Valor estratégico de la reforma fiscal
El ahorro en el gasto público y una mayor recaudación de impuestos, de acuerdo al Gobierno Nacional, dará como resultado un mejoramiento del perfil de la deuda pública. Esa es la ecuación de la reforma fiscal que está sobre la mesa. Pero no es un eslabón aislado. Detrás del planteamiento teórico se identifica un proyecto estratégico de mediano y largo plazo, dentro del cual la reforma fiscal representa el paso inmediato a seguir.
Ante el país se abre un espacio de tiempo y de oportunidad. Hay dos caminos. Uno es seguir con más de lo mismo. El abultamiento de la planilla estatal y el endeudamiento excesivo, uno siendo consecuencia del otro, condena al Estado a una asfixia en su capacidad operativa y reduce sus posibilidades de mayor y mejor inversión social. La realidad es que no puede sacarse agua de un pozo con un cubo roto.
El otro camino, el propuesto en términos conceptuales por el presidente Martín Torrijos y elaborado en detalle por su equipo económico, es el de redefinir a partir de una amplia consulta la forma de administrar el desarrollo nacional.
En la revisión del actual modelo económico, generador de desigualdades, la reforma fiscal es uno de los pilares fundamentales como instrumento para ordenar las finanzas públicas e impulsar políticas orientadas hacia la redistribución de la riqueza nacional. La propuesta del Gobierno Nacional, como ha sido divulgada, es reducir el tamaño del Estado en forma gradual para no incrementar los índices de desempleo por su efecto contraproducente para la economía. También se propone mejorar la calidad de la inversión social para que su alta rentabilidad contribuya a reducir la pobreza.
No se trata de un hecho aislado. La reforma fiscal busca preparar al país para nuevos escenarios y nuevas redefiniciones en lo relativo a políticas públicas, no solo en lo económico y social. El proyecto integral tiene que ver, entre otros aspectos, con la administración de los recursos naturales y humanos como bienes estratégicos, políticas de producción, estrategias energéticas, de integración comercial y de relaciones con la comunidad internacional, en un ejercicio de repensar el mundo desde la perspectiva nacional.
El equipo económico oficial estima que la reforma fiscal, más el ingrediente de ahorro del gasto público, reduciría la demanda de financiamiento externo. Esos ahorro y los nuevos ingresos contribuirían a una futura estrategia de recompra y de reestructuración de la deuda externa para hacerla más homogénea. Además, estaría acompañada de un desempeño fiscal que a mediano plazo equilibraría el gasto público y la inversión social.
Uno de los objetivos buscados sería acercar a Panamá a la calificación de riesgo con grado de inversión con el consecuente resultado de un financiamiento internacional más barato. Además haría más atractivo el país para las inversiones extranjeras por el menor riesgo y la mayor rentabilidad.
Mientras tanto, en el proceso de aprobación de la reforma fiscal, el equipo económico debería velar por reducir el efecto cascada de la nueva política impositiva y no recargar a la clase media y los sectores populares. El Estado tiene, por otro lado, que garantizar la previsibilidad a quienes están dispuestos a asumir riesgos para generar producción y empleo. Acciones en esa dirección, acompañadas por un uso transparente de la recaudación y una mayor efectividad por parte del Estado, contribuirían a sincerar el debate en torno a la gobernabilidad y la responsabilidad común en materia social.
No será fácil alcanzar acuerdos cuando la reforma fiscal afecta a sectores que se resisten a que se les reduzca su control monopólico sobre la riqueza del país. Esos poderes fácticos parecieran carecer de ideales para trabajar en forma continua a favor de la evolución de una mayoría empobrecida de panameños. Esa resistencia de empresarios conservadores y políticos ortodoxos ha sido trasladada a la Asamblea Nacional de Diputados. Allí, los diputados empresarios y los políticos emplanillados por el sector privado, tratarán de evitar la consolidación de un proyecto de justicia social y democracia económica y política con equidad.
Toda política económica que ayude a atemperar los ciclos económicos contribuirá a atenuar los conflictos sociales y políticos. En el caso de Panamá, no puede permitirse que las condiciones sociales y económicas continúen degradándose. Un desbordamiento social, como lo advirtió Torrijos, pondría en peligro la paz y la convivencia. Desde una síntesis teórica del pensamiento nacional, el valor estratégico de la reforma fiscal representa la oportunidad de construir una convergencia histórica, lo más amplia e incluyente posible, entre todos los panameños.
