Venta condicionada vs Derecho a elegir
Vender un producto bajo la condición de que el comprador adquiera otro producto distinto ("venta condicionada"), es una práctica comercial que puede atentar contra los derechos del consumidor. "Si quiere cemento, compre arena y piedra. Si desea un número bajo en la lotería, cómpreme un número alto". Específicamente, el derecho a elegir puede ser restringido por esta práctica. Este derecho implica una libertad individual para acceder a una amplia variedad de productos o servicios, para escoger aquel que más convenga a sus deseos y necesidades, bajo precios competitivos y calidad satisfactoria.
En nuestro país, existió una legislación que impedía la venta condicionada. El Decreto de Gabinete No. 60 de 7 de marzo de 1969, que creaba a la Oficina de Regulación de Precios, en su artículo decimoséptimo, señalaba que a los comerciantes o industriales les estaba prohibido exigir como condición de venta la compra adicional de artículos o especies distintos de los que el consumidor solicitaba. Las multas por la venta condicionada oscilaban de 5 a 500 balboas.
En la existencia de esta oficina reguladora de precios se daban casos de productos de primera necesidad que eran casados con otras mercancías, para que el consumidor pudiera obtenerlos. Esta situación provocaba el repudio de los consumidores, así como de las autoridades de esta entidad que eran inflexibles con esta práctica.
Es loable que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia promueva algunas modificaciones a la Ley 29 de 1996, con el objetivo que las "ventas casadas", o condicionadas de cemento y de otros productos, sean investigadas y sancionadas.
Ante el amparo de un mercado globalizado o de libre competencia, los consumidores no podemos permitir ni aceptar que los comerciantes, como condición del suministro de un artículo, exijan que sus clientes, al mismo tiempo, adquieran cualquier otro adicional.
El consumidor debe rechazar que le vendan cemento casado, porque mañana nos tratarán de vender arroz casado con un detergente, y así por el estilo. Se hace impostergable la unidad de los consumidores, porque en la medida en que se conviertan en demanda organizada, podrán hacer más viable y efectiva la defensa de sus intereses.
En Panamá es necesario unirse para incorporar en la agenda pública el derecho de niños, niñas y adolescentes de acceder a una educación gratuita, inclusiva, de calidad, con un mejor y mayor financiamiento. Sensibilizar a docentes sobre la trascendencia de su rol educador para contribuir a una educación de calidad y la relevancia del impacto de su desempeño como maestros en la vida de niños y niñas. Crear espacios de encuentro, diálogo y reflexión sobre el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir una educación de calidad donde los mismos niños, niñas y adolescentes sean los protagonistas. Que los gobiernos pongan en práctica un mecanismo permanente de rendición de cuentas y alcancen de metas que muestren los efectos de su gestión y se sometan a la auditoría social, tal como es el caso del Consejo Comarcal Anticorrupción, entre los Ngöbe Buglé.
Asumir un enfoque integral de la educación articulando todos sus niveles desde la educación en la primera infancia hasta el final de la educación secundaria o media. La educación de jóvenes y adultos, incluyendo los procesos de alfabetización de adultos, deben tener prioridad. Como parte de la campaña en Panamá, el colectivo del CEAAL presentará mañana a las 5:00 de la tarde, el estudio "Situación presente de la educación de jóvenes y adultos en Panamá", de Aleyda Terán en la Facultad de Educación de la UP.
El derecho a la educación debe ser garantizado por el ingreso y permanencia en la escuela y por el aprendizaje de todos y todas en un contexto escolar que celebra la diversidad.
Los trabajadores y las trabajadoras de la educación debes ser valorados y dignificados, con salarios, planes de carrera, desempeño y condiciones de trabajo a la altura del desafío y responsabilidad que tienen, ya que valorizar la educación es valorizarlos.
El Estado debe garantizar un financiamiento adecuado y protegido para una educación de calidad basada en valores de diversidad, inclusión, equidad y justicia.
