Venezuela: el "no" de los empresarios
Caracas (AIPE) - Por definición, a los verdaderos empresarios no les interesa el juego político. Quienes de verdad ejercen la actividad empresarial están demasiado ocupados lidiando con la competencia, mejorando la productividad, buscando nuevas oportunidades, desarrollando nuevos productos, enfrentando la caída de la demanda y haciendo esfuerzos por reducir su endeudamiento para interesarse por el mundo político. Lamentablemente, en Venezuela los empresarios nos vemos obligados a interesarnos por los asuntos de alta política y perder así horas de trabajo que podríamos dedicar a nuestras empresas.
En Venezuela, una intelectualidad mayoritariamente marxista de convicción ha dominado la formulación de normas y leyes desde hace 40 años. Ya la Constitución de 1961 les parecía a los empresarios de entonces intervencionista, estatista y controladora. Luego vendrían los años de los controles de precios, de la estatización de la industria petrolera, del aluminio, del hierro, de las empresas eléctricas de la provincia, de la distribución de café y cacao, etcétera. Después tuvimos los controles de cambio, la inamovilidad laboral, la Ley de Costos, Precios y Salarios y los aumentos compulsivos de salario. Todas estas medidas, desconocidas en su mayoría en el mundo desarrollado (industrializado), obligaron a los empresarios a participar en temas normalmente reservados para los políticos, simplemente con el objetivo de defender la viabilidad de sus empresas ante el acoso del dogma socialista.
Hoy los empresarios agrupados en nuestra cúpula, la Federación de Cámaras de Comercio y Producción, Fedecámaras, hemos decidido participar activamente en referéndum del 15 de diciembre, instando a votar NO al proyecto de Constitución que le cambia el nombre a la nación, atendiendo el llamado de nuestra conciencia, no para defender nuestros intereses particulares como lo hemos hecho en el pasado, sino para defender los intereses de la patria. Ningún empresario serio tiene interés en presentar un proyecto político alternativo al del presidente Hugo Chávez,
eso le toca a las organizaciones políticas de oposición, nuevas o moribundas. Nuestro interés radica en defender la viabilidad futura del sistema democrático y de la economía nacional, sean los gobiernos de izquierda o de derecha. Al ignorar las observaciones del sector privado al proyecto de Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente no nos dejó otra opción que la de oponernos a un proyecto que analizado en su conjunto resultaría nefasto para Venezuela.
Fedecámaras ha razonado detenidamente su rechazo al proyecto constitucional, detallando cada una de las objeciones efectuadas a más de 60 artículos. Aquí me referiré sólo a tres artículos del ámbito laboral y social considerados por Fedecámaras como entre los más perjudiciales:
El presupuesto de la nación para el año 2000 tendrá que ser incrementado en aproximadamente dos billones de bolívares (un incremento del 11%) sólo para cumplir con la obligación constitucional de otorgar los beneficios de la seguridad social a las amas de casa y a aquellos ciudadanos que siendo mayores de 65 años nunca cotizaron al Seguro Social (artículo 86).
El artículo 93 establece que: "La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos". ¿Podrán los empleadores despedir a alguien a partir del 16 de diciembre sin efectuar un largo y costoso proceso de calificación de despido? ¿Se podrá ejecutar despido alguno? No lo sabemos. Mientras lo averiguamos, muy probablemente los patronos se abstendrán de contratar a nadie, y el resultado se verá en cifras de desempleo dramáticas.
Las disposiciones transitorias obligan a la nueva Asamblea Nacional, que sustituiría al Congreso, a promulgar una reforma a la Ley Orgánica del Trabajo, con el fin específico de modificar el actual régimen de prestaciones sociales. A diferencia de lo que ocurrió en 1997, cuando todos los venezolanos sabían que las discusiones de la Comisión Tripartita tenían como objetivo eliminar las distorsiones causadas por el cálculo retroactivo de la prestación de antigüedad, en esta oportunidad todo hace suponer que la reforma legal tendría como objetivo restablecer alguna forma de recálculo. Los empleadores, actuando racionalmente, reaccionarán congelando las nóminas en sus niveles actuales, o incluso reduciéndolas.
