¿Y los derechos humanos de los naso teribes?
Varias organizaciones que defienden a las comunidades, los recursos naturales y ecosistemas, y el derecho a la vida, han denunciado públicamente el atropello del cual han sido objeto los moradores de la comunidad Naso-Teribe de San San Drui, Bocas del Toro, el pasado 30 de marzo. Por ello exigen a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, que deben encarnar las aspiraciones de las comunidades, pronunciarse sobre esta inaceptable e ilegal intrusión en nuestros pueblos originarios.
Señalan que sin aviso previo, ni consideración ni contemplación de ninguna clase, unos cien policías llegaron en dos buses y, entrando con mucha fuerza, reprimieron a la comunidad originaria que aún dormía o recién se despertaba, obligando a los moradores a un desalojo forzoso de sus casas. De esta manera, hombres, mujeres, ancianos y niños, muchos en brazos de sus madres, corrieron despavoridos buscando su salvación.
La gente se refugió en una casa comunal de dos pisos, y la policía, que llegó sin ninguna orden de desalojo (que se le pidió), los sacaron a la fuerza, alegando haber sido enviados por la corregidora. Los policías destruyeron unas quince casas con todo dentro, incluyendo enseres de cocina, herramientas, ropa, abastos, y enseguida trazaron un cerco en torno a la indefensa población: Nadie entra, nadie sale. Los policías no permiten hablar a los indígenas mediante celulares ni tener comunicación alguna con sus dirigentes, abogados y otras organizaciones de la sociedad civil, teniendo que hacerlo a escondidas. Golpeados por la brutal represión, el hambre y las enfermedades, los moradores, especialmente niños, sufren de vómitos, y no fue posibles hacerles llegar ayuda médica.
La empresa colombiana Ganadera Bocas, que ha ampliado a través del tiempo su apropiación de tierras, quitándoselas a sus dueños legítimos, está tratando -pese a garantías internacionales en protección de los pueblos originarios- de desalojar a los nasos de sus territorios ancestrales para extender su proyecto ganadero. La represión de hoy se suma a las de meses anteriores, y llama la atención que ocurre luego de las protestas indígenas en el Día Internacional del Agua, el pasado 22 de marzo.
El proyecto hidroeléctrico de Bonyik, de otra empresa colombiana -Empresas Públicas de Medellín (EPM)- se encuentra más abajo del río, cercano a Changuinola, y ha sido acusada de iguales atropellos contra los nasos y ngöbes, por lo que no se descuenta la cooperación entre ambas compañías colombianas.
Panamá se expone, nuevamente, a sanciones internacionales por violación de acuerdos especiales que protegen a los indígenas que viven en sus tierras desde siglos sin que se les reconozca una comarca ni autonomía alguna.
El gobierno, afirman, permite que se irrumpa con proyectos insostenibles de hidroeléctricas y minería a cielo abierto en territorios que ancestralmente les ha pertenecido a ellos y al entregar, gratuitamente en muchos casos, nuestros recursos naturales que son patrimonio de la nación panameña, a empresas transnacionales y a voraces apetitos de empresarios y funcionarios corruptos. Igual sucede en Guaribiare, en Cerro Quema, Soná, La Palma y en Petaquilla.
Comparto la denuncia de este nuevo atropello y también la exigencia que las autoridades, particularmente al presidente Martín Torrijos, la Procuradora de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y los futuros gobernantes de este país cumplan con el respeto y promoción de los inalienables derechos humanos de la población.
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