Ya no más...
No se imaginaba Kelvin Pérez Sánchez,un joven panameño que reforestaba un predio de Río Hato, que
cuando clavaba una estaca en la tierra iba a ser impactado por una granada, poniendo en peligro su vida.
No es la primera vez que esto sucede, pues ya suman a una veintena las víctimas conocidas de esta
catástrofe que significa las áreas contaminadas por explosivos, producto del uso militar intensivo de áreas
del territorio panameño.
¿A cuántos más le espera la muerte o lesiones graves escondidas de mil formas en miles de hectáreas
revertidas y otras utilizadas militarmente? ¿Cuánta sangre ha de derramarse? ¿Quién asume la
responsabilidad de estos heridos y muertos?
Pero si aquí llueve en otros países no escampa. El 19 de abril en la isla-municipio de Vieques, Puerto Rico,
una explosión cobró la vida de David Sanes Rodríguez e hirió a cuatro más cuando bombas de un F-15
erraron por varios kilómetros sus blancos. La población ocupó cívicamente las zonas de impacto el 21 de
abril, a través de campamentos civiles de rescate en Vieques deteniendo los bombardeos. El gobernador y
una comisión de partidos políticos han aceptado que las maniobras en Vieques con municiones vivas tienen
que terminar y que la Marina debe salir de la isla. El Presidente Clinton formó una comisión para analizar
el caso y buscar soluciones. Es decir, las movilizaciones ciudadanas lograron impulsar acciones que
eliminen el peligro para la vida humana que asola a Vieques.
Es bueno recordar y tener presente las recomendaciones acerca del plan del Departamento de Defensa
(DOD) norteamericano para la transferencia de las áreas contaminadas, que fue analizado por John
Lindsay-Poland, miembro del grupo pacifista Fellowship of Reconciliation.
Negociar un acuerdo (protocolo, memorándum) entre la República de Panamá y los Estados Unidos
que establece la responsabilidad de Estados Unidos en las actividades de descontaminación de los
polígonos más allá de 1999, suficientes para descontaminar toda la superficie.
Poner a la disposición de Panamá, sin costo, tecnología que actualmente está en desarrollo para la
detección y descontaminación de municiones en terrenos boscosos o escarpados.
Un estudio in situ de los peligros presentes en las áreas de impacto y otras áreas excluidas del Plan de
Transferencia.
Hacer una comparación detallada entre los mapas topográficos y de vegetación, a un lado, y un mapa
del Plan de Transferencia, para determinar cuáles áreas accesibles están excluidas del plan. Exigir que
estas áreas también sean incluidas en todo Plan de Transferencia y en cualquier acuerdo que rija la
descontaminación después de 1999.
Exigir a Estados Unidos la inclusión de municiones químicas en todo plan para la transferencia de los
polígonos y para los acuerdos que rijan la descontaminación después de 1999. Pues se excluye
específicamente la descontaminación de todo agente o arma química que pueda estar presente en los
polígonos de tiro. En cambio, el plan del DOD redefine "municiones químicas" como toda química que
no hace daño. Puesto que el estudio de los polígonos hace claras referencias a un historial de pruebas y
prácticas con agentes químicos (gas anti-neurálgico, gases lacrimógenos), tanto en sitios identificados
(NBC-12 en Emperador) como en sitios no identificados (gas VX probado por el Tropic Test Center
en Emperador), Panamá no debería aceptar esta exclusión, por violar los Tratados Torrijos-Carter.
Plantear a los Estados Unidos que haga un estudio de viabilidad de la detección y remoción de
municiones en áreas inaccesibles, que incluye quemas controladas tal como se hace en Fort Ord,
California, para poder detectar y remover municiones parcela por parcela, después dejando que el
bosque crezca de nuevo, así llevando al mínimo impactos adversos en el medio ambiente. Para un país
que excavó casi 100 millones de yardas cubiertas de suelo para construir el canal, podemos esperar un
compromiso de esa envergadura para restaurar un bosque lleno de explosivos, y encajarse así en la
visión de un medio ambiente sano y desmilitarizado.
Agregamos, que EE.UU. debe asumir la responsabilidad directa de cualquier daño a personas o bienes
producto de la contaminación militar.
