Venezuela: golpe a la libertad de prensa
La libertad de prensa acaba de recibir un durísimo golpe en Venezuela. La asamblea que tiene a su cargo la elaboración de la nueva Constitución de ese país ha aprobado la introducción de una norma que establece el derecho de todos los venezolanos "a la información veraz, oportuna e imparcial".
La sola lectura de ese fragmento de la futura carta constitucional es suficiente para que se advierta la gravedad del paso que se acaba de dar. Al imponer la exigencia de que la información que difunden los medios periodísticos sea veraz, oportuna e imparcial, los legisladores constituyentes han abierto el camino para que el poder político controle a su arbitrio los órganos de prensa.
Subordinar la vigencia de la libertad de prensa a requisitos y juicios de valor antojadizos y subjetivos significa lisa y llanamente quitarle todo amparo constitucional. Bastará con que el Estado considere que una determinada noticia carece de veracidad o que su difusión resulta inoportuna (o, quizá, que fue redactada sin la debida imparcialidad) para que cese la garantía que el estado de Derecho otorga a esa libertad esencial de los pueblos civilizados, sin la cual no es concebible la democracia.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó intensas gestiones para evitar que se incorporara a la constitución venezolana esa inicua disposición. Una misión especial de la SIP, integrada por algunos de los más destacados miembros de sus órganos directivos, viajó a Venezuela y se entrevistó con las autoridades y varios integrantes de la asamblea constituyente a fin de expresar su punto de vista respecto de la controvertida cláusula. La delegación no llegó a ser recibida por el presidente Hugo Chávez, pero tuvo oportunidad de dialogar con su canciller, José Vicente Rangel.
Los hombres de la SIP se entrevistaron también con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, con el ministro del Interior y con el titular del Colegio de Periodistas venezolano. Curiosamente, en la mayoría de los casos encontraron acogida favorable a sus reclamos y buena receptividad a sus planteos.
Por eso sorprende que la asamblea constituyente haya decidido, en definitiva, mantener el controvertido artículo, con lo cual ha colocado a la libertad de prensa en una situación de completa desprotección jurídica.
La opinión pública democrática de América no puede dejar de expresar su enérgico rechazo a esta insólita decisión de condicionar la libre circulación de las informaciones a la verificación de circunstancias tan vagas y discutibles como su grado de veracidad, imparcialidad u oportunidad.
La pretendida marcha del presidente Hugo Chávez hacia la construcción de una república democrática, en la que los derechos de los ciudadanos estén garantizados, ha tropezado -pues- con su primer gran escollo institucional. La sanción de una Constitución que somete a la libertad de prensa a un tutelaje extravagante, que desvirtúa su esencia, resulta inconciliable con la promesa presidencial de sentar las bases de una nación de hombres libres, que recoja los grandes ideales a cuyo amparo nacieron a la vida independiente los pueblos de América.
La sola lectura de ese fragmento de la futura carta constitucional es suficiente para que se advierta la gravedad del paso que se acaba de dar. Al imponer la exigencia de que la información que difunden los medios periodísticos sea veraz, oportuna e imparcial, los legisladores constituyentes han abierto el camino para que el poder político controle a su arbitrio los órganos de prensa.
Subordinar la vigencia de la libertad de prensa a requisitos y juicios de valor antojadizos y subjetivos significa lisa y llanamente quitarle todo amparo constitucional. Bastará con que el Estado considere que una determinada noticia carece de veracidad o que su difusión resulta inoportuna (o, quizá, que fue redactada sin la debida imparcialidad) para que cese la garantía que el estado de Derecho otorga a esa libertad esencial de los pueblos civilizados, sin la cual no es concebible la democracia.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó intensas gestiones para evitar que se incorporara a la constitución venezolana esa inicua disposición. Una misión especial de la SIP, integrada por algunos de los más destacados miembros de sus órganos directivos, viajó a Venezuela y se entrevistó con las autoridades y varios integrantes de la asamblea constituyente a fin de expresar su punto de vista respecto de la controvertida cláusula. La delegación no llegó a ser recibida por el presidente Hugo Chávez, pero tuvo oportunidad de dialogar con su canciller, José Vicente Rangel.
Los hombres de la SIP se entrevistaron también con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, con el ministro del Interior y con el titular del Colegio de Periodistas venezolano. Curiosamente, en la mayoría de los casos encontraron acogida favorable a sus reclamos y buena receptividad a sus planteos.
Por eso sorprende que la asamblea constituyente haya decidido, en definitiva, mantener el controvertido artículo, con lo cual ha colocado a la libertad de prensa en una situación de completa desprotección jurídica.
La opinión pública democrática de América no puede dejar de expresar su enérgico rechazo a esta insólita decisión de condicionar la libre circulación de las informaciones a la verificación de circunstancias tan vagas y discutibles como su grado de veracidad, imparcialidad u oportunidad.
La pretendida marcha del presidente Hugo Chávez hacia la construcción de una república democrática, en la que los derechos de los ciudadanos estén garantizados, ha tropezado -pues- con su primer gran escollo institucional. La sanción de una Constitución que somete a la libertad de prensa a un tutelaje extravagante, que desvirtúa su esencia, resulta inconciliable con la promesa presidencial de sentar las bases de una nación de hombres libres, que recoja los grandes ideales a cuyo amparo nacieron a la vida independiente los pueblos de América.
