El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, anunció hoy la compra de los contratos de las dos autopistas periféricas de la capital del país a las empresas mexicanas PYCSA e ICA por un monto de 700 millones de dólares.
Martinelli dijo a los periodistas que a ICA se le compró la totalidad de las acciones del Corredor Sur por 420 millones de dólares, mientras que a PYCSA el 51% de las acciones del Corredor Norte por 280 millones de dólares.
"Hemos hecho una negociación muy exitosa, respetando la seguridad jurídica y el derecho de los concesionarios y, a la misma vez sin subir la deuda pública", expresó el mandatario sobre el arreglo que buscaba el Gobierno desde hacía meses y había levantado suspicacias por lo que podría implicar en términos de seguridad jurídica.
Explicó que se tomó la decisión de negociar los contratos con las empresas mexicanas tras evaluar que de seguir "al pie de la letra" el contrato de las concesiones, el Corredor Norte hubiera pasado a manos panameñas después de pagar más de mil millones de dólares, y el Corredor Sur una cifra cercana a los 600 millones de dólares.
Indicó que ambas autopistas serán operadas por una empresa que será creada por el Gobierno y de la cual también formará parte la compañía mexicana PYCSA, bajo la denominación de ENA, y que también administrará la futura autopista Madden-Colón.
Precisó que para pagar la inversión se utilizarán fondos disponibles del Estado y de ser necesario dinero del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) -que gestiona los rendimientos de la explotación y privatización de las empresas públicas-, aunque también se venderán algunas tierras del Estado.
El mandatario panameño destacó que ha sugerido a los directivos de la Caja de Seguro Social (CSS) mejorar el rendimiento de sus fondos invirtiendo en la nueva empresa.
La CCS tiene un excedente de 575 millones de dólares que ahora ganan menos del 1% y podrían tener un rendimiento cercano al 10% si entra en la nueva empresa, explicó.
El ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, había anunciado a principios de marzo que el Gobierno renegociaría los contratos con ambas empresas por considerar que el costo de recuperación de la inversión era muy alto.
En esa ocasión, Vallarino presentó un informe de auditoría hecho a ambas empresas que reveló que ninguna de las dos había logrado recuperar los montos de inversión, que ascienden a 228 millones de dólares, en el caso de PYCSA, y de 222 millones de dólares, en el de ICA, a pesar de haber ingresado solo por peaje 197 millones y 228 millones de dólares, respectivamente.
Eso se debía a que los contratos, firmados en 1994 y 1995, durante el Gobierno de Ernesto Pérez Balladares, fijaban tasas de descuento de hasta el 12,5 por ciento de las utilidades en los años de concesión.
