Zaperoco y trapos sucios
La reacción del Presidente de la República y de su Ministro de la Presidencia, por la presentación de Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Fundación del Debido Proceso (DPLF), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante la Audiencia Temática sobre la Administración de Justicia en Panamá, celebrada el martes 23 de marzo en la ciudad de Washington DC, evidencia cuánta razón existe en denunciar la animadversión gubernamental contra la participación ciudadana.
Los propósitos injuriosos e irrespetuosos proferidos por ambas autoridades, contradicen abiertamente lo expresado por el propio representante del Gobierno de Panamá ante la OEA, quien durante la audiencia reconoció la veracidad de los señalamientos expresados por Alianza Ciudadana y DPLF , al afirmar que: “Somos conscientes de que en los últimos años la Justicia ha sido muy cuestionada a todos los niveles, tal como lo han señalado los representantes de la sociedad civil, quienes quizás se han quedado cortos", si bien destacó que la mayoría de los planteamientos que hicieron la Alianza y DPLF "corresponden a situaciones de arrastre, generadas años atrás y que la nueva Administración (...) está comprometida en solucionar, en conjunto con la sociedad civil organizada”.
Y es que, contrariamente a lo manifestado por el señor Presidente y su Ministro, el propósito de la presentación sobre la situación de la Administración de Justicia en Panamá, lo que menos pretende es armar ningún “zaperoco” (Martinelli dixit), ni mucho menos “ir a lavar trapos sucios fuera de casa” (Papadimitriu dixit). Se trata, simple y llanamente de alertar ante el Sistema Interamericano del cual el Estado panameño forma parte, la creciente degradación jurídica que se vive en nuestro país y de las consecuencias que acarrea para la población panameña toda una serie de intromisiones del poder Ejecutivo en temas judiciales y en el Ministerio Público, la postergación del sistema penal acusatorio, la corrupción rampante del Órgano Judicial, el incumplimiento del Pacto de Estado por la Justicia, la alarmante situación de la independencia judicial, la ausencia de una Ley de Carrera Judicial, la designación de Magistrados de la Corte Suprema dando la espalda a la demanda ciudadana por mayor participación y transparencia, además de las amenazas a la libertad de expresión que representan los ataques personalizados a la sociedad civil organizada, esto último por las declaraciones in comento.
Aunque parezca irónico, no ha de sorprender que a las autoridades les moleste que se abogue por la gobernabilidad democrática. Ya decía Simón Bolívar “Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad, que soportar el peso de la tiranía”.