Ya no más muertes o heridos producto de la contaminación militar.
cuando clavaba una estaca en la tierra iba a ser impactado por una granada, poniendo en peligro su vida.
No es la primera vez que esto sucede, pues ya suman a una veintena las víctimas conocidas de esta
catástrofe que significa las áreas contaminadas por explosivos, producto del uso militar intensivo de áreas
del territorio panameño.
¿A cuántos más le espera la muerte o lesiones graves escondidas de mil formas en miles de hectáreas
revertidas y otras utilizadas militarmente? ¿Cuánta sangre ha de derramarse? ¿Quién asume la
responsabilidad de estos heridos y muertos?
Pero si aquí llueve en otros países no escampa. El 19 de abril en la isla-municipio de Vieques, Puerto Rico,
una explosión cobró la vida de David Sanes Rodríguez e hirió a cuatro más cuando bombas de un F-15
erraron por varios kilómetros sus blancos. La población ocupó cívicamente las zonas de impacto el 21 de
abril, a través de campamentos civiles de rescate en Vieques deteniendo los bombardeos. El gobernador y
una comisión de partidos políticos han aceptado que las maniobras en Vieques con municiones vivas tienen
que terminar y que la Marina debe salir de la isla. El Presidente Clinton formó una comisión para analizar
el caso y buscar soluciones. Es decir, las movilizaciones ciudadanas lograron impulsar acciones que
eliminen el peligro para la vida humana que asola a Vieques.
Es bueno recordar y tener presente las recomendaciones acerca del plan del Departamento de Defensa
(DOD) norteamericano para la transferencia de las áreas contaminadas, que fue analizado por John
Lindsay-Poland, miembro del grupo pacifista Fellowship of Reconciliation.
Negociar un acuerdo (protocolo, memorándum) entre la República de Panamá y los Estados Unidos
que establece la responsabilidad de Estados Unidos en las actividades de descontaminación de los
polígonos más allá de 1999, suficientes para descontaminar toda la superficie.
Poner a la disposición de Panamá, sin costo, tecnología que actualmente está en desarrollo para la
detección y descontaminación de municiones en terrenos boscosos o escarpados.
Un estudio in situ de los peligros presentes en las áreas de impacto y otras áreas excluidas del Plan de
Transferencia.
Hacer una comparación detallada entre los mapas topográficos y de vegetación, a un lado, y un mapa
del Plan de Transferencia, para determinar cuáles áreas accesibles están excluidas del plan. Exigir que
estas áreas también sean incluidas en todo Plan de Transferencia y en cualquier acuerdo que rija la
descontaminación después de 1999.
Exigir a Estados Unidos la inclusión de municiones químicas en todo plan para la transferencia de los
polígonos y para los acuerdos que rijan la descontaminación después de 1999. Pues se excluye
específicamente la descontaminación de todo agente o arma química que pueda estar presente en los
polígonos de tiro. En cambio, el plan del DOD redefine "municiones químicas" como toda química que
no hace daño. Puesto que el estudio de los polígonos hace claras referencias a un historial de pruebas y
prácticas con agentes químicos (gas anti-neurálgico, gases lacrimógenos), tanto en sitios identificados
(NBC-12 en Emperador) como en sitios no identificados (gas VX probado por el Tropic Test Center
en Emperador), Panamá no debería aceptar esta exclusión, por violar los Tratados Torrijos-Carter.
Plantear a los Estados Unidos que haga un estudio de viabilidad de la detección y remoción de
municiones en áreas inaccesibles, que incluye quemas controladas tal como se hace en Fort Ord,
California, para poder detectar y remover municiones parcela por parcela, después dejando que el
bosque crezca de nuevo, así llevando al mínimo impactos adversos en el medio ambiente. Para un país
que excavó casi 100 millones de yardas cubiertas de suelo para construir el canal, podemos esperar un
compromiso de esa envergadura para restaurar un bosque lleno de explosivos, y encajarse así en la
visión de un medio ambiente sano y desmilitarizado.
Agregamos, que EE.UU. debe asumir la responsabilidad directa de cualquier daño a personas o bienes
producto de la contaminación militar.
Ya no más muertes o heridos producto de la contaminación militar.
