Yo también pido perdón
El hecho de que el presidente uruguayo, Jorge Batlle, pidió perdón al pueblo y gobierno de Argentina por haber dicho que los argentinos son una "manga de ladrones" ha recibido una amplia cobertura noticiosa. Esta cobertura está justificada porque nobleza obliga. No hay nada peor que dejar de reconocer un error y empecinarse mintiendo, por ejemplo.
Con frecuencia pienso que si alguien me enrostra una metida de pata o algo injusto en mis escritos pediré disculpas ipsofactamente. En este sentido llevo varios meses de estar considerando pedir perdón por haber apoyado tanto al actual gobierno, ya que los hechos me están probando que estuve equivocado pensando que la presente administración se alzaría por encima de todos los escollos y cumpliría en la mejor forma posible las promesas que hizo a la nación. A escasos tres meses para que cumpla tres años de gestión, este gobierno no da señas de que mis predicciones, más bien anhelos, llegarán a convertirse en realidades.
En el campo de la moral y la ética se comenzó con el "cartierazo" y muchos otros "azos" que ya resulta cansón enumerar, particularmente, porque sucedieron hace ya algún tiempo y a pesar de que se hizo nada por satisfacer las exigencias públicas de que se tomaran medidas correctivas. Aclaro, pienso que el pueblo no los olvidará fácilmente. Pero muy recientemente han surgido otros que se han denominado "afuzazo", "cemizazo" "magistradazos", "compadrazo" y hasta resurge uno que bien pudo apodarse como "certificadazos" (marinos por supuesto). Pasamos por alto los "viajazos" porque parecería una exageración hablar de "comitivazos faraónicos". No obstante, no siento incomodidad en preguntar si ahora ha ocurrido un "panaportsazo" (ojalá me entiendan).
A todo esto nadie da la cara, esto es, de manera convincente. Los presuntos protagonistas al ser indagados contestan con cara de pared y en última instancia no dan señales de que les importa la opinión pública. Más bien parecen reincidir en el insulto a la inteligencia de la misma. En un sonado caso reciente se ha repetido una respuesta, si así se le puede llamar, que ahora causa risa, para no llorar: ¡Estamos en eso!
Por lo antedicho, pido disculpa a varios amigos a quienes afirmé que "Los arnulfistas roban centavos y los perredistas roban millones". Reitero, pido perdón, hay una gran diferencia entre un centavo y un millón, o decenas de centavos y decenas de millones. Resulta evidente que los cambios han sido multimillonarios. ¿O no? Confieso que estuve pensando inventar cómo usar "equiparacionazo" pero abandoné la idea porque me parecía que hacía el ridículo. Además, me preocupa mucho más que el Diálogo por la CSS, principalmente el asunto del IVM, está en punto muerto. Todos los sectores involucrados, gobierno, administración de la CSS, empresarios y obreros, deben llegar a un acuerdo. Dentro de unos diez años decenas de miles de personas podrían quedar sin jubilación porque ahora nadie cede un ápice en sus posiciones y aspiraciones. Bien sé que existen posiciones muy encontradas. Las posibles soluciones parciales de donar terrenos de la ARI y otras hierbas no se concretan.
En fin, a las personas que queden sin jubilación poco les importará si todo fue el resultado de negativas a racionalizar los gastos administrativos, o a privatizar, o a aumentar la edad de jubilación, o a lo que sea. Su cruda realidad será que muchos gobiernos, grupos, individuos, dejaron de hacer lo necesario por irresponsabilidad o pura cobardía.
Cuando llegue el momento de nada servirá que los verdaderos culpables reconozcan sus errores puesto que el daño estará hecho.
(ewongsam@cwpanama.net)
El Título XIV sobre el Canal de Panamá, incorporado a la Constitución Política por el Artículo 1 del Acto Legislativo No.1 de 27 de diciembre de 1993, fue la proyección jurídica de un consenso nacional. La Autoridad del Canal de Panamá es una entidad creada por la norma constitucional y como tal está obligada a demostrar con transparencia que su vida institucional transcurre normalmente.
En varias ocasiones muchos panameños hemos señalado ciertos aspectos que nos parecen plantear dudas sobre la adecuación de la práctica de la ACP con el espíritu de la norma que la rige. Se ha visto, en la práctica, que la ACP tiende a vivir su institucionalidad con una especie de cultura de la excepcionalidad.
Cuando los responsables de dicha institución o sus voceros e interpretes oficiosos, invocan la necesidad de que los asuntos del Canal sean manejados "apolíticamente", muchas veces nos sentimos movidos a leer entre líneas que lo que están propugnando es una práctica de administración del Canal que esté libre del juicio público. Creo que esa es una vana ambición. No es posible contentar a la ciudadanía con informaciones "oficiales"según las cuales el Canal funciona perfectamente gracias a la perfección de los responsables. Ninguna institución nacional puede actuar como si se tratara de un ámbito separado por una especie de "muralla china", del resto de la realidad nacional. Creo que el voto del Legislador Salas en contra y el aplauso que produjo en las graderías, tienen valor de símbolo. La ciudadanía está motivada, la ciudadanía está atenta, la ciudadanía tiene interés, la ciudadanía es sensible al manejo de los asuntos del Canal.
