Vienen escándalos en la Caja
Al igual que ocurre en múltiples otras instituciones estatales, como el Banco Nacional de Panamá y el Fondo de Inversión Social, entre otros, la semana pasada se pudo conocer que la nueva administración de la Caja de Ahorros está revisando al menos una veintena de financiamientos para desarrollo inmobiliario. Hasta ahora, sólo se conoce que se trata de supuestas irregularidades en su otorgamiento.
Al parecer, todas las estructuras objeto de pesquisas involucran fideicomisos. Hasta allí, no debe haber preocupación ya que los fideicomisos, propios del sistema legal anglosajón, pero que existen en Panamá desde 1984, constituyen vehículos convenientes para mantener la propiedad de bienes y canalizar garantías de financiamientos. De hecho, a principios de los noventa, después del derrocamiento de Manuel Antonio Noriega, el gobierno central traspasó a la Caja de Ahorros, para fortalecer su balance, múltiples bienes inmuebles que fueron aportados a través de sendos fideicomisos en los que la propia Caja era fiduciario.
Según lo revelado extraoficialmente hasta ahora, algunas transacciones de esos mismos bienes pudieran estar involucrados en irregularidades. Como dijimos, la idea del aporte original era reforzar la situación financiera de la institución. Ello sólo ocurriría si los bienes se mantenían en su balance o si se vendían a terceros. Y fue esto último lo que precisamente hizo la administración anterior. Pero en vez de venderlos a terceros con sus propios recursos o financiamiento, lo hizo financiando la compra. Allí, lo que ocurrió fue que se cambió un activo por otro; la Caja de Ahorros intercambió un inmueble por un crédito hipotecario garantizado con ese mismo inmueble.
Aunque causa incomodidad, a primera vista no serían ofensivas esas transacciones. Sin embargo, serían contrarias a las prácticas bancarias si el riesgo de crédito no es bueno. En otras palabras, lo sería si el deudor no es buen crédito y si el monto financiado no guarda relación con verdadero valor de mercado del bien, ya que si no se cumple el crédito, la Caja pierde los fondos que prestó y se queda con el inmueble que tiene un valor inferior.
Ya el ex gerente general de la Caja, Carlos Raúl Piad, ripostó confirmando lo obvio: que está dispuesto a que investiguen su gestión. En realidad, no es su decisión si se hace, quién lo hace y cómo. La propia Caja de Ahorros sólo puede recabar los hechos en sus expedientes y si encuentra irregularidades deberá interponer las denuncias correspondientes, tal y como lo hizo el Banco Nacional de Panamá con Prados del Este. Esperamos en los próximos días conocer los detalles de esos financiamientos y varios otros, en los cuales supuestamente tienen intereses miembros de la Junta Directiva anterior y allegados al gobierno de Mireya Moscoso.
Al parecer, todas las estructuras objeto de pesquisas involucran fideicomisos. Hasta allí, no debe haber preocupación ya que los fideicomisos, propios del sistema legal anglosajón, pero que existen en Panamá desde 1984, constituyen vehículos convenientes para mantener la propiedad de bienes y canalizar garantías de financiamientos. De hecho, a principios de los noventa, después del derrocamiento de Manuel Antonio Noriega, el gobierno central traspasó a la Caja de Ahorros, para fortalecer su balance, múltiples bienes inmuebles que fueron aportados a través de sendos fideicomisos en los que la propia Caja era fiduciario.
Según lo revelado extraoficialmente hasta ahora, algunas transacciones de esos mismos bienes pudieran estar involucrados en irregularidades. Como dijimos, la idea del aporte original era reforzar la situación financiera de la institución. Ello sólo ocurriría si los bienes se mantenían en su balance o si se vendían a terceros. Y fue esto último lo que precisamente hizo la administración anterior. Pero en vez de venderlos a terceros con sus propios recursos o financiamiento, lo hizo financiando la compra. Allí, lo que ocurrió fue que se cambió un activo por otro; la Caja de Ahorros intercambió un inmueble por un crédito hipotecario garantizado con ese mismo inmueble.
Aunque causa incomodidad, a primera vista no serían ofensivas esas transacciones. Sin embargo, serían contrarias a las prácticas bancarias si el riesgo de crédito no es bueno. En otras palabras, lo sería si el deudor no es buen crédito y si el monto financiado no guarda relación con verdadero valor de mercado del bien, ya que si no se cumple el crédito, la Caja pierde los fondos que prestó y se queda con el inmueble que tiene un valor inferior.
Ya el ex gerente general de la Caja, Carlos Raúl Piad, ripostó confirmando lo obvio: que está dispuesto a que investiguen su gestión. En realidad, no es su decisión si se hace, quién lo hace y cómo. La propia Caja de Ahorros sólo puede recabar los hechos en sus expedientes y si encuentra irregularidades deberá interponer las denuncias correspondientes, tal y como lo hizo el Banco Nacional de Panamá con Prados del Este. Esperamos en los próximos días conocer los detalles de esos financiamientos y varios otros, en los cuales supuestamente tienen intereses miembros de la Junta Directiva anterior y allegados al gobierno de Mireya Moscoso.
