Un panadero de 34 años vendió por 10.000 dólares el riñón que le fue trasplantado el año pasado en Lima de manera ilegal al mexicano Oscar Soberón, quien murió este enero por complicaciones postoperatorias, reveló hoy un diario local.
El caso de Soberón generó en Perú una serie de denuncias por este tipo de intervenciones realizadas aparentemente por personal médico del seguro social público.
El diario El Comercio reveló hoy que personal médico de la clínica particular Santa Lucía, cuya sala de cirugía ha sido cerrada recientemente por realizar un trasplante ilegal en 2008, le informó de que el riñón implantado al mexicano fue extraído en ese lugar a un humilde panadero, a quien se le pagó 10.000 dólares.
La operación para extraer el órgano la realizó el 1 de noviembre del año pasado un equipo de médicos encabezado por Mario Garrido, que hizo el posterior trasplante al mexicano, y Christian Miranda, que trajo al "donante".
"Apenas se extrajo el riñón, lo colocaron en un "cooler" (caja térmica), y Garrido y Miranda se lo llevaron a otra cirugía. El paciente estuvo una semana y se le dio de alta", dijo al matutino un trabajador del establecimiento que pidió no ser identificado.
El diario recordó que Soberón declaró al fiscal que investiga el caso en Lima que pagó 150.000 dólares por la operación y el nombre de la clínica en la que lo intervinieron, que no fue Santa Lucía, pero que las autoridades judiciales ya tienen identificada.
Soberón, de 50 años, sufrió el rechazo del órgano trasplantado y fue internado de emergencia en otra clínica en diciembre pasado, donde se hizo público el caso.
Sin embargo, el paciente nunca se recuperó y pidió ayuda a su embajada para obtener el alta de la clínica y volver a México, donde falleció el pasado 14 de enero.
La fiscal Yaneth Vila declaró a El Comercio que "desde el punto de vista legal, los montos pagados no son importantes porque no estábamos hablando de un hurto, sino de intermediación onerosa de órganos (venta de órganos)", penada con 3 a 6 años de cárcel.
El ministro de Salud, Óscar Ugarte, confirmó en enero pasado que el Poder Judicial y su cartera investigan siete presuntos trasplantes ilegales de órganos realizados en Perú.
A raíz de esas pesquisas, dos salas de cirugía de las clínicas Santa Lucía y Vesalio fueron cerradas en enero último por disposición del ministerio.