Ante el país se abre un espacio de tiempo y de oportunidad. Hay dos caminos. Uno es seguir con más de lo mismo. El abultamiento de la planilla estatal y el endeudamiento excesivo, uno siendo consecuencia del otro, condena al Estado a una asfixia en su capacidad operativa y reduce sus posibilidades de mayor y mejor inversión social. La realidad es que no puede sacarse agua de un pozo con un cubo roto.
El otro camino, el propuesto en términos conceptuales por el presidente Martín Torrijos y elaborado en detalle por su equipo económico, es el de redefinir a partir de una amplia consulta la forma de administrar el desarrollo nacional.
En la revisión del actual modelo económico, generador de desigualdades, la reforma fiscal es uno de los pilares fundamentales como instrumento para ordenar las finanzas públicas e impulsar políticas orientadas hacia la redistribución de la riqueza nacional. La propuesta del Gobierno Nacional, como ha sido divulgada, es reducir el tamaño del Estado en forma gradual para no incrementar los índices de desempleo por su efecto contraproducente para la economía. También se propone mejorar la calidad de la inversión social para que su alta rentabilidad contribuya a reducir la pobreza.
No se trata de un hecho aislado. La reforma fiscal busca preparar al país para nuevos escenarios y nuevas redefiniciones en lo relativo a políticas públicas, no solo en lo económico y social. El proyecto integral tiene que ver, entre otros aspectos, con la administración de los recursos naturales y humanos como bienes estratégicos, políticas de producción, estrategias energéticas, de integración comercial y de relaciones con la comunidad internacional, en un ejercicio de repensar el mundo desde la perspectiva nacional.
El equipo económico oficial estima que la reforma fiscal, más el ingrediente de ahorro del gasto público, reduciría la demanda de financiamiento externo. Esos ahorro y los nuevos ingresos contribuirían a una futura estrategia de recompra y de reestructuración de la deuda externa para hacerla más homogénea. Además, estaría acompañada de un desempeño fiscal que a mediano plazo equilibraría el gasto público y la inversión social.
Uno de los objetivos buscados sería acercar a Panamá a la calificación de riesgo con grado de inversión con el consecuente resultado de un financiamiento internacional más barato. Además haría más atractivo el país para las inversiones extranjeras por el menor riesgo y la mayor rentabilidad.
Mientras tanto, en el proceso de aprobación de la reforma fiscal, el equipo económico debería velar por reducir el efecto cascada de la nueva política impositiva y no recargar a la clase media y los sectores populares. El Estado tiene, por otro lado, que garantizar la previsibilidad a quienes están dispuestos a asumir riesgos para generar producción y empleo. Acciones en esa dirección, acompañadas por un uso transparente de la recaudación y una mayor efectividad por parte del Estado, contribuirían a sincerar el debate en torno a la gobernabilidad y la responsabilidad común en materia social.
No será fácil alcanzar acuerdos cuando la reforma fiscal afecta a sectores que se resisten a que se les reduzca su control monopólico sobre la riqueza del país. Esos poderes fácticos parecieran carecer de ideales para trabajar en forma continua a favor de la evolución de una mayoría empobrecida de panameños. Esa resistencia de empresarios conservadores y políticos ortodoxos ha sido trasladada a la Asamblea Nacional de Diputados. Allí, los diputados empresarios y los políticos emplanillados por el sector privado, tratarán de evitar la consolidación de un proyecto de justicia social y democracia económica y política con equidad.
Toda política económica que ayude a atemperar los ciclos económicos contribuirá a atenuar los conflictos sociales y políticos. En el caso de Panamá, no puede permitirse que las condiciones sociales y económicas continúen degradándose. Un desbordamiento social, como lo advirtió Torrijos, pondría en peligro la paz y la convivencia. Desde una síntesis teórica del pensamiento nacional, el valor estratégico de la reforma fiscal representa la oportunidad de construir una convergencia histórica, lo más amplia e incluyente posible, entre todos los panameños.
