La Fiscalía General de Colombia pidió hoy capturar a 24 personas, entre ellas reconocidos cultivadores de palma de aceite y a dos paramilitares, por forzar desplazamientos de habitantes en el noroeste del país para apoderarse de sus tierras.
La Fiscalía impartió la orden de detención preventiva "sin beneficio de excarcelación", en contra de los 24 presuntos responsables del desplazamiento forzado de los afrodescendientes.
Los afectados por el desarraigo vivían en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguaimiandó, en esa zona del Bajo Atrato, departamento del Chocó entre 1997 y 2001, precisó el ente acusador en un comunicado.
Los 24 cultivadores de palma de aceite y los paramilitares fueron acusados de los delitos de "desplazamiento forzado en concurso homogéneo y sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir agravado, e invasión de áreas de especial importancia ecológica".
La orden fue impartida por un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) a cargo del caso, detalló la Fiscalía.
Los paramilitares Hermes José Muñoz González y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias "Monoleche", de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), están actualmente detenidos y fueron afectados por los mismos cargos de los cultivadores de palma.
Un reciente informe de la revista Semana señala que la Fiscalía "investiga a 23 compañías palmicultoras por haber ocupado tierras de desplazados" para sembrar sus cultivos.
Añadía que "la justicia está intentando establecer si estas empresas promovieron los desplazamientos para quedarse con las tierras de Curvaradó y Jiguamiandó".
El pasado 9 de diciembre, por otra parte, el Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó falló un recurso de amparo a favor de los campesinos de esos territorios ordenándoles a los empresarios que les entregaran las tierras.
Los procesos jurídicos "han sido largos y mientras se realizan, no han parado las denuncias de intimidaciones por los paramilitares", señala igualmente la publicación en un informe especial.
Los habitantes del Chocó, denunció el informe, "son víctimas de amenazas, 'vacunas' (extorsiones) y homicidios".