Las políticas educativas deben ser producto del diálogo y de la construcción colectiva y permanente entre gobiernos, políticos y la sociedad civil; por ello, la mesa de Educación en la Concertación Nacional es un espacio importante que debe reforzarse. (Fuente CME/Clade)
raulleisr@hotmail.com
En nuestro país, existió una legislación que impedía la venta condicionada. El Decreto de Gabinete No. 60 de 7 de marzo de 1969, que creaba a la Oficina de Regulación de Precios, en su artículo decimoséptimo, señalaba que a los comerciantes o industriales les estaba prohibido exigir como condición de venta la compra adicional de artículos o especies distintos de los que el consumidor solicitaba. Las multas por la venta condicionada oscilaban de 5 a 500 balboas.
En la existencia de esta oficina reguladora de precios se daban casos de productos de primera necesidad que eran casados con otras mercancías, para que el consumidor pudiera obtenerlos. Esta situación provocaba el repudio de los consumidores, así como de las autoridades de esta entidad que eran inflexibles con esta práctica.
Es loable que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia promueva algunas modificaciones a la Ley 29 de 1996, con el objetivo que las "ventas casadas", o condicionadas de cemento y de otros productos, sean investigadas y sancionadas.
Ante el amparo de un mercado globalizado o de libre competencia, los consumidores no podemos permitir ni aceptar que los comerciantes, como condición del suministro de un artículo, exijan que sus clientes, al mismo tiempo, adquieran cualquier otro adicional.
El consumidor debe rechazar que le vendan cemento casado, porque mañana nos tratarán de vender arroz casado con un detergente, y así por el estilo. Se hace impostergable la unidad de los consumidores, porque en la medida en que se conviertan en demanda organizada, podrán hacer más viable y efectiva la defensa de sus intereses.
En Panamá es necesario unirse para incorporar en la agenda pública el derecho de niños, niñas y adolescentes de acceder a una educación gratuita, inclusiva, de calidad, con un mejor y mayor financiamiento. Sensibilizar a docentes sobre la trascendencia de su rol educador para contribuir a una educación de calidad y la relevancia del impacto de su desempeño como maestros en la vida de niños y niñas. Crear espacios de encuentro, diálogo y reflexión sobre el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir una educación de calidad donde los mismos niños, niñas y adolescentes sean los protagonistas. Que los gobiernos pongan en práctica un mecanismo permanente de rendición de cuentas y alcancen de metas que muestren los efectos de su gestión y se sometan a la auditoría social, tal como es el caso del Consejo Comarcal Anticorrupción, entre los Ngöbe Buglé.
Asumir un enfoque integral de la educación articulando todos sus niveles desde la educación en la primera infancia hasta el final de la educación secundaria o media. La educación de jóvenes y adultos, incluyendo los procesos de alfabetización de adultos, deben tener prioridad. Como parte de la campaña en Panamá, el colectivo del CEAAL presentará mañana a las 5:00 de la tarde, el estudio "Situación presente de la educación de jóvenes y adultos en Panamá", de Aleyda Terán en la Facultad de Educación de la UP.
El derecho a la educación debe ser garantizado por el ingreso y permanencia en la escuela y por el aprendizaje de todos y todas en un contexto escolar que celebra la diversidad.
Los trabajadores y las trabajadoras de la educación debes ser valorados y dignificados, con salarios, planes de carrera, desempeño y condiciones de trabajo a la altura del desafío y responsabilidad que tienen, ya que valorizar la educación es valorizarlos.
El Estado debe garantizar un financiamiento adecuado y protegido para una educación de calidad basada en valores de diversidad, inclusión, equidad y justicia.
Las políticas educativas deben ser producto del diálogo y de la construcción colectiva y permanente entre gobiernos, políticos y la sociedad civil; por ello, la mesa de Educación en la Concertación Nacional es un espacio importante que debe reforzarse. (Fuente CME/Clade)
raulleisr@hotmail.com
