Vida secuestrada
En 2002, un palestino herido en Afganistán es capturado en Pakistán y trasladado a una cárcel estadounidense en territorio cubano. En 2010 es enviado a España. No se trata de ficción alguna, sino de la historia de Walid Ibrahim Abu Hijazi, el primero de los cinco presos de Guantánamo con derecho a asilo en España “por razones humanitarias”. Ningún “gesto humanitario” le devolverá esos ocho años perdidos.
El Departamento de Defensa de EE.UU. aprobó su liberación de Guantánamo en 2008, pues no había cargos contra él. Su libertad llega 2 años después. Tendrá permiso de residencia y de trabajo en España.
El “gesto” del Gobierno español no exonera de responsabilidad penal a quienes hayan participado en la violación de derechos reconocidos en distintos tratados internacionales de derechos humanos. Tampoco sustituye ninguna posible reparación civil por daños de Estados infractores. Este deber de reparar y de buscar responsables no comienza ni termina con Hijazi, pues miles de detenidos han pasado por Guantánamo, por la prisión de Bagram, por Abu Ghraib y las cárceles secretas descubiertas en países de Europa del Este y otras tantas de países como Kenia y Egipto.
La llegada del ciudadano palestino a España coincide con la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de no perseguir a sus políticos que forzaron una ingeniería jurídica por parte de sus abogados para blindarse.
Tampoco se perseguirá a los abogados de la Casa Blanca que cedieron a la presión, ni a los órganos judiciales que permitieron que los poderes políticos transgredieran la separación de poderes que garantiza la independencia judicial y que garantiza el funcionamiento del Estado de Derecho.
Estados Unidos no ha actuado solo en secuestros de supuestos terroristas como el de de Abu Omar en 2003, en Milán. Participaron la CIA, la policía italiana y el Gobierno de Egipto. Así lo estima el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Consejo de Derechos Humanos advierte de que ningún supuesto “estado de excepción”, “conflicto armado” o “amenaza terrorista” suspenden derechos fundamentales.
Los Gobiernos occidentales no han estado a la altura de su teórico compromiso con esos valores. Reino Unido se ve implicado en la falsificación de pasaportes de miembros de el MOSAD para asesinar a un miembro de Hamas y España no mantiene la coherencia que caracterizó a su política exterior en los últimos 4 años de la era Bush. Con la próxima llegada de otros presos de Guantánamo a España y otros países, podrían plantearse demandas civiles y penales por violaciones de derechos humanos.
