Representantes de la oposición de Nicaragua afirmaron hoy que continúan adelante con su plan de discutir mañana un proyecto de ley para derogar un decreto del presidente, Daniel Ortega, pese a la existencia de una prohibición de la Corte Suprema de Justicia para que lo hagan.
Fuentes legislativas informaron hoy que cuentan con 47 votos, el mínimo para aprobar leyes ordinarias, para derogar el decreto promulgado por Ortega el pasado 9 de enero y que prorroga el mandato a varios altos funcionarios del Estado cuyos períodos ya concluyeron o están por concluir.
El líder parlamentario de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), el ex canciller y ex candidato presidencial Eduardo Montealegre dijo hoy que "todos los diputados opositores están unidos para lograr el objetivo" de derogar el decreto de Ortega.
Montealegre señaló que el decreto presidencial "es ilegal e inconstitucional, pero como fue publicado en El Diario Oficial, La Gaceta, es necesario derogarlo".
El líder de la opositora Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y directivo del Parlamento, Carlos García, informó hoy a periodistas que no podrá acudir a la sesión por encontrarse convaleciente pero dijo que su suplente asistirá a la sesión de mañana con instrucciones de que vote a favor de la derogación del decreto.
Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario sandinista, Edwin Castro, arremetió contra el dictamen que puso en marcha la iniciativa legal, debido a que fue tomada por los opositores el 20 de abril pasado en un hotel de Managua sin convocar a los legisladores sandinistas, algo, que, dijo, hace inválida la propuesta.
"Hay una serie de procedimientos anómalos que hacen totalmente nula la sesión del hotel", dijo Castro a la estatal Radio Nicaragua sobre la sesión que realizaron allí los opositores después de que simpatizantes de Ortega impidieran su ingreso al Parlamento.
Por su parte, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el magistrado sandinista Rafael Solís, dudó hoy de que los diputados vayan a derogar el decreto y dijo al Canal 2 de la televisión local que el tema ni siquiera figura en la agenda de la junta directiva de la Asamblea Nacional.
"Me parece que los diputados no pueden celebrar sesión y ver ese tema mientras la directiva no lo incluya en punto de agenda y más bien la directiva lo que hará es acatar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia", dijo Solís, a quien se le venció su período el mes pasado, pero es beneficiado con el decreto.
El magistrado se refería a una sentencia dictada la semana pasada por la Sala Constitucional de la CSJ, a la que él mismo pertenece, que ordenó suspender la tramitación de la ley para derogar el decreto y amenazó con procesar penalmente a los diputados que insistan en este proyecto.
"Todo lo que hagan (los opositores si derogan el decreto) es nulo. Están perdiendo el tiempo porque van contra una sentencia de la Corte Suprema", insistió Solís.
Entre los altos funcionarios del Estado cuyos periodos ya se vencieron o están por vencerse figuran tres magistrados de la Corte Supremo y jueces del Consejo Supremo Electoral (CSE), señalados por la oposición de supuestamente cometer un fraude masivo en las elecciones municipales de noviembre de 2008.
