Yo acuso...
Leí con suma preocupación, en la edición del 10 de junio del diario La Prensa, una noticia que señaló lo siguiente: "No se encontró rastros de droga en el Perseus". Si esto es así, entonces, ¿dónde queda la presunción de inocencia que debe salvaguardar el Ministerio Publico? Dicha institución efectuó señalamientos públicos de cargos por tráfico de droga y lavado de dinero en el caso del Perseus.
¿Cómo es posible que se ordene el arresto de Ricardo Traad Porras y otros, sin tener las pruebas precisas y aseguradas? ¿Quién le devuelve su honra a los injustamente acusados? Soy amigo de Ricardo Traad Porras y no me avergüenzo de ello por cuanto que lo juzgo por su comportamiento conmigo y no por lo que digan otras personas.
Ricardo jamás ha actuado en forma deshonesta en mi entorno profesional ni comercial; nunca he recibido una proposición incorrecta de su parte y tampoco he conocido de alguien a quien se la haya hecho. Siempre ha sido un hombre justo en los negocios y responsable en su actuar profesional, lo que le ha traído éxito en todos los aspectos de su vida privada y comercial.
Actuando con absoluta transparencia, Ricardo Traad Porras, el 16 de septiembre de 2004 ante la Notaría Décima de Panamá y mediante la escritura pública No. 16950, efectuó declaración de bienes como propiedades, acciones, sociedades, cuentas bancarias y autos, por seis millones cincuenta y dos mil quinientos balboas. Envidiable situación producto de su esfuerzo de más de 25 años de arduo y exitoso trabajo.
El barco de carga Perseus fue donado al Servicio Marítimo Nacional (SMN) luego de ser capturado en aguas internacionales cerca de Jamaica, con un cargamento de drogas. Al donarlo pierde la identidad de "objeto de tráfico de droga" y tiene una nueva identidad jurídica, lo que permite al receptor de la donación disponer del mismo, incluyendo su venta. Esto es así, sin lugar a dudas; entonces, si los funcionarios del Servicio Marítimo Nacional supuestamente dispusieron de la llamada chatarra, su responsabilidad pudiese ser delito contra la administración pública, tal como lo señalara la señora Procuradora en declaración pública a la televisión, vista y escuchada por el suscrito cuando respondió a las preguntas de los periodistas sobre el caso que nos ocupa. "Ningún funcionario puede disponer de propiedad de la nación sin previo consentimiento... hay otras cositas". Interpreto las palabras de la señora Procuradora, quien con mucha prudencia señala cuidadosamente los posibles límites reales y verdaderos de las acusaciones hechas contra Ricardo Traad Porras y otros. "Hay otras cositas", así, en diminutivo, denota poca importancia al resto de la acusación.
Fíjense lo delicado de la acusación de lavado de dinero por supuestamente disponer de la chatarra, lo cual puede sentar un precedente funesto por cuanto que hay otras naves incautadas y donadas por autoridades norteamericanas de las cuales se ha dispuesto su contenido de bicicletas, colchones, mesas, sillas, etc. Luego, entonces, los que dispusieron de estos productos, ¿también serán acusados de lavado de producto del narcotráfico? Si esto es así, la situación puede alcanzar a figuras muy importantes del gobierno de turno.
Yo acuso al Ministerio Publico de violar la presunción de inocencia de los imputados en el caso del Perseus, de mantenerlos detenidos en la Fiscalía de Drogas como presión para que confiesen lo que no han hecho, a pesar de haber orden de traslado; de no tener pruebas para acusarlos de tráfico de drogas; de acusarlos de lavado de dinero sin que esta sea la figura jurídica que se pudiese aplicar; de ser selectivo en los casos que investiga. Así lo percibo, así lo escribo.
Según los moradores, con la extracción se deteriorarían las calles con los camiones que entrarían y habría ruido y contaminación.
Además, contaron que se afectaría el río Zarzal y Pacora.
Ya los moradores de San Martín tienen su abogado, quien eleva las notas correspondientes de oposición a las entidades involucradas en el tema.
Se planearon reuniones donde se estableció un comité organizado que dará seguimiento al problema.
Francisco Armuelles, residente en la comunidad de Bajo El Piro, señaló que en el fondo hay una afección de las personas en el área.
"Ya yo soy una persona mayor, pero los niños, el entorno, los ríos, el aire, el agua, todas esas cosas se van a afectar. Básicamente el agua", específico.
Armuelles sostuvo que las compañías mineras usan productos químicos que por acción de la lluvia van a la fuente de agua.
Por lo que consideró que hay una afección directa, pues ellos utilizan el agua del río del corregimiento para sus necesidades.
Además, cree que todos los ecosistemas que hayan allí, se verán irremediablemente afectados y de igual manera la ecología del lugar.
En el año 2003 hubo una concesión a la empresa GETHSA International para extracción y las calles están en malas condiciones.
