El director de Política Indígena de Panamá, José Isaac Acosta, afirmó hoy que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "exagera" la situación de la etnia naso con la solicitud de medidas cautelares para evitar desalojos.
"Nos preocupan estas recomendaciones. Sin embargo, estamos preparando una respuesta formal con todas las documentaciones, porque creemos que se están exagerando episodios y hechos y nada contribuye al feliz entendimiento entre los nasos y las personas no indígenas de la zona", señaló Acosta a Efe.
La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió el pasado 30 de noviembre medidas cautelares para "evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados y/o levantamiento de las viviendas y para garantizar la libre circulación y la seguridad del Pueblo Indígena Naso de la Región de Bocas del Toro", fronteriza con Costa Rica.
También instó a "proteger la vida y la integridad personal" de seis líderes indígenas de las comunidades del pueblo naso de Panamá que están siendo desalojados.
Los nasos tienen una controversia por unas tierras propiedad de la empresa panameña Ganadera Bocas S.A., que los indígenas reclaman como propias y la empresa no está dispuesta a ceder.
Según Acosta, el pronunciamiento de la CIDH "demuestra un desconocimiento sobre los hechos reales en el área naso", ya que no existió ningún "desalojo masivo" y en Panamá no existe la violencia entre indígenas y empresas privadas, ya que siempre ha habido "respeto a la vida y a la integridad".
La dirección de Política Indígena del Ministerio de Gobierno y Justicia prevé mandar a la CIDH a principios de la semana que viene una "aclaración detallada y pública" de los hechos.
"Incluso vamos a invitarlos a que vengan a Panamá y se den cuenta en el terreno de que estas informaciones que están saliendo no están contribuyendo al entendimiento y a la paz que debe ocurrir en la zona", señaló.
Acosta agregó que el Gobierno del presidente Ricardo Martinelli "respeta los derechos históricos de las comunidades naso", pero también tiene que "hacer valer el respeto al derecho de la propiedad privada".
Por su parte, el portavoz naso Eliseo Vargas, uno de los líderes que la CIDH instó a proteger, explicó a Efe que la petición de la CIDH ha servido "para ejercer presión al Gobierno central" y a "acelerar" las solicitudes que hacen al Ejecutivo panameño.
Estos indígenas piden la creación de una "comarca naso", marco jurídico que tienen otras etnias de Panamá como la Kuna, la Ngöbe-Buglé y la Emberá-Wounaan y que les evitaría, a su juicio, pasar por este tipo de desalojos y conflictos con empresas privadas.
Según Vargas, este viernes está prevista una "reunión de trabajo" en la Asamblea Nacional de Diputados para determinar quién formará parte de la mesa de negociación entre el Gobierno y los nasos.
Para esta negociación, los indígenas solicitan una "mediación externa" de la OEA y la presencia de un observador de la ONU "para garantizar la transparencia del proceso".
El pasado 30 de marzo y el 19 de noviembre se llevaron a cabo "desalojos forzosos" por parte de la empresa Ganadera Bocas y de fuerzas de seguridad, cuando sus casas fueron demolidas, según explicaron los indígenas.
