¿Y la conciencia ciudadana?
El despliegue noticioso de que dos niños panameños murieron de hambre en un pueblo interiorano de Chiriquí debiera llegar hasta lo más profundo de la conciencia de los panameños, sobre todo de aquellos encargados de gobernar y de velar por el bienestar de cada uno de sus habitantes. Lo irónico y quizás lo más indignante de este trágico suceso, es el hecho de que sea precisamente la inconsciencia de la clase gobernante la que propicie el hambre y la miseria con sus salarios astronómicos, símbolo de su desprecio por una gran mayoría de panameños agobiados por el hambre. Una prueba irrefutable de que combatir la pobreza no ha sido una prioridad para nuestros gobiernos en los últimos años lo constituye el hecho de que Panamá ha ocupado el deshonroso segundo puesto entre los países (a nivel mundial) con la peor distribución de sus riquezas. Basta citar algunos ejemplos del tipo de salario que este país en quiebra otorga a un buen porcentaje de sus colaboradores para que vivan como reyes en un paraíso de abundancia, mientras que muchos de sus habitantes, incluyendo niños, mueren como insectos devorados por el hambre.
Los miembros del Organo Legislativo disfrutan de tan altos ingresos que un solo periodo legislativo los convierte en ciudadanos adinerados para el resto de sus vidas. El dolor de un padre desempleado que no puede llevar el sustento a su hogar, la desesperación de una madre que, presa del hambre, mira desvanecerse a su hijo de inanición, son meros objetos de retórica para estos insensibles panameños cuyo epíteto de "Padres de la Patria" debiera llenarlos de vergüenza porque ningún buen padre arrebata el pan de la boca de sus hijos para lanzarlos al abismo de la marginalidad, del abandono, la desesperación y la muerte. Mas, los escuchamos hablar de justicia social y de democracia, palabras vacías de quienes no han demostrado ni un ápice de la vocación de servicio a la patria (pues más bien se sirven de ella) ni tampoco el mínimo sentimiento de simpatía por el hambre y la miseria que genera tan parcializada distribución de las riquezas.
Imaginemos, ¿cuántas canastas básicas podrían procurarse a la población indígena de Divalá, hoy azotada por el hambre, con el minúsculo salario de B/.14,000 mensuales que supuestamente devenga el presidente de la Asamblea? ¿Es esto justicia social y ejemplo de conciencia ciudadana?
Igual podríamos decir de la Defensoría del Pueblo, cuya posición se disputa un número elevado de panameños, quizás no tanto por su vocación de servicio por los ciudadanos indefensos, sino por un salario presidencial que más bien podría invertirse en defensa del derecho a sobrevivir del panameño que subsiste en condiciones infrahumanas. Un listado siquiera aproximado que revele salarios incoherentes con la condición económica del país y que incluya a los tres órganos del Estado sólo aumentaría la frustración que sentimos muchos panameños por la condición de pobreza extrema, de hambre y muerte sobre todo en las áreas rurales del país, mientras un pequeño porcentaje de "servidores públicos" se sirve alegremente de las arcas del Estado haciendo gala del más alto grado de inconsciencia social ante la tragedia de sus conciudadanos marginados.
Los miembros del Organo Legislativo disfrutan de tan altos ingresos que un solo periodo legislativo los convierte en ciudadanos adinerados para el resto de sus vidas. El dolor de un padre desempleado que no puede llevar el sustento a su hogar, la desesperación de una madre que, presa del hambre, mira desvanecerse a su hijo de inanición, son meros objetos de retórica para estos insensibles panameños cuyo epíteto de "Padres de la Patria" debiera llenarlos de vergüenza porque ningún buen padre arrebata el pan de la boca de sus hijos para lanzarlos al abismo de la marginalidad, del abandono, la desesperación y la muerte. Mas, los escuchamos hablar de justicia social y de democracia, palabras vacías de quienes no han demostrado ni un ápice de la vocación de servicio a la patria (pues más bien se sirven de ella) ni tampoco el mínimo sentimiento de simpatía por el hambre y la miseria que genera tan parcializada distribución de las riquezas.
Imaginemos, ¿cuántas canastas básicas podrían procurarse a la población indígena de Divalá, hoy azotada por el hambre, con el minúsculo salario de B/.14,000 mensuales que supuestamente devenga el presidente de la Asamblea? ¿Es esto justicia social y ejemplo de conciencia ciudadana?
Igual podríamos decir de la Defensoría del Pueblo, cuya posición se disputa un número elevado de panameños, quizás no tanto por su vocación de servicio por los ciudadanos indefensos, sino por un salario presidencial que más bien podría invertirse en defensa del derecho a sobrevivir del panameño que subsiste en condiciones infrahumanas. Un listado siquiera aproximado que revele salarios incoherentes con la condición económica del país y que incluya a los tres órganos del Estado sólo aumentaría la frustración que sentimos muchos panameños por la condición de pobreza extrema, de hambre y muerte sobre todo en las áreas rurales del país, mientras un pequeño porcentaje de "servidores públicos" se sirve alegremente de las arcas del Estado haciendo gala del más alto grado de inconsciencia social ante la tragedia de sus conciudadanos marginados.