Los señores constituyentes no nos dejaron otra opción. Actuando honestamente, de acuerdo con nuestras convicciones, tenemos que instar al país a votar NO.
En Venezuela, una intelectualidad mayoritariamente marxista de convicción ha dominado la formulación de normas y leyes desde hace 40 años. Ya la Constitución de 1961 les parecía a los empresarios de entonces intervencionista, estatista y controladora. Luego vendrían los años de los controles de precios, de la estatización de la industria petrolera, del aluminio, del hierro, de las empresas eléctricas de la provincia, de la distribución de café y cacao, etcétera. Después tuvimos los controles de cambio, la inamovilidad laboral, la Ley de Costos, Precios y Salarios y los aumentos compulsivos de salario. Todas estas medidas, desconocidas en su mayoría en el mundo desarrollado (industrializado), obligaron a los empresarios a participar en temas normalmente reservados para los políticos, simplemente con el objetivo de defender la viabilidad de sus empresas ante el acoso del dogma socialista.
Hoy los empresarios agrupados en nuestra cúpula, la Federación de Cámaras de Comercio y Producción, Fedecámaras, hemos decidido participar activamente en referéndum del 15 de diciembre, instando a votar NO al proyecto de Constitución que le cambia el nombre a la nación, atendiendo el llamado de nuestra conciencia, no para defender nuestros intereses particulares como lo hemos hecho en el pasado, sino para defender los intereses de la patria. Ningún empresario serio tiene interés en presentar un proyecto político alternativo al del presidente Hugo Chávez,
eso le toca a las organizaciones políticas de oposición, nuevas o moribundas. Nuestro interés radica en defender la viabilidad futura del sistema democrático y de la economía nacional, sean los gobiernos de izquierda o de derecha. Al ignorar las observaciones del sector privado al proyecto de Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente no nos dejó otra opción que la de oponernos a un proyecto que analizado en su conjunto resultaría nefasto para Venezuela.
Fedecámaras ha razonado detenidamente su rechazo al proyecto constitucional, detallando cada una de las objeciones efectuadas a más de 60 artículos. Aquí me referiré sólo a tres artículos del ámbito laboral y social considerados por Fedecámaras como entre los más perjudiciales:
El presupuesto de la nación para el año 2000 tendrá que ser incrementado en aproximadamente dos billones de bolívares (un incremento del 11%) sólo para cumplir con la obligación constitucional de otorgar los beneficios de la seguridad social a las amas de casa y a aquellos ciudadanos que siendo mayores de 65 años nunca cotizaron al Seguro Social (artículo 86).
El artículo 93 establece que: "La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos". ¿Podrán los empleadores despedir a alguien a partir del 16 de diciembre sin efectuar un largo y costoso proceso de calificación de despido? ¿Se podrá ejecutar despido alguno? No lo sabemos. Mientras lo averiguamos, muy probablemente los patronos se abstendrán de contratar a nadie, y el resultado se verá en cifras de desempleo dramáticas.
Las disposiciones transitorias obligan a la nueva Asamblea Nacional, que sustituiría al Congreso, a promulgar una reforma a la Ley Orgánica del Trabajo, con el fin específico de modificar el actual régimen de prestaciones sociales. A diferencia de lo que ocurrió en 1997, cuando todos los venezolanos sabían que las discusiones de la Comisión Tripartita tenían como objetivo eliminar las distorsiones causadas por el cálculo retroactivo de la prestación de antigüedad, en esta oportunidad todo hace suponer que la reforma legal tendría como objetivo restablecer alguna forma de recálculo. Los empleadores, actuando racionalmente, reaccionarán congelando las nóminas en sus niveles actuales, o incluso reduciéndolas.
Los señores constituyentes no nos dejaron otra opción. Actuando honestamente, de acuerdo con nuestras convicciones, tenemos que instar al país a votar NO.