¿Cómo es posible que se ordene el arresto de Ricardo Traad Porras y otros, sin tener las pruebas precisas y aseguradas? ¿Quién le devuelve su honra a los injustamente acusados? Soy amigo de Ricardo Traad Porras y no me avergüenzo de ello por cuanto que lo juzgo por su comportamiento conmigo y no por lo que digan otras personas.
Ricardo jamás ha actuado en forma deshonesta en mi entorno profesional ni comercial; nunca he recibido una proposición incorrecta de su parte y tampoco he conocido de alguien a quien se la haya hecho. Siempre ha sido un hombre justo en los negocios y responsable en su actuar profesional, lo que le ha traído éxito en todos los aspectos de su vida privada y comercial.
Actuando con absoluta transparencia, Ricardo Traad Porras, el 16 de septiembre de 2004 ante la Notaría Décima de Panamá y mediante la escritura pública No. 16950, efectuó declaración de bienes como propiedades, acciones, sociedades, cuentas bancarias y autos, por seis millones cincuenta y dos mil quinientos balboas. Envidiable situación producto de su esfuerzo de más de 25 años de arduo y exitoso trabajo.
El barco de carga Perseus fue donado al Servicio Marítimo Nacional (SMN) luego de ser capturado en aguas internacionales cerca de Jamaica, con un cargamento de drogas. Al donarlo pierde la identidad de "objeto de tráfico de droga" y tiene una nueva identidad jurídica, lo que permite al receptor de la donación disponer del mismo, incluyendo su venta. Esto es así, sin lugar a dudas; entonces, si los funcionarios del Servicio Marítimo Nacional supuestamente dispusieron de la llamada chatarra, su responsabilidad pudiese ser delito contra la administración pública, tal como lo señalara la señora Procuradora en declaración pública a la televisión, vista y escuchada por el suscrito cuando respondió a las preguntas de los periodistas sobre el caso que nos ocupa. "Ningún funcionario puede disponer de propiedad de la nación sin previo consentimiento... hay otras cositas". Interpreto las palabras de la señora Procuradora, quien con mucha prudencia señala cuidadosamente los posibles límites reales y verdaderos de las acusaciones hechas contra Ricardo Traad Porras y otros. "Hay otras cositas", así, en diminutivo, denota poca importancia al resto de la acusación.
Fíjense lo delicado de la acusación de lavado de dinero por supuestamente disponer de la chatarra, lo cual puede sentar un precedente funesto por cuanto que hay otras naves incautadas y donadas por autoridades norteamericanas de las cuales se ha dispuesto su contenido de bicicletas, colchones, mesas, sillas, etc. Luego, entonces, los que dispusieron de estos productos, ¿también serán acusados de lavado de producto del narcotráfico? Si esto es así, la situación puede alcanzar a figuras muy importantes del gobierno de turno.
Yo acuso al Ministerio Publico de violar la presunción de inocencia de los imputados en el caso del Perseus, de mantenerlos detenidos en la Fiscalía de Drogas como presión para que confiesen lo que no han hecho, a pesar de haber orden de traslado; de no tener pruebas para acusarlos de tráfico de drogas; de acusarlos de lavado de dinero sin que esta sea la figura jurídica que se pudiese aplicar; de ser selectivo en los casos que investiga. Así lo percibo, así lo escribo.
Según los moradores, con la extracción se deteriorarían las calles con los camiones que entrarían y habría ruido y contaminación.
Además, contaron que se afectaría el río Zarzal y Pacora.
Ya los moradores de San Martín tienen su abogado, quien eleva las notas correspondientes de oposición a las entidades involucradas en el tema.
Se planearon reuniones donde se estableció un comité organizado que dará seguimiento al problema.
Francisco Armuelles, residente en la comunidad de Bajo El Piro, señaló que en el fondo hay una afección de las personas en el área.
"Ya yo soy una persona mayor, pero los niños, el entorno, los ríos, el aire, el agua, todas esas cosas se van a afectar. Básicamente el agua", específico.
Armuelles sostuvo que las compañías mineras usan productos químicos que por acción de la lluvia van a la fuente de agua.
Por lo que consideró que hay una afección directa, pues ellos utilizan el agua del río del corregimiento para sus necesidades.
Además, cree que todos los ecosistemas que hayan allí, se verán irremediablemente afectados y de igual manera la ecología del lugar.
En el año 2003 hubo una concesión a la empresa GETHSA International para extracción y las calles están en malas condiciones.
El representante de San Martín, Elías Vigil, señaló que "están opuestos" a la extracción, al igual que la comunidad.
Reconoció que si se concede la concesión las personas cerrarán las calles.
Según Vigil, se causará un daño y ese corregimiento es turístico, por lo que actúan por la vía legal.
Agregó que ya tienen la experiencia con GETHSA International, "que está incumpliendo con lo establecido en el contrato".
Alegó que se estableció que no podían utilizar la vía principal del corregimiento y lo hacen.
