Yuca sin miel
La dirigencia de la clase política panameña, escudándose en falsos argumentos ha venido y continúa rechazando- sistemáticamente- los cambios estructurales que requiere con urgencia el Estado panameño. Cualquier excusa les resulta válida para no promover una verdadera participación ciudadana en los asuntos del Estado y mucho menos para permitir un debate democrático sobre el cambio constitucional como paso inicial para salir de la crisis en que nos hundimos cada vez más.
Al mismo tiempo que la Presidenta en su discurso ante la Asamblea, nos pide que "no tengamos más dos países(...) seamos un solo Panamá, y comencemos de una vez a empujar todos juntos en una sola dirección, que es la del progreso, con buena fe, equidad y justicia social ", se nos quiere imponer una reforma tributaria que empeorará más y más la incertidumbre política, económica, social.
Desde 1990, la política fiscal de los gobiernos electos se ha caracterizado por una irresponsabilidad similar a la practicada por el régimen dictatorial. "A partir del año fiscal 1995 -nos dice en un artículo el licenciado Luis Chen Gonzalez- y luego de "venderse" la idea respectiva, como parte de una reforma tributaria de las que se acostumbran para recaudar más impuestos y no para redistribuir el ingreso y la riqueza de la nación, se eliminó el régimen general de tarifas progresivas para el pago del Impuesto Sobre La Renta que se aplicaba a las personas jurídicas". La propia mandataria reconoció en su discurso que tenemos "una deuda pública que ha llegado a extremos que dificultan el crecimiento económico, cuando exige alrededor del 21% del presupuesto nacional a su servicio".
Durante los gobiernos pasados se recurrió a las privatizaciones y al aumento de la deuda pública como principales mecanismos de ingresos para financiar el gasto público, el cual no les ha dado la gana de rebajarlo para nada -a ninguno de los tres gobiernos post-invasión- en los renglones que nos resultan más costosos y onerosos: los privilegios que disfrutan los encumbrados de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Resulta muy fácil echarle la culpa al alza del petróleo y al incremento de los intereses a nivel mundial, para evadir la responsabilidad que le cabe a los gobernantes actuales frente a la situación que vive la sociedad. En efecto, el desempleo va en aumento y no se crean nuevos puestos de trabajo y cada vez son menos las empresas que invierten, pero cada vez son más las que despiden gente o reducen los salarios de sus empleados y los volúmenes de ventas continúan bajando.
Por ningún lado hemos escuchado a los responsables del gobierno expresar una real, verdadera y clara disposición a reducir los gastos innecesarios del gobierno central y mucho menos una decidida voluntad a llevar adelante un plan programado de austeridad del derrochador gasto estatal que se está dando. Muy por el contrario, cada día nos cuesta mucho más a los contribuyentes el mantenimiento de la dirigencia política y su burocracia, cosa que perjudica a los ciudadanos que nos vemos obligados a deteriorar nuestra calidad de vida para que los politiqueros y sus "legisladrones" se gasten el dinero de los contribuyentes en el financiamiento de su proselitismo político, sus privilegios y prebendas.
Prueba de lo anterior, las palabras presidenciales en la Asamblea: "Quiero destacar que los gastos del gobierno central en el período 2000, alcanzaron 2,811.1 millones de balboas, de los cuales 1,908.7 millones corresponden a compromisos corrientes, y 902.4 a gastos de capital. De estos 392 millones se orientaron al programa de inversiones; 11.7 millones para transferencias de capital y 498.7 millones a la amortización de la deuda." Frente a estas cifras, resulta obligatorio preguntarse: ¿Cuáles son los logros obtenidos en materia fiscal?
El derroche propagandístico en la denominada "Reforma Tributaria" supera ampliamente a las consabidas prácticas durante el gobierno del PRD. Pero bajo la demagogia institucional de lograr algo "justo, simple y equitativo", poco les ha importado a los propagandísticas abanicar el engaño, olvidando que "podrán engañar a algunos durante algún tiempo, pero no podrán engañar a todos todo el tiempo".
La educación, la salud, el trabajo y la vivienda en los sectores de la población altamente marginada donde impera la pobreza, continúan, mientras tanto, sufriendo los embates de un sistema impagable que consolida la corrupción y abanica la impunidad para que el Estado pueda aumentar los impuestos a los que menos tienen, al tiempo que no da nada por los impuestos que cobra, cuando los cobra.
