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Violencia, democracia y defensa del Estado


Algunos voceros de los huelguistas que se oponen a la reforma a la ley de la CSS, han sostenido que se trata de un movimiento reivindicativo, no político. Sin embargo, adopta algunas características que ponen en duda la palabra de éstos: una huelga con expresiones agresivas en las principales capitales de provincias, es decir un ejercicio nacional. Una confrontación organizada que implica el bloqueo al libre tránsito, afectando la economía y cuanta diligencia tenga que hacer un ciudadano. Pero, además, trata de sacar de los cauces democráticos, la discusión y aprobación de la reforma; imponerle directrices a la jefatura del Estado y decirle al Presidente de la República qué, cómo, cuándo y dónde debe realizar su gestión. Y si no acepta, prolongan la huelga, golpean a ciudadanos y agraden a la Policía.
Si eso no es violencia política, entonces ¿qué es? ¿Democracia? Cuidado. Hasta este martes una actitud de prudencia predominó en las autoridades, que no sólo admitieron las manifestaciones como demostraciones de democracia, sino que toleraron agresiones físicas y verbales. La propia ciudadanía, que en principio pareció aplaudir a los manifestantes, ha comenzado a expresar cansancio y disgusto ante una dirección huelguista cada vez más arrogante y distante de lo que en principio definió como "acción reivindicativa".
Tal pareciera que la extrema izquierda que está detrás de la huelga trata de aprovechar un movimiento reivindicador para impulsar una toma del poder que atente contra la democracia construida en los últimos 15 años. Es una situación que no debe ser subestimada, aun cuando Panamá no es Bolivia. Una sociedad como la nuestra puede tolerar movimientos reivindicativos, manifestaciones democrática, pero no puede permitir que el rejuego político se salga de los causes democráticamente pactados.
Irresponsablemente, la ultraizquierda vende a los trabajadores la falsa idea de que esos actos son derechos del movimiento popular, abocándolos, como han hecho siempre, en todo el continente, a situaciones de anarquía que luego derivan en confrontaciones lamentables.
Todos los sectores sociales deben tomar nota de estos acontecimientos, por que al Estado corresponde, legítimamente, la defensa estratégica de una democracia que tanto costó construir, y a la sociedad respaldarlo en esa acción.

101 años de Panamá América

 
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