¿Y la prevención?

La reforma de la justicia penal de adolescentes se caracteriza siempre por aumentar el esfuerzo del Estado en colocar a las personas menores de edad en “depósitos”, siempre infrahumanos, por la mayor cantidad de tiempo que la tolerancia de la sociedad permita. Así fue en el 2003 y en el 2007, con Moscoso y con Torrijos. La reforma recién aprobada en primer debate, con la aquiescencia del Tribunal Superior de Niñez, si bien no aumenta formalmente las penas, sí se traduce en la práctica en que un mayor número de niños y adolescentes pasarán más tiempo en prisión. No se ve por ninguna parte el esfuerzo por hacer de la pena de prisión una oportunidad para reenfocar el desarrollo y crecimiento de los adolescentes. El actual mensaje se reduce a “te vamos a castigar más que antes”. No hay ninguna autoridad que tome el micrófono, que pose ante las cámaras y anuncie que los adolescentes tendrán una oportunidad para corregir su conducta. Este gobierno, como los anteriores, se mueve en la esfera mediática de anunciar represión y no en la comunicación genuina de lo que se debe hacer: fortalecer la respuesta preventiva del Estado. Los mismos diputados que aprobarán en las próximas semanas esta reforma son los que hace unos pocos meses aprobaron el Presupuesto General del Estado para el 2010, en el que se recortaron los recursos, y por tanto, las acciones de las instituciones de prevención social del delito. Más de lo mismo pues y nada de cambio.