Violencia Intrafamiliar
Cuando tales hechos se hacen contra menores de edad, se registran aparte, dentro del concepto especial de violencia contra la niñez y la adolescencia, que tiene otro tratamiento.
A primera vista, las cifras en San Miguelito lucen escasas, para un distrito de más de medio millón de almas, en un ambiente físico y social de conocida precariedad, promiscuidad, hacinamiento y delincuencia. Es, por tanto, evidente que la inmensa mayoría de casos no se reportan.
En los últimos años, se han incrementado las campañas tendientes a combatir ese flagelo que concierne no sólo a hombres y mujeres, sino también a la familia en su conjunto. La política de "cero tolerancia" frente al problema es atinada. Ningún miembro de la familia, suegros, padres, tíos, primos, vecinos y hermanos, debe guardar silencio ni neutralidad.
La presión social y familiar, por su fuerza, puede ayudar en ese sentido a prevenir y combatir dicho mal. Pero si alguna esperanza real de ponerle fin existe, es a largo plazo, siempre que se logre, a nivel de la crianza de los niños a temprana edad, inculcar la repulsa a todo tipo de violencia contra el sexo opuesto y el más absoluto respeto por la persona de cada cual. Y en ese sentido, juega el papel fundamental la madre, dada la estructura familiar panameña.
Si las madres siguen fomentando el machismo a sus hijos varones, haciéndolos sentir superiores sobre sus hermanas, el maltrato continuará. Excluirlo de las tareas domésticas, darle las mejores porciones de la comida y dispensarle un trato discriminatorio y privilegiado, es ruta garantizada hacia la desigualdad y el maltrato. A la inversa, un movimiento pendular en sentido opuesto, en procura de un feminismo mal entendido, es similar.
Tras la violencia intrafamilar subyace el germen de un absurdo sentido de superioridad y apropiación personal del supuesto ser amado, cual si se tratara de un objeto de nuestra pertenencia. En ese sentido, es válido el concepto contractual de la unión hombre mujer, entendida como una libre y voluntaria coincidencia de voluntades, en forma de consentimiento, en cuya ausencia - previa o ulterior -, ninguno tiene derecho a someter o reprimir al otro contra su deseo, y menos por la fuerza. Cierto que hay mutuas obligaciones y responsabilidades, pero el cumplimiento de éstas en modo alguno deben erigirse en pretexto válido para ejercer violencia de ningún tipo.
Los costos de la prueba para medir el rendimiento del sistema depende del tamaño del país, señala Ferrer, además de que hay que agregar los gastos de equipos tecnológicos, y el viaje de los encuestadores al interior del país, así como la impresión de las pruebas y su diseño.
Destaca que muchos países logran ahorrar costos en este sentido porque tienen personal permanente para aplicar las pruebas y no requieren el nombramiento de nuevas personas para esa tarea.
En Panamá se requeriría menos del uno por ciento del presupuesto del Ministerio de Educación para los costos de las pruebas debido a que parte de los gastos ya están cubierto por el mismo sistema como educadores, supervisores, locales, etcétera.
Es la pregunta del millón, comenta Arregui ya que existen en el hemisferio ministerios de Educación que aplican las pruebas y nadie duda de los resultados divulgados por el alto nivel de confiabilidad que tienen en la población.
No obstante, señala que en otras naciones para evitar acusaciones de manipulación de los resultados se ha adoptado por contratar agencias o instituciones independientes.
Arregui lamenta que a pesar de que una entidad independiente aplique las pruebas el Estado, a través del Ministerio de Educación, se guarda el derecho de no revelar los datos o interrumpe el financiamiento económico a la entidad contratada, lo que hace morir el proyecto.
Para Arregui lo más importante de contar con una evaluación del sistema es que obliga a definir prioridades para mejorar el aprendizaje y se envía un mensaje positivo a la población de que se está valorando a la educación.
En segundo lugar, se desarrolla una actitud científica hacia el quehacer educativo, sin cuestiones de ideología y de marcos teóricos, sino saber qué funciona y qué no funciona y tener alguna medida objetiva para tomar correctivos, explicó.
Denunció que en muchos países se cambia de curriculum cada año, se modifican las políticas y prioridades, pero nunca se tiene una evidencia sólida de cómo eso afectó el aprendizaje, que es el fondo lo que debería interesar.
El hacer pruebas te da la posibilidad de tener una medida de aprendizaje concreta, además despierta el espíritu evaluativo y permite hacer las adecuaciones y modificaciones al sistema educativo en base a información confirmada.
