Yugoslavia: la lucha por el derecho y la información
"Mientras se considere el derecho como blanco de las injustas agresiones que puede experimentar, lo cual ocurrirá mientras el mundo exista, el Derecho no puede eximirse de luchar. Por ese motivo, la lucha no es elemento extraño al Derecho; antes bien, se halla íntimamente ligada a él y, por lo tanto, forma parte de su concepto..."--Rudolf Von Ihering (La Lucha por el Derecho)
Las palabras de Von Ihering, presentadas al principio de la sustentación de una tesis de maestría en Derecho Internacional por el profesor Jorge Luis Santos la semana pasada, en la que fuimos jurado, intitulada "La legítima defensa de los Estados y la invasión a Panamá por los Estados Unidos en 1989", viene al pelo en los actuales momentos en que un grupo de Estados, renegados del orden jurídico internacional y enloquecidos por una sed de hegemonismo militar, han rebasado de tal manera a la Organización de Naciones Unidas que la capacidad de esta última, para defender a la comunidad internacional, ha sido puesta en jaque.
Pero el resto del mundo, que no participa ni debe hacerse cómplice mudo de los desmanes de los Atilas, que vinieron por el Atlántico, debe exigir que la OTAN cese los ataques a Yugoslavia. Porque no se trata de librar a Milosevic de los cargos de opresión a una parte de la población y de los kosovares de origen albanés, sino de que las acciones unilaterales de la OTAN para imponer una soluciónÑsu soluciónÑal país balcánico han tenido el propósito deliberado de que Milosevic rechace una salida pacífica como forma de prolongar el conflicto y ha superado con creces los perjuicios que se le atribuyen al gobernante serbio.
Un mes de bombardeos a objetivos civiles, la destrucción de los servicios públicos de agua, electricidad y comunicaciones; de la residencia presidencial y, en particular, de la Radiotelevisión Serbia (RTS) por parte de la OTAN, que de una alianza defensiva ha pasado a ser una alianza ofensiva y agresiva- inexplicable tras el fin de la "Guerra Fría" y en vísperas de un milenio que creíamos de paz- nos dice hasta qué punto los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y otros transgresores del Derecho Internacional y la coexistencia pacífica, están dispuestos a llegar en su propósito de hacer de la OTAN un gendarme para Europa y más allá de la región.
La destrucción de la televisión yugoslava, en lugar de aislar a Milosevic, lo ha fortalecido enormemente, porque si bien la misma era un instrumento político del gobierno, también era un medio de comunicación fundamental para el pueblo yugoslavo, cuyo derecho a la información ha sido violado. Por ello, las fuerzas terrestres de la OTAN (si se atreven a entrar) no recibirán aplausos ni besitos de los televidentes yugoslavos, básicamente toda la población.
Del ataque a la RTS han resultado decenas de muertos y heridos, además de un indeterminado número de personas sepultadas aún bajo escombros. La condena internacional no se ha hecho esperar: Amnistía Internacional, el Comité de Protección de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas, la Unión Europea de Radio y Televisión (EBU), el Sindicato Nacional de Periodistas Británicos y otras entidades han acusado a la OTAN de realizar "un acto bárbaro".
El hecho, que viola las convenciones de Ginebra y se constituye en crimen de guerra, será contraproducente porque priva a los yugoslavos de información de su gobierno y de cualquier otra información, dificultando la labor de la prensa y poniendo en peligro la vida de los periodistas.
En una profundización de la guerra agresiva de la OTAN, los países miembros han autorizado a sus ministros de defensa "lanzar operaciones marítimas" para impedir el suministro de elementos de guerra a Yugoslavia y, además, han decretado un embargo petrolero contra este Estado soberano. Estos actos de guerra (bloqueos e interceptación marítima) violan el derecho internacional, y constituyen, por sí mismos, la oficialización y ampliación de un conflicto bélico que no había sido declarado como tal y que amenaza con extenderse.
Los bombardeos de la OTAN son ilegales porque no son una respuesta a un ataque exterior a uno de sus miembros; porque la OTAN no está jurídicamente facultada para mantener la paz y la seguridad en los Balcanes; porque la OTAN está actuando fuera de su radio de acción reconocido; porque la campaña aérea, en lugar de favorecer una solución pacífica, tiende más bien a endurecer las posiciones militares y diplomáticas de Yugoslavia.
En este último aspecto, los Estados Unidos actúan con Milosevic igual que lo hicieron con Manuel Antonio Noriega: el gobierno estadounidense no deseaba realmente un acuerdo con el ex militar, sino agudizar las confrontaciones para justificar la agresión y, con ello en mente, las propuestas humillantes de los Estados Unidos estaban diseñadas para que Noriega las rechazara.
