Venta de acciones de Cable & Wireless
En 1997, el gobierno nacional retuvo para sí el 49% de las acciones del INTEL, S.A. (hoy Cable & Wireless Panama, S.A.), vendió 49% de las acciones a la telefónica inglesa Cable & Wireless, después de que ésta ofreciera en la licitación correspondiente $652 millones, y entregó sin contraprestación el restante 2% a un fideicomiso para beneficio de los empleados. El gobierno de turno busca concluir el esfuerzo privatizador del gobierno anterior, promoviendo una reforma legislativa que le permita vender las acciones que todavía retiene. Es sabia esta decisión, por múltiples motivos, entre ellos, porque elimina los conflictos que tiene el Estado como regulador y accionista importante de una entidad regulada. Nadie puede hacer las veces de regulador y regulado al mismo tiempo.
Como era de esperar, los trabajadores de la entidad privatizada, acostumbrados a recibir prebendas cada vez que el gobierno tiene una iniciativa que les afecte, aunque remotamente, se oponen a la venta de las acciones. Recientemente, parecieran haber mostrado sus motivaciones de fondo para oponerse, cuando el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Cables & Wireless, Boris Vergara, instó al gobierno de la presidenta Mireya Moscoso a que ofrezca a los empleados parte del 49% de las acciones que el Estado mantiene en la compañía telefónica. Y aunque no explicó si esperaba que las acciones fueran gratis, ni anticipó la reacción de sus compañeros, opinó que la propuesta podría ser bien recibida.
Tres años después de estar bajo administración privada, dichos trabajadores parecen no haber entendido su nuevo rol. En el sector privado, a diferencia del público, se remunera de acuerdo a mecanismos objetivos basados en elementos como productividad y no con criterios populistas ni paternalistas. Los trabajadores deben concentrarse en desempeñar bien sus tareas, hacer cumplir su convención colectiva y velar porque sus intereses estén bien servidos.
En el esquema propuesto, ellos, los trabajadores, podrían recurrir a los mercados de capital para adquirir acciones, igual que cualquier panameño o extranjero, con sus propios recursos. Pero en modo alguno deben pretender que el gobierno regale a unos pocos lo que es de todos. Cualquier postura en sentido contrario sería un atentado contra el patrimonio nacional y erosionaría los objetivos buscados con la venta de las acciones, propiedad de la República.
Como era de esperar, los trabajadores de la entidad privatizada, acostumbrados a recibir prebendas cada vez que el gobierno tiene una iniciativa que les afecte, aunque remotamente, se oponen a la venta de las acciones. Recientemente, parecieran haber mostrado sus motivaciones de fondo para oponerse, cuando el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Cables & Wireless, Boris Vergara, instó al gobierno de la presidenta Mireya Moscoso a que ofrezca a los empleados parte del 49% de las acciones que el Estado mantiene en la compañía telefónica. Y aunque no explicó si esperaba que las acciones fueran gratis, ni anticipó la reacción de sus compañeros, opinó que la propuesta podría ser bien recibida.
Tres años después de estar bajo administración privada, dichos trabajadores parecen no haber entendido su nuevo rol. En el sector privado, a diferencia del público, se remunera de acuerdo a mecanismos objetivos basados en elementos como productividad y no con criterios populistas ni paternalistas. Los trabajadores deben concentrarse en desempeñar bien sus tareas, hacer cumplir su convención colectiva y velar porque sus intereses estén bien servidos.
En el esquema propuesto, ellos, los trabajadores, podrían recurrir a los mercados de capital para adquirir acciones, igual que cualquier panameño o extranjero, con sus propios recursos. Pero en modo alguno deben pretender que el gobierno regale a unos pocos lo que es de todos. Cualquier postura en sentido contrario sería un atentado contra el patrimonio nacional y erosionaría los objetivos buscados con la venta de las acciones, propiedad de la República.
