Viabilidad de las reformas

Desde hace varios años he venido proponiendo que las reformas que necesita la Constitución Política se aprueben por el método de dos asambleas sucesivas, por ser el más expedito y el de menor costo político y económico. Como también he recordado en varias ocasiones, esa vía probó ser efectiva para introducir el título sobre el Canal; así como, en sentido contrario, resultó ineficaz la de las dos legislaturas de una misma asamblea y el referéndum, como se comprobó a comienzos de los noventas.
Otra enseñanza que han dejado anteriores intentos de reformar la Constitución es que un pliego limitado a lo esencial tiene mayores posibilidades de ser aprobado. Aprovechemos estas lecciones y apliquémoslas al proyecto de Acto Legislativo anunciado por el Presidente Electo, el pasado viernes 18 de junio.
Habida cuenta de que la actual Asamblea Legislativa terminará sus sesiones ordinarias el 30 de junio próximo, caben dos posibilidades: Una, que "a revienta cinchas" se intente aprobar, antes de que expire la legislatura ordinaria, en los tres debates que demanda el numeral 1 del artículo 308 de la Constitución, el proyecto de Acto Legislativo presentado por el legislador Wilson Navarro, en nombre del PRD; la otra, que se abra, como ha propuesto la Presidenta Moscoso, un espacio razonable para consultas y la construcción del consenso mínimo indispensable, y que luego se convoquen sesiones extraordinarias para aprobar el Acto Legislativo previamente consensuado.
Tratar de empujar en el corto tiempo que resta de la legislatura ordinaria un Acto Legislativo que comprende 18 ó 20 reformas sustantivas y los correspondientes ajustes a los textos correlacionados, no es aconsejable, pues no habría tiempo para una adecuada divulgación y explicación de los cambios propuestos y para su digestión por la ciudadanía. Esa etapa es esencial, teniendo en cuenta que la vía de las dos asambleas excluye el referéndum y, por tanto, la oportunidad de que el pueblo soberano tenga la última decisión.
La vía de las dos asambleas, por ser un proceso exclusivamente radicado en el Organo Legislativo, debe estar precedido, como condición previa, de una amplia consulta. Lo contrario se proyectaría como una imposición y no como el producto de un proceso de maduración razonada y compartida con el resto de la sociedad panameña.
Tomando como referencia los adelantos que han sido divulgados, mi primera reacción es que el proyecto de Acto Legislativo es demasiado extenso; que incluye reformas que son necesarias y que contarían con un amplio respaldo, pero que otras deben descartarse, para no dilatar ni entorpecer el consenso sobre las que son realmente medulares. En ese orden de ideas, me permito sugerir que se eliminen, de plano, temas como 1) la revocatoria de mandato matizada, pues ésta debe desaparecer del todo 2) la elección de legisladores nacionales 3) las restricciones a la postulación independiente, pues ésta debe permitirse para todos los cargos de elección, incluida la Presidencia de la República 4) la prohibición de que los funcionarios cuyo nombramiento debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa ejerzan el cargo mientras dicha ratificación esté pendiente 5) la iniciativa privativa del Tribunal Electoral para proponer reformas electorales 6) la restricción para seleccionar los suplentes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 7) la posibilidad de que la Asamblea Constituyente pueda ser convocada por el Organo Ejecutivo o la Asamblea Legislativa.
Como también he sostenido en varios escritos anteriores, creo firmemente que para poder arribar a un proyecto de Acto Legislativo que merezca consenso, éste debe ser corto, realista y responder a prioridades. Deben posponerse aspiraciones de perfecciones universalistas y establecer un orden claro sobre la importancia de las propuestas, de manera que el consenso se busque, primero, sobre las esenciales.
Para completar este comentario que no se basa en textos que todavía desconozco pero que es consecuente con las propuestas que he adelantado en escritos anteriores, me permito sugerir el siguiente orden de prioridades:

1. Reducir los legisladores y eliminar uno de los suplentes.

2. Eliminar la revocatoria de mandato

3. Eliminar las sesiones extraordinarias

4. Elegir los legisladores por circuitos provinciales

5. Establecer la libre postulación

6. Eliminar la inmunidad.

1. Eliminar la segunda vicepresidencia

2. Establecer la libre postulación

3. Establecer la doble vuelta

1. Cambiar el sistema de selección de los magistrados de la Corte Suprema. Los candidatos no deben haber pertenecido a partidos en los 5 años anteriores a su nominación y deben provenir de ternas propuestas por el Consejo Judicial, el Colegio de Abogados y las Facultades de Derecho.

2. Prohibir la designación de funcionarios del Organo Judicial como suplentes de los magistrados de la Corte Suprema.

1. Instituir el Tribunal de Cuentas, independiente de la Contraloría

2. Hacer obligatorio el referéndum sobre la ampliación del Canal, cualquiera sea el acto jurídico que se utilice para implementarla

3. Elegir a los gobernadores de las provincias. En un artículo subsiguiente detallaré mis argumentos sobre cada uno de estos aspectos.