El Consejo de Seguridad de la ONU es el único órgano que puede emplear la fuerza o autorizar una acción militar con el fin de mantener la paz y la seguridad internacionales. Pero la actual tendencia dentro de la OTAN, apadrinada febrilmente por los Estados Unidos-es la de excluir a la OTAN del ámbito de competencia del Consejo de Seguridad para que la alianza atlántica actúe sin restricciones, toda vez que en dicho órgano los Estados Unidos pudieran enfrentar un posible veto de Rusia o de China.
En consecuencia, los ataques a Yugoslavia no sólo son ilegales por su origen y por sus objetivos sino que, por sus efectos devastadores, ya están conformando la amenaza a la paz y la seguridad internacionales más grave desde la guerra de Vietnam, una situación explosiva capaz de involucrar a un número indeterminado de Estados en una conflagración indeseable e impredecible.
Sin admitir frenos ni escrúpulos de ninguna clase, la OTAN se ha autoproclamado gendarme internacional, dueño de los destinos (por ahora) de Europa, pero indudablemente sus estrategas intentarán llevarla mucho más allá de los confines propiamente europeos, proyectándola más hacia los continentes asiático y africano.
Pocos se han enterado que la OTAN amplió, a principios de 1998, el territorio bajo su responsabilidad hasta abarcar el Caribe, integrando áreas que antes habían sido asignadas arbitrariamente por los Estados Unidos al Comando Sur. La OTAN está, pues, no muy lejos de Panamá.
A pocos meses de la transferencia del Canal a Panamá, el futuro gobierno no podría quizás ponerse a la cabeza de una corriente en la región para rechazar los planes de la OTAN (ojalá lo hiciera), pero no existe la menor duda de que los acontecimientos en los Balcanes tendrán mayores repercusiones que las actuales en nuestra región y que las mismas podrán incidir en nuestro Canal.
Sin embargo, países como México, Venezuela, Brasil y Cuba, sobre todo los No Alineados, harían bien en adelantar un pronunciamiento en nuestros foros regionales en torno a la persistente violación del orden jurídico mundial por parte de la OTAN, para fortalecer el rol de la ONU y coadyuvar al logro de una solución acorde con el derecho.
La no intervención es el principio de derecho internacional de mayor simbolismo para nuestra región y el aporte más significativo de nuestro sistema jurídico al derecho internacional, pero su reconocimiento y aceptación no fue posible sin el permanente rechazo de nuestros pueblos a toda forma de injerencia foránea.
Las palabras de Von Ihering, presentadas al principio de la sustentación de una tesis de maestría en Derecho Internacional por el profesor Jorge Luis Santos la semana pasada, en la que fuimos jurado, intitulada "La legítima defensa de los Estados y la invasión a Panamá por los Estados Unidos en 1989", viene al pelo en los actuales momentos en que un grupo de Estados, renegados del orden jurídico internacional y enloquecidos por una sed de hegemonismo militar, han rebasado de tal manera a la Organización de Naciones Unidas que la capacidad de esta última, para defender a la comunidad internacional, ha sido puesta en jaque.
Pero el resto del mundo, que no participa ni debe hacerse cómplice mudo de los desmanes de los Atilas, que vinieron por el Atlántico, debe exigir que la OTAN cese los ataques a Yugoslavia. Porque no se trata de librar a Milosevic de los cargos de opresión a una parte de la población y de los kosovares de origen albanés, sino de que las acciones unilaterales de la OTAN para imponer una soluciónÑsu soluciónÑal país balcánico han tenido el propósito deliberado de que Milosevic rechace una salida pacífica como forma de prolongar el conflicto y ha superado con creces los perjuicios que se le atribuyen al gobernante serbio.
Un mes de bombardeos a objetivos civiles, la destrucción de los servicios públicos de agua, electricidad y comunicaciones; de la residencia presidencial y, en particular, de la Radiotelevisión Serbia (RTS) por parte de la OTAN, que de una alianza defensiva ha pasado a ser una alianza ofensiva y agresiva- inexplicable tras el fin de la "Guerra Fría" y en vísperas de un milenio que creíamos de paz- nos dice hasta qué punto los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y otros transgresores del Derecho Internacional y la coexistencia pacífica, están dispuestos a llegar en su propósito de hacer de la OTAN un gendarme para Europa y más allá de la región.
La destrucción de la televisión yugoslava, en lugar de aislar a Milosevic, lo ha fortalecido enormemente, porque si bien la misma era un instrumento político del gobierno, también era un medio de comunicación fundamental para el pueblo yugoslavo, cuyo derecho a la información ha sido violado. Por ello, las fuerzas terrestres de la OTAN (si se atreven a entrar) no recibirán aplausos ni besitos de los televidentes yugoslavos, básicamente toda la población.
