¿Y la gente?
Hay quienes están cayendo en la tentación de discutir el futuro de la Caja de Seguro Social (CSS) sólo desde la perspectiva de los fríos números y nos hablan del déficit actuarial, del déficit operativo y de hacer "autosostenible" el sistema de pensiones. Para estos promotores de la reforma, desde una perspectiva individualista, el problema se reduce a garantizar que las personas reciban una pensión acorde con los aportes que realizan a un fondo de pensiones, sea público o privado o una mezcla de ambos. Para ellos, el problema de la Caja es de los asegurados y el Estado no tiene justificación alguna para asumir un compromiso solidario, aportando a la solución del problema.
A mi juicio, dichos ilustres ciudadanos, cuya opinión respeto y considero bien intencionada, no están viendo el panorama completo. Olvidan que, en principio, el objetivo de la existencia de un programa de pensiones es que los ciudadanos que llegan a la edad de jubilación tengan asegurada una fuente de sustento que les permita llevar una vida digna, cuando ya no puedan trabajar para generar un ingreso. Y en esto, el Estado tiene un claro interés: si estos ciudadanos no pueden mantenerse por sí mismos, el Estado debe encargarse de su cuidado y manutención, ya que no puede darles la espalda y condenarles a la miseria.
Desde dicha perspectiva, ¿cuántos panameños, hoy en día, han cumplido ya su edad de jubilación y no tienen derecho a una, porque nunca cotizaron o habiendo cotizado, no llenaron las cuotas suficientes? ¿Cuántos panameños no han llegado aún a la edad de jubilación, pero están fuera de la cobertura del Seguro Social? ¿Qué propondrá la reforma del Gobierno para aumentar el nivel de cobertura o al menos, garantizar que no disminuya como en efecto ha sucedido en otros países de América Latina que ya pasaron por un proceso de reformas a su programa de pensiones?
Hoy en día, un número significativo de los pensionados reciben la pensión mínima (B/. 170.00 mensual). ¿Quién puede vivir con eso en el Panamá posterior a las reformas fiscales de Catín y Martín? Si, como se escucha por ahí, la reforma que presentarán propone aumentar el número de cuotas a cotizar para tener derecho a jubilarnos y pretende también cambiar la fórmula de cálculo para desmejorar el monto de la pensión a recibir, ¿cuántos panameños más quedarán recibiendo una pensión mínima?
Si pensamos en la gente, la de carne y hueso, no la de las estadísticas, nos daremos cuenta del enorme costo social que puede conllevar, aprobar una reforma desde una visión eminentemente tecnocrática. Si pensamos en la gente y compartimos una visión del Estado como un Estado social, con la responsabilidad de atender las necesidades más básicas de su población, tenemos que concluir que, en el debate del futuro de la CSS, el rol del Estado debe ser activo y su aporte más significativo, pues de lo contrario el costo para la sociedad panameña y para las propias finanzas públicas será más alto al mediano y largo plazo, por la gran cantidad de panameños que ingresarían al sector informal o se mantendrían en éste, quedando en su edad más adulta desprotegidos totalmente. ¿Y quién tendría que asumir el costo de prestarles los servicios básicos? El Estado. He allí el dilema y el enorme reto que debemos afrontar.
En este sentido, la negativa del bipartidismo tradicional panameño-Arnulfismo y PRD- a publicar la lista de sus donantes enrarece la atmósfera política. Tampoco ayuda la negativa de facto del presidente Torrijos a divulgar los donantes de su campaña electoral y la de sus copartidarios. Para el gobierno es fácil meter la mano en el bolsillo ajeno a través de nuevos tributos. Pero no lo es divulgar los que financian sus campañas. Doble moral y doble sentido que retrata la política del presidente Torrijos. Esto es un serio obstáculo para las políticas de buen gobierno, ya que lesiona la credibilidad gubernamental.
Debemos exigir este elemental derecho de transparencia sobre la gestión pública y la utilización del dinero de los contribuyentes.
A mi juicio, dichos ilustres ciudadanos, cuya opinión respeto y considero bien intencionada, no están viendo el panorama completo. Olvidan que, en principio, el objetivo de la existencia de un programa de pensiones es que los ciudadanos que llegan a la edad de jubilación tengan asegurada una fuente de sustento que les permita llevar una vida digna, cuando ya no puedan trabajar para generar un ingreso. Y en esto, el Estado tiene un claro interés: si estos ciudadanos no pueden mantenerse por sí mismos, el Estado debe encargarse de su cuidado y manutención, ya que no puede darles la espalda y condenarles a la miseria.
Desde dicha perspectiva, ¿cuántos panameños, hoy en día, han cumplido ya su edad de jubilación y no tienen derecho a una, porque nunca cotizaron o habiendo cotizado, no llenaron las cuotas suficientes? ¿Cuántos panameños no han llegado aún a la edad de jubilación, pero están fuera de la cobertura del Seguro Social? ¿Qué propondrá la reforma del Gobierno para aumentar el nivel de cobertura o al menos, garantizar que no disminuya como en efecto ha sucedido en otros países de América Latina que ya pasaron por un proceso de reformas a su programa de pensiones?
Hoy en día, un número significativo de los pensionados reciben la pensión mínima (B/. 170.00 mensual). ¿Quién puede vivir con eso en el Panamá posterior a las reformas fiscales de Catín y Martín? Si, como se escucha por ahí, la reforma que presentarán propone aumentar el número de cuotas a cotizar para tener derecho a jubilarnos y pretende también cambiar la fórmula de cálculo para desmejorar el monto de la pensión a recibir, ¿cuántos panameños más quedarán recibiendo una pensión mínima?
Si pensamos en la gente, la de carne y hueso, no la de las estadísticas, nos daremos cuenta del enorme costo social que puede conllevar, aprobar una reforma desde una visión eminentemente tecnocrática. Si pensamos en la gente y compartimos una visión del Estado como un Estado social, con la responsabilidad de atender las necesidades más básicas de su población, tenemos que concluir que, en el debate del futuro de la CSS, el rol del Estado debe ser activo y su aporte más significativo, pues de lo contrario el costo para la sociedad panameña y para las propias finanzas públicas será más alto al mediano y largo plazo, por la gran cantidad de panameños que ingresarían al sector informal o se mantendrían en éste, quedando en su edad más adulta desprotegidos totalmente. ¿Y quién tendría que asumir el costo de prestarles los servicios básicos? El Estado. He allí el dilema y el enorme reto que debemos afrontar.
En este sentido, la negativa del bipartidismo tradicional panameño-Arnulfismo y PRD- a publicar la lista de sus donantes enrarece la atmósfera política. Tampoco ayuda la negativa de facto del presidente Torrijos a divulgar los donantes de su campaña electoral y la de sus copartidarios. Para el gobierno es fácil meter la mano en el bolsillo ajeno a través de nuevos tributos. Pero no lo es divulgar los que financian sus campañas. Doble moral y doble sentido que retrata la política del presidente Torrijos. Esto es un serio obstáculo para las políticas de buen gobierno, ya que lesiona la credibilidad gubernamental.
Debemos exigir este elemental derecho de transparencia sobre la gestión pública y la utilización del dinero de los contribuyentes.
