Venezuela: sentencia primero, veredicto después
Caracas (AIPE)- Las reformas propuestas por el Ministerio del Interior al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) son objeto de una andanada de críticas. Una reforma, que hasta hace poco se esperaba se convirtiera en ley sin mucha alharaca, ha generado una acalorada controversia. Y por buena razón: las propuestas del ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Luis Alfonso Dávila, son alarmantemente reaccionarias. Estas coinciden con la escuela de justicia penal de Alicia en el país de las maravillas: la sentencia primero, el veredicto después.
El ministro echaría por tierra algunas de las disposiciones claves para la protección de las víctimas y derechos humanos que son los mejores logros del COPP. El gobierno limitaría a los delincuentes a un sólo "acuerdo reparatorio" cada tres años, limitando inútilmente los derechos de las víctimas a recibir restitución. Sin embargo, lo que más preocupa es que la propuesta autoriza a la policía a "realizar detenciones preventivas" por seis días, mientras se realizan las investigaciones. La policía tendría el poder de realizar dichas detenciones sin una orden judicial. De hecho, los sospechosos podrían ser detenidos sin que ni siquiera se notifique a un juez. Todo lo que la policía necesitaría para justificar las detenciones preventivas serían "indicios de culpabilidad", un estándar que difícilmente puede reconciliarse con el principio constitucional según el cual los sospechosos deben ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. El hecho preocupante es que esta fórmula de "indicios de culpabilidad" fue extraída directamente del altamente autoritario Código de Enjuiciamiento Criminal que antecedió al COPP.
La práctica de "detención preventiva" tiene una historia muy oscura en Venezuela. La práctica otorga a la policía una cantidad extraordinaria de poder sobre los ciudadanos comunes -poder del que se abusó con demasiada frecuencia bajo el antiguo sistema. Prácticamente cualquier cosa podía ocurrir, y de hecho ocurría, mientras los sospechosos se encontraban detenidos. Relatos de confesiones forzadas y torturas eran comunes. La policía a veces extorsionaba a los acusados solicitándoles dinero a cambio de "extraviar" las evidencias en su contra. La otra modalidad era amenazar con inventar cargos adicionales si los acusados se negaban a pagar. Las reformas reaccionarias del gobierno podrían ser un presagio del regreso de estas prácticas atroces.
Desde hace meses, el COPP ha sido objeto de una campaña implacable de difamación por aquellos que no lo comprenden. Sus disposiciones sobre derechos humanos, cuidadosamente redactadas, han sido atacadas por "atar de manos" a la policía. Principios aparentemente inobjetables, como la noción de que nadie puede ser encarcelado sin una orden judicial, han sido ridiculizados por "proteger a los criminales". De hecho, durante meses, parecía que la única razón por la que cualquier mención al COPP era para atacarlo, siendo Fernando M. Fernández, de Amnistía Internacional, la única voz que defendía con coraje el código. Las propuestas del Ministerio del Interior colocan al gobierno firmemente en esta corriente anticrítica. Las propuestas de Dávila complacen a aquellos que están ansiosos por encerrar al hampa pasando por alto despreocupadamente los derechos humanos básicos garantizados en la nueva Constitución.
El tono del debate público en Venezuela está variando de manera dramática. El vespertino Tal Cual ha comenzado a publicar editoriales de primera plana defendiendo al COPP. La Defensoría del Pueblo ha instado al congresillo a que deje reformas tan importantes a una Asamblea Nacional elegida y más legítima. Organizaciones no gubernamentales tales como Foro por la Vida han rechazado la propuesta alegando que se opone a "los principios y garantías en la nueva Constitución". Incluso Iván Rincón, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, se ha sumado a la refriega, rompiendo el protocolo judicial al denunciar públicamente como inconstitucional la propuesta para introducir de nuevo la detención preventiva.
