Violencia y elecciones de 1999
La escalada de violencia que ensombrece al país en las últimas semanas de 1998 es un augurio nocivo para las elecciones generales de mayo de 1999. La promesa de Pérez Balladares de garantizar elecciones imparciales se contradice, primero, con el nombramiento de un Fiscal Electoral que pertenece al PRD y es persona de su entorno personal, y segundo, con el uso excesivo de la fuerza pública para acallar protestas populares contra la política de privatización. Dentro de ese clima de autoridades electorales de dudosa neutralidad y de atizamiento oficial de la violencia, no bastan las palabras sino se requieren hechos concretos para asegurar el clima de paz de los comicios.
Diversos dirigentes de la oposición exteriorizan justificadamente su preocupación por la ruptura del ambiente de paz y seguridad ciudadana, indispensables para la realización de una consulta popular democrática y libre. El artículo 185 del Código Electoral establece que seis días antes de las elecciones y hasta la proclamación del Presidente de la República, la Fuerza Pública se pondrá a órdenes del Tribunal Electoral a fin de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular.
Pero ante la ola de violencia provocada principalmente por la reluctancia dogmática del gobierno a no discutir cambios económicos que alteran la estructura del Estado, la inquietud social podría extenderse hasta la fecha misma de las elecciones.
En el contexto político nacional se distinguen tres frentes no partidarios de oposición a la política económica gubernamental: sindicatos obreros, maestros y universitarios. Son tres sectores entrenados en la agitación callejera y en capacidad de convocatoria popular. Existen elementos de información que permiten consignar que la agitación persistirá si se concreta la privatización del IDAAN, en el mes de abril, es decir a un mes de las elecciones. Frente a esa perspectiva de agitación, a todas luces inconveniente, el gobierno, en sujeción a su responsabilidad constitucional de preservar el orden público, ya debe estar convencido que la violencia trae la violencia y que, por consiguiente, está deteriorando, inconsciente o conscientemente, las garantías de paz y seguridad que deben enmarcar las próximas elecciones.
El autoritarismo es el ejercicio del poder sin restricciones, aunque en el presente tal ya no reviste las formas crudas del pasado, vale decir disolviendo congresos, sino suplantando las formas del orden jurídico. Un hombre o un grupo de personas de su confianza asumen la facultad de utilizar la fuerza coercitiva del aparato policial, so pretexto de mantener el orden público. Un Organo Ejecutivo sin el contrapeso de un Legislativo independiente y fiscalizador, puede llevar a la disolución del sistema pluralista y al abuso del poder de los mismos elementos partidarios. La historia está preñada de capítulos parecidos al que empieza a perfilarse en el panorama nacional.
Diversos dirigentes de la oposición exteriorizan justificadamente su preocupación por la ruptura del ambiente de paz y seguridad ciudadana, indispensables para la realización de una consulta popular democrática y libre. El artículo 185 del Código Electoral establece que seis días antes de las elecciones y hasta la proclamación del Presidente de la República, la Fuerza Pública se pondrá a órdenes del Tribunal Electoral a fin de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular.
Pero ante la ola de violencia provocada principalmente por la reluctancia dogmática del gobierno a no discutir cambios económicos que alteran la estructura del Estado, la inquietud social podría extenderse hasta la fecha misma de las elecciones.
En el contexto político nacional se distinguen tres frentes no partidarios de oposición a la política económica gubernamental: sindicatos obreros, maestros y universitarios. Son tres sectores entrenados en la agitación callejera y en capacidad de convocatoria popular. Existen elementos de información que permiten consignar que la agitación persistirá si se concreta la privatización del IDAAN, en el mes de abril, es decir a un mes de las elecciones. Frente a esa perspectiva de agitación, a todas luces inconveniente, el gobierno, en sujeción a su responsabilidad constitucional de preservar el orden público, ya debe estar convencido que la violencia trae la violencia y que, por consiguiente, está deteriorando, inconsciente o conscientemente, las garantías de paz y seguridad que deben enmarcar las próximas elecciones.
El autoritarismo es el ejercicio del poder sin restricciones, aunque en el presente tal ya no reviste las formas crudas del pasado, vale decir disolviendo congresos, sino suplantando las formas del orden jurídico. Un hombre o un grupo de personas de su confianza asumen la facultad de utilizar la fuerza coercitiva del aparato policial, so pretexto de mantener el orden público. Un Organo Ejecutivo sin el contrapeso de un Legislativo independiente y fiscalizador, puede llevar a la disolución del sistema pluralista y al abuso del poder de los mismos elementos partidarios. La historia está preñada de capítulos parecidos al que empieza a perfilarse en el panorama nacional.
