¿Y qué pasó con la institucionalidad?
V ientos tormentosos azotan por estos días al Ministerio Público. Y no se trata solo de que la percepción que existe entre la ciudadanía es que a un número preocupante de sus fiscales parecen estarle ganando las batallas judiciales los abogados defensores de individuos y organizaciones sindicadas por narcotráfico o por delitos contra la salud, como eufemísticamente tipifica ese cáncer social nuestro Código Penal. No, la cosa ahora es peor.
Es la propia cabeza de la Procuradora General de la Nación la que está en el ojo de la tormenta, tambaleándose peligrosamente, acusada por un ex funcionario del Ministerio Público de haberle intervenido varias de sus conversaciones telefónicas -en las que presumiblemente habría solicitado dinero a cambio de determinada actuación- sin la debida autorización de un Juez.
Es oportuno recordar que cuando esas grabaciones se produjeron, la Corte Suprema de Justicia no se había pronunciado, como ocurrió con posterioridad, sobre la falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación para ordenar las intervenciones telefónicas, materia que ahora está regulada como no lo estaba entonces.
Ya nos hemos manifestado sobre el peligro que representa para la institucionalidad democrática, que los funcionarios con periodo constitucional fijo, lo vean acortado sin que medie una verdadera y auténtica causal. Insistimos, la Procuradora debería concluir su gestión en el año 2015.
