La fiscalía boliviana ordenó hoy la detención del empresario opositor y excandidato presidencial Samuel Doria Medina, socio del grupo mexicano Chihuahua, por supuestos daños causados al Estado en la compra hace 12 años de una fábrica de cemento y que el Gobierno de Evo Morales nacionalizó en 2010.
El fiscal de distrito del departamento de Chuquisaca (sureste), Weimar Guzmán, anunció en rueda de prensa que imputó hoy a Doria Medina por el supuesto delito de contratos lesivos al Estado porque en 1999 participó con su empresa Soboce en la privatización parcial de la compañía Fancesa, situada en esa región.
El fiscal pidió la "detención preventiva" de Doria Medina que también es líder de la centrista Unidad Nacional (UN), que cuenta con una representación minoritaria en el Parlamento.
Por el caso también están acusados los exrectores de la universidad estatal de Chuquisaca Jaime Barrón y Jaime Robles, y Wálter Arizaga, actual autoridad de esa casa de estudios superiores que tiene una participación accionarial en Fancesa.
Antes de la expropiación producida en septiembre pasado, Soboce (cuyo 47 % pertenece a Chihuahua) tenía un 33 % en Fancesa.
El presidente Morales justificó esa confiscación, que se suma a más de una docena en los últimos cinco años, con el argumento de que Soboce obtuvo de forma ilegal sus acciones en 1999.
El grupo mexicano Chihuahua espera una compensación de 93 millones de dólares por la expropiación de sus acciones en Fancesa, pero el Ejecutivo todavía no se ha pronunciado sobre la conciliación y el pago, cuyo plazo expiró hace más de un mes.
Los opositores han denunciado varias veces que el presidente Morales se vale de procesos judiciales por distintas causas para anularles políticamente, pero el Gobierno lo niega.
Según datos de la prensa, al menos una centena de dirigentes opositores han huido de Bolivia desde 2006 por demandas y juicios promovidos por el oficialismo, argumentando que el partido de Morales domina los tres poderes estatales y ellos no tendrían un proceso justo.
