Una treintena de organizaciones sindicales y sociales panameñas presentaron hoy ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30, denominada "ley camarón", aprobada la semana pasada por el Gobierno y que toca derechos fundamentales.
La demanda, interpuesta por diez abogados, entre ellos los ex procuradores generales -fiscal general- Rogelio Cruz y Rafael Rodríguez, es respaldada por gremios sindicales, ambientalistas, médicos, docentes, funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil.
El secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, confirmó a Efe la presentación del recurso, que se basa en que el Gobierno no cumplió con los procedimientos legales que detalla la Constitución, por lo que esperan que la Corte declare ilegal la Ley 30.
Esta ley, tratada como proyecto de Ley 117 en el Congreso y bautizada por medios y detractores como "ley camarón" o "ley chorizo", fue presentada como una modificación en materia de aviación comercial, pero reforma tres códigos: el Penal, el Judicial y el de Trabajo, y seis leyes, incluida la orgánica de Policía.
"Cuando el Ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias señaló que era específicamente para reformar la ley de aviación comercial, pero también se hicieron reformas en temas laborales, penales y otro sinnúmero de leyes que no fueron mencionados en el decreto que convocó a la Asamblea", expresó López.
Indicó que al incluirse reformas a otras leyes, éstas debieron ser discutidas en las comisiones legislativas correspondientes y no en la comisión de transporte, donde se hicieron todas las modificaciones.
Señaló que se está estudiando la posibilidad de presentar otra demanda el próximo 25 de junio, pero ésta tocaría temas específicos de los sectores laborales y del ambiente.
En la Ley 30, promulgada la semana pasada por el presidente Ricardo Martinelli, tras ser aprobada por el Congreso, figura la posibilidad de suspender los contratos de los trabajadores que hagan huelga y la contratación de personas para sustituir a quienes la secundan, además de la garantía de la operatividad de las empresas en conflicto laboral.
También contempla la eliminación de la opción de detener o suspender a un policía investigado por un delito cometido en ejercicio de sus funciones y establece la eliminación de la obligatoriedad del estudio de impacto ambiental para obras que el Estado considere de "interés social".