En resumen, la clase política y sus gobernantes de turno han decidido servirse del Estado, sostener el negocio del gasto estatal para salvaguardar sus intereses. Eso es para ellos lo "justo y equitativo". Lo simple es darle al pueblo yuca sin miel.
Al mismo tiempo que la Presidenta en su discurso ante la Asamblea, nos pide que "no tengamos más dos países(...) seamos un solo Panamá, y comencemos de una vez a empujar todos juntos en una sola dirección, que es la del progreso, con buena fe, equidad y justicia social ", se nos quiere imponer una reforma tributaria que empeorará más y más la incertidumbre política, económica, social.
Desde 1990, la política fiscal de los gobiernos electos se ha caracterizado por una irresponsabilidad similar a la practicada por el régimen dictatorial. "A partir del año fiscal 1995 -nos dice en un artículo el licenciado Luis Chen Gonzalez- y luego de "venderse" la idea respectiva, como parte de una reforma tributaria de las que se acostumbran para recaudar más impuestos y no para redistribuir el ingreso y la riqueza de la nación, se eliminó el régimen general de tarifas progresivas para el pago del Impuesto Sobre La Renta que se aplicaba a las personas jurídicas". La propia mandataria reconoció en su discurso que tenemos "una deuda pública que ha llegado a extremos que dificultan el crecimiento económico, cuando exige alrededor del 21% del presupuesto nacional a su servicio".
Durante los gobiernos pasados se recurrió a las privatizaciones y al aumento de la deuda pública como principales mecanismos de ingresos para financiar el gasto público, el cual no les ha dado la gana de rebajarlo para nada -a ninguno de los tres gobiernos post-invasión- en los renglones que nos resultan más costosos y onerosos: los privilegios que disfrutan los encumbrados de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Resulta muy fácil echarle la culpa al alza del petróleo y al incremento de los intereses a nivel mundial, para evadir la responsabilidad que le cabe a los gobernantes actuales frente a la situación que vive la sociedad. En efecto, el desempleo va en aumento y no se crean nuevos puestos de trabajo y cada vez son menos las empresas que invierten, pero cada vez son más las que despiden gente o reducen los salarios de sus empleados y los volúmenes de ventas continúan bajando.
Por ningún lado hemos escuchado a los responsables del gobierno expresar una real, verdadera y clara disposición a reducir los gastos innecesarios del gobierno central y mucho menos una decidida voluntad a llevar adelante un plan programado de austeridad del derrochador gasto estatal que se está dando. Muy por el contrario, cada día nos cuesta mucho más a los contribuyentes el mantenimiento de la dirigencia política y su burocracia, cosa que perjudica a los ciudadanos que nos vemos obligados a deteriorar nuestra calidad de vida para que los politiqueros y sus "legisladrones" se gasten el dinero de los contribuyentes en el financiamiento de su proselitismo político, sus privilegios y prebendas.
Prueba de lo anterior, las palabras presidenciales en la Asamblea: "Quiero destacar que los gastos del gobierno central en el período 2000, alcanzaron 2,811.1 millones de balboas, de los cuales 1,908.7 millones corresponden a compromisos corrientes, y 902.4 a gastos de capital. De estos 392 millones se orientaron al programa de inversiones; 11.7 millones para transferencias de capital y 498.7 millones a la amortización de la deuda." Frente a estas cifras, resulta obligatorio preguntarse: ¿Cuáles son los logros obtenidos en materia fiscal?
El derroche propagandístico en la denominada "Reforma Tributaria" supera ampliamente a las consabidas prácticas durante el gobierno del PRD. Pero bajo la demagogia institucional de lograr algo "justo, simple y equitativo", poco les ha importado a los propagandísticas abanicar el engaño, olvidando que "podrán engañar a algunos durante algún tiempo, pero no podrán engañar a todos todo el tiempo".
La educación, la salud, el trabajo y la vivienda en los sectores de la población altamente marginada donde impera la pobreza, continúan, mientras tanto, sufriendo los embates de un sistema impagable que consolida la corrupción y abanica la impunidad para que el Estado pueda aumentar los impuestos a los que menos tienen, al tiempo que no da nada por los impuestos que cobra, cuando los cobra.
En resumen, la clase política y sus gobernantes de turno han decidido servirse del Estado, sostener el negocio del gasto estatal para salvaguardar sus intereses. Eso es para ellos lo "justo y equitativo". Lo simple es darle al pueblo yuca sin miel.