Con frecuencia pienso que si alguien me enrostra una metida de pata o algo injusto en mis escritos pediré disculpas ipsofactamente. En este sentido llevo varios meses de estar considerando pedir perdón por haber apoyado tanto al actual gobierno, ya que los hechos me están probando que estuve equivocado pensando que la presente administración se alzaría por encima de todos los escollos y cumpliría en la mejor forma posible las promesas que hizo a la nación. A escasos tres meses para que cumpla tres años de gestión, este gobierno no da señas de que mis predicciones, más bien anhelos, llegarán a convertirse en realidades.
En el campo de la moral y la ética se comenzó con el "cartierazo" y muchos otros "azos" que ya resulta cansón enumerar, particularmente, porque sucedieron hace ya algún tiempo y a pesar de que se hizo nada por satisfacer las exigencias públicas de que se tomaran medidas correctivas. Aclaro, pienso que el pueblo no los olvidará fácilmente. Pero muy recientemente han surgido otros que se han denominado "afuzazo", "cemizazo" "magistradazos", "compadrazo" y hasta resurge uno que bien pudo apodarse como "certificadazos" (marinos por supuesto). Pasamos por alto los "viajazos" porque parecería una exageración hablar de "comitivazos faraónicos". No obstante, no siento incomodidad en preguntar si ahora ha ocurrido un "panaportsazo" (ojalá me entiendan).
A todo esto nadie da la cara, esto es, de manera convincente. Los presuntos protagonistas al ser indagados contestan con cara de pared y en última instancia no dan señales de que les importa la opinión pública. Más bien parecen reincidir en el insulto a la inteligencia de la misma. En un sonado caso reciente se ha repetido una respuesta, si así se le puede llamar, que ahora causa risa, para no llorar: ¡Estamos en eso!
Por lo antedicho, pido disculpa a varios amigos a quienes afirmé que "Los arnulfistas roban centavos y los perredistas roban millones". Reitero, pido perdón, hay una gran diferencia entre un centavo y un millón, o decenas de centavos y decenas de millones. Resulta evidente que los cambios han sido multimillonarios. ¿O no? Confieso que estuve pensando inventar cómo usar "equiparacionazo" pero abandoné la idea porque me parecía que hacía el ridículo. Además, me preocupa mucho más que el Diálogo por la CSS, principalmente el asunto del IVM, está en punto muerto. Todos los sectores involucrados, gobierno, administración de la CSS, empresarios y obreros, deben llegar a un acuerdo. Dentro de unos diez años decenas de miles de personas podrían quedar sin jubilación porque ahora nadie cede un ápice en sus posiciones y aspiraciones. Bien sé que existen posiciones muy encontradas. Las posibles soluciones parciales de donar terrenos de la ARI y otras hierbas no se concretan.
En fin, a las personas que queden sin jubilación poco les importará si todo fue el resultado de negativas a racionalizar los gastos administrativos, o a privatizar, o a aumentar la edad de jubilación, o a lo que sea. Su cruda realidad será que muchos gobiernos, grupos, individuos, dejaron de hacer lo necesario por irresponsabilidad o pura cobardía.
Cuando llegue el momento de nada servirá que los verdaderos culpables reconozcan sus errores puesto que el daño estará hecho.
(ewongsam@cwpanama.net)
El Título XIV sobre el Canal de Panamá, incorporado a la Constitución Política por el Artículo 1 del Acto Legislativo No.1 de 27 de diciembre de 1993, fue la proyección jurídica de un consenso nacional. La Autoridad del Canal de Panamá es una entidad creada por la norma constitucional y como tal está obligada a demostrar con transparencia que su vida institucional transcurre normalmente.
En varias ocasiones muchos panameños hemos señalado ciertos aspectos que nos parecen plantear dudas sobre la adecuación de la práctica de la ACP con el espíritu de la norma que la rige. Se ha visto, en la práctica, que la ACP tiende a vivir su institucionalidad con una especie de cultura de la excepcionalidad.
Cuando los responsables de dicha institución o sus voceros e interpretes oficiosos, invocan la necesidad de que los asuntos del Canal sean manejados "apolíticamente", muchas veces nos sentimos movidos a leer entre líneas que lo que están propugnando es una práctica de administración del Canal que esté libre del juicio público. Creo que esa es una vana ambición. No es posible contentar a la ciudadanía con informaciones "oficiales"según las cuales el Canal funciona perfectamente gracias a la perfección de los responsables. Ninguna institución nacional puede actuar como si se tratara de un ámbito separado por una especie de "muralla china", del resto de la realidad nacional. Creo que el voto del Legislador Salas en contra y el aplauso que produjo en las graderías, tienen valor de símbolo. La ciudadanía está motivada, la ciudadanía está atenta, la ciudadanía tiene interés, la ciudadanía es sensible al manejo de los asuntos del Canal.
