¿Y la descentralización?
Según el informe Estado de la Región 2008, casi 20 años después de haber sido planteada la descentralización de recursos y competencias públicas a favor de los gobiernos locales en Centroamérica, no termina de materializarse. Se muestra claramente el desequilibrio entre el discurso político a favor de la descentralización, la estructura institucional y la gestión pública realmente existente. También la democratización de los regímenes políticos municipales no ha tenido avances sustantivos durante la primera década del siglo XXI. Los impulsos descentralizadores y democratizadores de los gobiernos locales de algunos países experimentados en los años 90 han disminuido de manera sensible su intensidad.
La debilidad financiera y administrativa de los ayuntamientos constituye la principal barrera para la descentralización. En los últimos diez años, las municipalidades centroamericanas experimentaron un deterioro de sus recursos propios, debido a su creciente dependencia de las transferencias de los gobiernos centrales. Este hecho se agrava por la inexistencia de una política de descentralización de los ingresos que incentive la generación de nuevas fuentes de recursos. Además, el marco de competencias y potestades municipales no ha sufrido mayores transformaciones, lo mismo que su estructura tributaria.
En Panamá hace casi una década, los candidatos y partidos se comprometieron con la sociedad civil a impulsar la descentralización a través del Pacto por la Descentralización y el Desarrollo Local (1999) que no ha cumplido cabalmente, pero se ha ido posicionando como tema importante de la agenda de cambios que el país necesita. Hoy por hoy, los gobiernos locales panameños siguen expresando la ausencia de competencias, capacidades, representación y funciones, lo que se que explica por el centralismo existente. Se vive una sobrecarga de las demandas de la población hacia las instituciones estatales, lo que se correlaciona con el debilitamiento de la capacidad gubernamental de respuesta, lo cual genera un conjunto de desequilibrios. La excesiva centralización del poder debilita la capacidad de desarrollo autónomo de provincias, comarcas, municipios y comunidades, lo que repercute en la no satisfacción efectiva de las necesidades e intereses de la población que deben representar. Las carencias y demandas locales van en aumento, pues coinciden en la mayor parte de los casos con los sectores de pobreza. Los municipios no poseen capacidad de enfrentar la situación por su marginalidad.
El tema de la descentralización y el desarrollo local debe formar parte del debate político electoral y las agendas ciudadanas, pues es un asunto clave para el desarrollo del país, ya que es un factor de generación y distribución más equitativo de la pobreza, y es tema clave de la democracia, pues no hay desarrollo local sin participación ciudadana activa. En torno a esto, existe un proyecto de ley que debe hacerse público y debatirse ampliamente con todos los actores nacionales. Es necesario agilizar el proceso descentralizador y fortalecedor de lo local, sin permitir que se ralentice o dilate hasta el infinito.
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