A primera vista, las cifras en San Miguelito lucen escasas, para un distrito de más de medio millón de almas, en un ambiente físico y social de conocida precariedad, promiscuidad, hacinamiento y delincuencia. Es, por tanto, evidente que la inmensa mayoría de casos no se reportan.
En los últimos años, se han incrementado las campañas tendientes a combatir ese flagelo que concierne no sólo a hombres y mujeres, sino también a la familia en su conjunto. La política de "cero tolerancia" frente al problema es atinada. Ningún miembro de la familia, suegros, padres, tíos, primos, vecinos y hermanos, debe guardar silencio ni neutralidad.
La presión social y familiar, por su fuerza, puede ayudar en ese sentido a prevenir y combatir dicho mal. Pero si alguna esperanza real de ponerle fin existe, es a largo plazo, siempre que se logre, a nivel de la crianza de los niños a temprana edad, inculcar la repulsa a todo tipo de violencia contra el sexo opuesto y el más absoluto respeto por la persona de cada cual. Y en ese sentido, juega el papel fundamental la madre, dada la estructura familiar panameña.
Si las madres siguen fomentando el machismo a sus hijos varones, haciéndolos sentir superiores sobre sus hermanas, el maltrato continuará. Excluirlo de las tareas domésticas, darle las mejores porciones de la comida y dispensarle un trato discriminatorio y privilegiado, es ruta garantizada hacia la desigualdad y el maltrato. A la inversa, un movimiento pendular en sentido opuesto, en procura de un feminismo mal entendido, es similar.
Tras la violencia intrafamilar subyace el germen de un absurdo sentido de superioridad y apropiación personal del supuesto ser amado, cual si se tratara de un objeto de nuestra pertenencia. En ese sentido, es válido el concepto contractual de la unión hombre mujer, entendida como una libre y voluntaria coincidencia de voluntades, en forma de consentimiento, en cuya ausencia - previa o ulterior -, ninguno tiene derecho a someter o reprimir al otro contra su deseo, y menos por la fuerza. Cierto que hay mutuas obligaciones y responsabilidades, pero el cumplimiento de éstas en modo alguno deben erigirse en pretexto válido para ejercer violencia de ningún tipo.
Los costos de la prueba para medir el rendimiento del sistema depende del tamaño del país, señala Ferrer, además de que hay que agregar los gastos de equipos tecnológicos, y el viaje de los encuestadores al interior del país, así como la impresión de las pruebas y su diseño.
Destaca que muchos países logran ahorrar costos en este sentido porque tienen personal permanente para aplicar las pruebas y no requieren el nombramiento de nuevas personas para esa tarea.
En Panamá se requeriría menos del uno por ciento del presupuesto del Ministerio de Educación para los costos de las pruebas debido a que parte de los gastos ya están cubierto por el mismo sistema como educadores, supervisores, locales, etcétera.
Es la pregunta del millón, comenta Arregui ya que existen en el hemisferio ministerios de Educación que aplican las pruebas y nadie duda de los resultados divulgados por el alto nivel de confiabilidad que tienen en la población.
No obstante, señala que en otras naciones para evitar acusaciones de manipulación de los resultados se ha adoptado por contratar agencias o instituciones independientes.
Arregui lamenta que a pesar de que una entidad independiente aplique las pruebas el Estado, a través del Ministerio de Educación, se guarda el derecho de no revelar los datos o interrumpe el financiamiento económico a la entidad contratada, lo que hace morir el proyecto.
Para Arregui lo más importante de contar con una evaluación del sistema es que obliga a definir prioridades para mejorar el aprendizaje y se envía un mensaje positivo a la población de que se está valorando a la educación.
En segundo lugar, se desarrolla una actitud científica hacia el quehacer educativo, sin cuestiones de ideología y de marcos teóricos, sino saber qué funciona y qué no funciona y tener alguna medida objetiva para tomar correctivos, explicó.
Denunció que en muchos países se cambia de curriculum cada año, se modifican las políticas y prioridades, pero nunca se tiene una evidencia sólida de cómo eso afectó el aprendizaje, que es el fondo lo que debería interesar.
El hacer pruebas te da la posibilidad de tener una medida de aprendizaje concreta, además despierta el espíritu evaluativo y permite hacer las adecuaciones y modificaciones al sistema educativo en base a información confirmada.
