Vientos de cambios
Hay cosas, en este país, que muchos no entienden y que muchos se niegan a entender. El sacrificado, siempre, es el pueblo que media entre los intereses de pocos sobre los intereses de muchos. Por ello que, sin duda alguna, tenemos que precisar que el discurso político, jurídico y social, en nuestra sociedad, está harto viciado.
Los factores o elementos que lo vician transitan por una seria y obligada lectura de temas concernientes a: El viejo paradigma constitucional frente a los problemas de la actualidad panameña; la necesidad de consensuar un nuevo modelo constitucional –como pacto jurídico y como pacto político- en cuya elaboración converjan las reales fuerzas vivas del país y no quienes se dicen, solitarios, ser los representantes de la opinión pública panameña; la adopción de nuevas instituciones que fortalezcan el Estado de Derecho y, por otro lado, la confección de requisitorias y exigencias legales que hagan mejores a las actuales componentes de la institucionalidad patria.
Quien no quiera entender o se niegue a hacerlo, que los actuales modelos del plexo constitucional se han quedado provectos, viejos, anquilosados, desfasados, ante una nación que ha pasado la centuria, o es ciego o egoísta o simplemente advierte en los esquemas insípidos de nuestra composición orgánica del Estado, algo que le favorece o que le permite desarrollar programas y planes aviesos, egoístas, malsanos, o que, de alguna manera, le sirven a sus intereses personales.
Los llamados analistas de realidades, no pocos de ellos, han perdido de vista que la estructura actual de nuestra constitucionalidad es la que ha venido patrocinando que muchas actuaciones de los representantes de los llamados órganos o poderes del Estado, hagan lo que hacen, digan lo que dicen o que adopten actitudes o tomen de cisiones que nos parezcan autoritarias, ilegales o caprichosas.
A nadie le quepa duda que la Constitución panameña ha sido diseñada para mantener a un Órgano Ejecutivo fuerte, con ribetes de autocracia; que la justicia está elaborada de tal manera que no hay manera que en el órgano judicial se introduzca democracia participativa alguna por parte de la sociedad; que los ministerios y demás entidades autónomas y semiautónomas, del mismo modo, siguen la tónica de la autocracia. Los que ascienden al poder se hacen amigos de la Constitución; consultan la Constitución que les parece potable o buena para un programa de Gobierno ausente de la participación popular o societaria.
Simplemente, hay que decirlo, la Constitución se ha quedado atrás, para el pueblo, no para los que gobiernan. Esta situación se hace, cada día más, insostenible, impostergable. Es inminente la discusión de los temas constitucionales, empezando por una clara adopción del tema de la Constituyente que le confiera al país un nuevo paradigma constitucional cónsono con un auténtico sistema de libertades, de garantías, de verdadero escenario y ambiente democrático y que las elecciones que hace un pueblo para elegir a un gobernante sean también representativas de un poder pleno para adoptar, en el curso de un gobierno, decisiones en su beneficio y exclusivo favor.