Del ataque a la RTS han resultado decenas de muertos y heridos, además de un indeterminado número de personas sepultadas aún bajo escombros. La condena internacional no se ha hecho esperar: Amnistía Internacional, el Comité de Protección de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas, la Unión Europea de Radio y Televisión (EBU), el Sindicato Nacional de Periodistas Británicos y otras entidades han acusado a la OTAN de realizar "un acto bárbaro".
El hecho, que viola las convenciones de Ginebra y se constituye en crimen de guerra, será contraproducente porque priva a los yugoslavos de información de su gobierno y de cualquier otra información, dificultando la labor de la prensa y poniendo en peligro la vida de los periodistas.
En una profundización de la guerra agresiva de la OTAN, los países miembros han autorizado a sus ministros de defensa "lanzar operaciones marítimas" para impedir el suministro de elementos de guerra a Yugoslavia y, además, han decretado un embargo petrolero contra este Estado soberano. Estos actos de guerra (bloqueos e interceptación marítima) violan el derecho internacional, y constituyen, por sí mismos, la oficialización y ampliación de un conflicto bélico que no había sido declarado como tal y que amenaza con extenderse.
Los bombardeos de la OTAN son ilegales porque no son una respuesta a un ataque exterior a uno de sus miembros; porque la OTAN no está jurídicamente facultada para mantener la paz y la seguridad en los Balcanes; porque la OTAN está actuando fuera de su radio de acción reconocido; porque la campaña aérea, en lugar de favorecer una solución pacífica, tiende más bien a endurecer las posiciones militares y diplomáticas de Yugoslavia.
En este último aspecto, los Estados Unidos actúan con Milosevic igual que lo hicieron con Manuel Antonio Noriega: el gobierno estadounidense no deseaba realmente un acuerdo con el ex militar, sino agudizar las confrontaciones para justificar la agresión y, con ello en mente, las propuestas humillantes de los Estados Unidos estaban diseñadas para que Noriega las rechazara.
El Consejo de Seguridad de la ONU es el único órgano que puede emplear la fuerza o autorizar una acción militar con el fin de mantener la paz y la seguridad internacionales. Pero la actual tendencia dentro de la OTAN, apadrinada febrilmente por los Estados Unidos-es la de excluir a la OTAN del ámbito de competencia del Consejo de Seguridad para que la alianza atlántica actúe sin restricciones, toda vez que en dicho órgano los Estados Unidos pudieran enfrentar un posible veto de Rusia o de China.
En consecuencia, los ataques a Yugoslavia no sólo son ilegales por su origen y por sus objetivos sino que, por sus efectos devastadores, ya están conformando la amenaza a la paz y la seguridad internacionales más grave desde la guerra de Vietnam, una situación explosiva capaz de involucrar a un número indeterminado de Estados en una conflagración indeseable e impredecible.
Sin admitir frenos ni escrúpulos de ninguna clase, la OTAN se ha autoproclamado gendarme internacional, dueño de los destinos (por ahora) de Europa, pero indudablemente sus estrategas intentarán llevarla mucho más allá de los confines propiamente europeos, proyectándola más hacia los continentes asiático y africano.
Pocos se han enterado que la OTAN amplió, a principios de 1998, el territorio bajo su responsabilidad hasta abarcar el Caribe, integrando áreas que antes habían sido asignadas arbitrariamente por los Estados Unidos al Comando Sur. La OTAN está, pues, no muy lejos de Panamá.
A pocos meses de la transferencia del Canal a Panamá, el futuro gobierno no podría quizás ponerse a la cabeza de una corriente en la región para rechazar los planes de la OTAN (ojalá lo hiciera), pero no existe la menor duda de que los acontecimientos en los Balcanes tendrán mayores repercusiones que las actuales en nuestra región y que las mismas podrán incidir en nuestro Canal.
Sin embargo, países como México, Venezuela, Brasil y Cuba, sobre todo los No Alineados, harían bien en adelantar un pronunciamiento en nuestros foros regionales en torno a la persistente violación del orden jurídico mundial por parte de la OTAN, para fortalecer el rol de la ONU y coadyuvar al logro de una solución acorde con el derecho.
La no intervención es el principio de derecho internacional de mayor simbolismo para nuestra región y el aporte más significativo de nuestro sistema jurídico al derecho internacional, pero su reconocimiento y aceptación no fue posible sin el permanente rechazo de nuestros pueblos a toda forma de injerencia foránea.
