El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue declarado hoy ganador de los comicios del domingo por el Consejo Supremo Electoral (CSE), aunque su principal oponente, Fabio Gadea, denuncia irregularidades y se niega a aceptar los resultados.
Con el 85,8 % de las mesas electorales escrutadas, Ortega ha conseguido 1.320.619 votos, equivalentes al 62,65 %, frente al 30,96 por ciento (652.585 votos) de su principal rival, el empresario de radio Gadea, de la alianza opositora Partido Liberal Independiente (PLI), detalló el CSE.
"Quiero felicitar, después de leer este dato oficial, al actual presidente de la República (por su reelección), porque no puedo decir que es una tendencia irreversible, (sino) que si todos los votos de las juntas receptoras que faltan fuesen a favor del candidato del segundo lugar, no habría posibilidades de alcanzar" a Ortega, explicó el presidente del CSE, Roberto Rivas.
El Gobierno de Nicaragua proclamó al filo de la medianoche de ayer a Ortega ganador de las elecciones generales, tras conocer los primeros resultados oficiales que le daban una amplia ventaja sobre Gadea.
Casi paralelamente a la lectura de los resultados de este lunes, Gadea insistió en no reconocer el triunfo de Ortega porque, dijo, el proceso estuvo plagado de irregularidades.
"En este momento no podemos aceptar los resultados presentados por el Consejo Supremo Electoral, ya que ello no refleja la voluntad del pueblo, sino la voluntad del propio CSE", señaló en un mensaje el también diputado ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
"La jornada electoral de ayer ha sido un ejercicio cuidadosamente planeado por el orteguismo para alterar la voluntad popular, lo que arroja fundadas sospechas de que hemos estado ante la escenificación de un fraude de inmoralidad y proporciones inauditas", continuó.
Alegó, como ejemplo de la ilegalidad de las elecciones de este domingo, la admisión de la "candidatura inconstitucional" de Ortega por parte de los jueces electorales.
La Constitución de Nicaragua prohíbe la reelección inmediata del presidente, pero los magistrados oficialistas de la Corte Suprema de Justicia declararon en octubre de 2009 inaplicable ese artículo, lo que despejó el camino a Ortega para presentarse como candidato.
Los sandinistas disidentes también descalificaron los resultados oficiales de las elecciones.
En apoyo a estas denuncias, la presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la republicana de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen, tildó hoy de "farsa" los comicios en los que fue reelegido Ortega.
La congresista emitió un comunicado en el que afirmó que Ortega "ha aprendido" de sus "colegas dictatoriales" en la región, como el presidente venezolano, Hugo Chávez, "un experto en pisotear la democracia".
"Estados Unidos y otras naciones responsables no pueden reconocer el resultado de esta elección robada", propuso.
El Departamento de Estado de EE.UU., por su lado, expresó su "preocupación" por las "informaciones" sobre "irregularidades en el proceso e intimidación de votantes" en esos comicios.
"Estas condiciones no fueron buenas. Y, francamente, si el Gobierno de Nicaragua no tuviera nada que esconder, habría permitido un conjunto de observadores internacionales más amplio", dijo en rueda de prensa Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado.
La Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó que su misión no "constató anomalías relevantes" en el cierre de las mesas de votación, aunque antes había dicho que no se le había permitido estar en un 20 por ciento de ellas cuando se produjo la apertura.
El jefe de la misión de observadores de la Unión Europea (UE) en Nicaragua, el eurodiputado socialista español Luis Yáñez, también denunció que 20 de sus 90 integrantes tuvieron dificultades para acceder a las mesas electorales.
Pese a esas denuncias, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo hoy que en Nicaragua "avanzó la democracia y la paz" con esas elecciones.
El presidente Chávez felicitó a Ortega por su reelección y dijo que con su victoria se consolida la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) como proyecto de integración en la región.
Además de la victoria de Ortega, el FSLN se perfila a obtener una amplia mayoría en el Parlamento.
Luis Felipe Palacios
Cuestionada reelección de Ortega hiere la institucionalidad de Nicaragua
Managua, 7 nov (EFE).- La virtual reelección de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua tras una cuestionada candidatura y una jornada electoral plagada de denuncias de irregularidades, aumenta la presión sobre la solidez institucional y representa una herida grave para la democracia de este país, según los analistas.
Si bien el apoyo popular a Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), es palpable en las calles, también hay fuertes críticas al proceso electoral que lo llevó a convertirse en el primer mandatario en reelegirse de forma consecutiva en Nicaragua desde Anastasio Somoza Debayle, el último de esa dinastía familiar.
Diversos analistas nicaragüenses y extranjeros coinciden en que a pesar del contundente triunfo del "comandante", con más del 62 % de los votos, según el último informe oficial, las denuncias de los observadores internacionales y locales no pueden pasarse por alto.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) afirmaron que sus misiones observadoras tuvieron problemas para desarrollar su labor y que detectaron "trabas y mañas" en la jornada, mientras que organismos locales denunciaron que en el 25 % de los colegios electorales no hubo fiscales de la oposición.
Ambas misiones cuestionaron fuertemente el rol del Consejo Superior Electoral (CSE), afín al Gobierno, en temas claves para la elección como la entrega de cédulas de forma tardía a miles de ciudadanos y el proceso de acreditación de fiscales del Partido Liberal Independiente (PLI), la principal fuerza de oposición.
Las votaciones en Nicaragua se caracterizaron por las denuncias de irregularidades como la falta de fiscales, presión sobre los representantes de la oposición en los colegios electorales y piquetes de violencia, principalmente en la zona norte del país, debido a estos problemas.
Para el académico de la Universidad Centroamericana de Nicaragua Manuel Ortega Hegg, la reelección del líder sandinista en estas condiciones representa una "herida de muerte" para la "frágil democracia" de su país.
Ortega Hegg explicó a Efe que el proceso electoral estuvo "cargado de vicios fundamentales desde un inicio" y conducido por un órgano electoral (CSE) sin ninguna credibilidad, pues los magistrados fueron nombrados por el mismo Gobierno.
Para el analista, el proceso electoral deja "enormes dudas sobre la transparencia y legitimidad de los resultados" de ayer y lo sucedido "representa una ruptura profunda al sistema democrático que deja una perspectiva negativa y de inestabilidad muy compleja a futuro".
La polémica sobre estos comicios se intensificó cuando se formalizó la candidatura de Ortega a pesar de que la Constitución nicaragüense prohíbe la reelección presidencial inmediata.
La postulación del mandatario fue calificada por muchos sectores como "ilegítima, ilegal e inconstitucional", pues los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia, sin presencia de magistrados opositores, declararon en octubre de 2009 inaplicable el artículo de la Carta Magna que impedía la reelección continua del presidente y limitaba a dos su número de mandatos.
El control de Ortega sobre las distintas instituciones del Estado es más que evidente. El CSE, por ejemplo, no paró de atacar al PLI en los días previos a las elecciones y durante las mismas votaciones acusó abiertamente a la oposición de generar disturbios en diversas zonas del país y de querer alterar el proceso democrático.
El apoyo popular al presidente es claro, especialmente entre los jóvenes y los sectores más humildes, pero a juicio de Ortega Hegg ahora el país enfrentará el desafío de tener un Gobierno con mucho poder y sin contrapesos suficientes, especialmente si los sandinistas obtienen una mayoría absoluta en el Congreso.
Para el académico, la puerta ahora estará abierta para que Ortega pueda llevar a cabo sin mayor problema reformas electorales y constitucionales que faciliten la permanencia de los sandinistas en el poder, lo que significaría la ruptura del Estado de Derecho en el país.
