemos por dignificar su presente, y como dice la OIT/IPEC: "No dejemos que barran sus sueños. Detengamos la explotación de niñas, niños y adolescentes en trabajo doméstico fuera de sus hogares".
