Vidas hipotecadas
Aún no termino de convencerme en torno a la idea de que el llamado "boom inmobiliario" haya sido algo bueno para el país, visto éste desde una dimensión integralista. Aún no me persuade la idea de que los nuevos millonarios panameños realmente lo sean. Muchos de ellos disiparán las fortunas recibidas en un santiamén y "al volver la mirada atrás" ya no habrá tierra alguna que cultivar o siembro que avizorar.
De otra parte, los promotores de viviendas, locales e internacionales, han incrementado, de modo asombroso y hasta horripilante, los costos o precios de casas, apartamentos y de todo aquello que signifique habitación u oficina. Difícilmente un hombre o mujer que piensa matrimoniarse y tener prole puede tener acceso a una unidad departamental y cuando lo logra tiene que conformarse con una pequeña unidad, unos cuantos metros, en donde cuando mucho podrá pernoctar con su compañera. No hay espacio para más nada. La vida tras esas humillantes adquisiciones se les convierte en un perfecto encierro que lleva a una acentuada psicosis. Y cuando vengan los niños, los bebés, ¡ay de ellos!: no hay jardín, patio ni árbol que admirar.
Pienso en los miles y miles de panameños y panameñas que hipotecan a la banca y a las financieras sus vidas. Adquieren préstamos hipotecarios que son redimibles en plazos de 20, 25 y 30 años y hasta más. Son hombres y mujeres que llegan a la senectud llevando una pesada y tormentosa carga. Se jubilan y siguen pagando capitales más intereses.
Creo, en ese sentido, que algo debemos hacer por nuestra gente. Pensar, se me ocurre de pronto, en una legislación que considere diversos factores en aras de proteger a nuestro pueblo, a la gente que quiere casas y habitaciones dignas. Tenemos que pensar, por ejemplo, en ampliar los intereses preferenciales para la adquisición de viviendas o unidades departamentales; posibilitar que cada cierto plazo mengüen o sean reducidos los intereses tomando en consideración la responsabilidad y puntualidad demostrada por el cliente en honrar sus compromisos crediticios con el banco o la financiera; considerar, en otro caso, como tutela del Estado hacia los ciudadanos, avalúos oficiales respecto a los costos reales de una vivienda o de un departamento para evitar de este modo que sean extorsionados los adquirentes con precios e intereses exorbitantes, verdaderamente leoninos; prohibir en las contrataciones bancarias o de otra naturaleza las cláusulas que encierran verdaderas estafas y que generan hipotecas inextinguibles para las personas.
De todos modos, lo que reclamamos para nuestra gente es mejor trato en la banca y en las financieras; que se adecuen las cosas a la realidad social, salarial, de nuestro pueblo. No podemos tratar a panameños y a panameñas lo mismo a como tratamos al inversor extranjero que de pronto puede que esté llegando con la alforja llena de plata, pero nuestra gente no la tiene. Se requiere un verdadero discurso social que atempere las cosas para que reine un cierto clima de vida digna en casas dignas y asequibles.