El debate se ha mudado finalmente a la primera plana. Cada vez más, los generadores de opinión están encontrando el coraje para hablar por el COPP y la protección de los derechos humanos que son su tema central. Los venezolanos
ya no van a aceptar pasivamente la idea de justicia criminal tipo Alicia en el
país de las maravillas.
(c) www.aipenet.com
Asistente editorial, revista VenEconomía.
El ministro echaría por tierra algunas de las disposiciones claves para la protección de las víctimas y derechos humanos que son los mejores logros del COPP. El gobierno limitaría a los delincuentes a un sólo "acuerdo reparatorio" cada tres años, limitando inútilmente los derechos de las víctimas a recibir restitución. Sin embargo, lo que más preocupa es que la propuesta autoriza a la policía a "realizar detenciones preventivas" por seis días, mientras se realizan las investigaciones. La policía tendría el poder de realizar dichas detenciones sin una orden judicial. De hecho, los sospechosos podrían ser detenidos sin que ni siquiera se notifique a un juez. Todo lo que la policía necesitaría para justificar las detenciones preventivas serían "indicios de culpabilidad", un estándar que difícilmente puede reconciliarse con el principio constitucional según el cual los sospechosos deben ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. El hecho preocupante es que esta fórmula de "indicios de culpabilidad" fue extraída directamente del altamente autoritario Código de Enjuiciamiento Criminal que antecedió al COPP.
La práctica de "detención preventiva" tiene una historia muy oscura en Venezuela. La práctica otorga a la policía una cantidad extraordinaria de poder sobre los ciudadanos comunes -poder del que se abusó con demasiada frecuencia bajo el antiguo sistema. Prácticamente cualquier cosa podía ocurrir, y de hecho ocurría, mientras los sospechosos se encontraban detenidos. Relatos de confesiones forzadas y torturas eran comunes. La policía a veces extorsionaba a los acusados solicitándoles dinero a cambio de "extraviar" las evidencias en su contra. La otra modalidad era amenazar con inventar cargos adicionales si los acusados se negaban a pagar. Las reformas reaccionarias del gobierno podrían ser un presagio del regreso de estas prácticas atroces.
Desde hace meses, el COPP ha sido objeto de una campaña implacable de difamación por aquellos que no lo comprenden. Sus disposiciones sobre derechos humanos, cuidadosamente redactadas, han sido atacadas por "atar de manos" a la policía. Principios aparentemente inobjetables, como la noción de que nadie puede ser encarcelado sin una orden judicial, han sido ridiculizados por "proteger a los criminales". De hecho, durante meses, parecía que la única razón por la que cualquier mención al COPP era para atacarlo, siendo Fernando M. Fernández, de Amnistía Internacional, la única voz que defendía con coraje el código. Las propuestas del Ministerio del Interior colocan al gobierno firmemente en esta corriente anticrítica. Las propuestas de Dávila complacen a aquellos que están ansiosos por encerrar al hampa pasando por alto despreocupadamente los derechos humanos básicos garantizados en la nueva Constitución.
El tono del debate público en Venezuela está variando de manera dramática. El vespertino Tal Cual ha comenzado a publicar editoriales de primera plana defendiendo al COPP. La Defensoría del Pueblo ha instado al congresillo a que deje reformas tan importantes a una Asamblea Nacional elegida y más legítima. Organizaciones no gubernamentales tales como Foro por la Vida han rechazado la propuesta alegando que se opone a "los principios y garantías en la nueva Constitución". Incluso Iván Rincón, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, se ha sumado a la refriega, rompiendo el protocolo judicial al denunciar públicamente como inconstitucional la propuesta para introducir de nuevo la detención preventiva.
El debate se ha mudado finalmente a la primera plana. Cada vez más, los generadores de opinión están encontrando el coraje para hablar por el COPP y la protección de los derechos humanos que son su tema central. Los venezolanos
ya no van a aceptar pasivamente la idea de justicia criminal tipo Alicia en el
país de las maravillas.
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Asistente editorial, revista VenEconomía.
